Laboratorio de Paz publica dos guías prácticas para ayudar a autoridades, organizaciones y personas afectadas a verificar que los refugios respeten condiciones mínimas de dignidad.
(Caracas, 30 de junio 2026). Mientras miles de personas comienzan a ser trasladadas a refugios temporales tras el devastador terremoto que afectó a Venezuela, Laboratorio de Paz recordó que estos espacios no pueden organizarse de manera improvisada. Los estándares internacionales de derechos humanos establecen obligaciones claras sobre cómo deben funcionar para proteger la vida, la salud y la dignidad de quienes perdieron sus viviendas.
Un refugio temporal no es únicamente un lugar donde dormir. Debe garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, acceso al agua potable, saneamiento, información clara, protección frente a la violencia, permanencia de las familias, participación de las personas afectadas en las decisiones que las involucran y una distribución transparente y equitativa de la ayuda. Estos principios forman parte de los principales estándares internacionales de acción humanitaria y derechos humanos desarrollados durante décadas para responder a emergencias y desastres.
Laboratorio de Paz advirtió que muchos de los problemas que aparecen después de una catástrofe no son consecuencia directa del desastre, sino de una administración inadecuada de los refugios. El hacinamiento, la falta de agua potable, la separación de familias, la ausencia de mecanismos de participación, la distribución arbitraria de la ayuda o la exposición de mujeres, niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad a nuevos riesgos son situaciones que pueden prevenirse cuando la respuesta se organiza con un enfoque basado en derechos humanos.
«La prioridad absoluta continúa siendo salvar vidas. Pero, al mismo tiempo, comienza otra etapa igualmente decisiva: la reubicación temporal de miles de personas que ya no pueden regresar a sus hogares. Las decisiones que se adopten durante estos días determinarán si los refugios ayudan a la recuperación o si terminan generando nuevas vulneraciones de derechos», señaló Laboratorio de Paz.
La organización también hizo un llamado a aprender de la experiencia reciente del país. Tras el deslave que devastó el estado Vargas en 1999 y situaciones posteriores vinculadas a fenómenos climáticos como “La Niña”, numerosas organizaciones nacionales e internacionales documentaron denuncias relacionadas con la administración de los refugios temporales. En aquel momento Venezuela contaba con mayores capacidades institucionales, más recursos económicos y una estructura estatal más sólida que la actual. Repetir esos errores en un contexto de mayor fragilidad institucional tendría consecuencias aún más graves.
Dos herramientas para convertir los estándares en acciones concretas
Con el propósito de facilitar la aplicación de estos principios, Laboratorio de Paz presentó dos nuevas publicaciones.
La primera, «Lineamientos mínimos para refugios temporales en Venezuela«, está dirigida a autoridades, equipos de protección civil, gobiernos locales, organizaciones humanitarias y personas responsables de administrar refugios. El documento organiza la gestión de un refugio alrededor de doce decisiones fundamentales (desde la selección del edificio hasta el cierre del refugio) e incorpora listas de verificación, recomendaciones prácticas y criterios basados en estándares internacionales.
La segunda publicación, «10 preguntas sobre refugios dignos», está dirigida principalmente a las personas damnificadas. Mediante un lenguaje sencillo, ilustraciones y una lista de verificación, explica cuáles son los derechos que toda persona debería esperar que sean respetados mientras permanece temporalmente en un refugio.
Ambos documentos se apoyan en referencias ampliamente reconocidas, entre ellas el Manual Esfera, las directrices del ACNUR y otros instrumentos internacionales sobre acción humanitaria y derechos humanos. Su mensaje central es sencillo: perder una vivienda no significa perder los derechos.
«Después de un desastre las personas no dejan de ser titulares de derechos. Cambia el lugar donde viven, pero el Estado mantiene la obligación de garantizar condiciones mínimas de dignidad. Un refugio no puede convertirse en un espacio de improvisación; debe organizarse siguiendo estándares internacionales que existen precisamente para evitar nuevos daños después de la emergencia», señaló Laboratorio de Paz.
La organización invitó a instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, iglesias, universidades, medios de comunicación, equipos de voluntariado y comunidades afectadas a utilizar y difundir ambos materiales como herramientas para fortalecer una respuesta humanitaria respetuosa de los derechos humanos.
«La solidaridad ciudadana seguirá siendo indispensable durante toda esta emergencia. Pero la solidaridad, por sí sola, no sustituye las obligaciones del Estado. Un refugio digno no depende únicamente de la buena voluntad: depende de cumplir reglas que la comunidad internacional ha construido durante décadas para proteger a las personas cuando más lo necesitan.»
Laboratorio de Paz 