(Caracas, 30 de junio 2026). Mientras Venezuela enfrenta el enorme desafío de reconstruir comunidades, instituciones y confianza tras el devastador terremoto que golpeó al país, Laboratorio de Paz presenta el informe «Inquebrantables. Violencia contra las mujeres en la política venezolana», una investigación que advierte sobre un aspecto poco visible, pero decisivo para el futuro democrático: las múltiples violencias que enfrentan las mujeres que participan en la vida política.
El estudio, basado en entrevistas en profundidad a 23 mujeres pertenecientes a distintas organizaciones políticas venezolanas, documenta un patrón consistente de violencia política basada en género que combina persecución estatal, discriminación, exclusión dentro de las organizaciones políticas y barreras económicas que restringen el ejercicio de sus derechos políticos. Aunque se trata de una investigación exploratoria y no estadísticamente representativa, los testimonios permiten identificar dinámicas que hasta ahora habían recibido escasa atención en Venezuela.
«La reconstrucción de Venezuela no será únicamente una tarea de cemento, carreteras y edificios. También implicará reconstruir las instituciones democráticas. Y esa reconstrucción difícilmente podrá ser exitosa si continúa excluyendo, intimidando o desprotegiendo a quienes sostienen buena parte de la participación ciudadana: las mujeres», señala el informe.
Un costo demasiado alto por participar
Uno de los datos más reveladores es que tres de cada cuatro mujeres entrevistadas afirman que sus familias han sido amenazadas o afectadas como consecuencia de su actividad política, mientras que el 100 % asegura haber modificado decisiones sobre su liderazgo, su visibilidad pública o su participación para proteger a sus seres queridos.
La investigación demuestra que la violencia política contra las mujeres no consiste únicamente en agresiones aisladas, sino que constituye un sistema que busca elevar los costos personales y familiares de participar en los asuntos públicos.
Los hallazgos muestran que:
Dos de cada tres mujeres han dejado de asistir a actividades públicas por temor a la presencia de organismos de seguridad.
El 100 % teme ser investigada por su actividad política.
Ocho de cada diez teme ser vigilada.
Dos de cada tres evita determinadas actividades públicas debido al miedo.
La violencia también ocurre dentro de la política
El informe identifica que muchas de las barreras no provienen únicamente del Estado.
El 100 % de las entrevistadas considera que la vida personal de las mujeres es más examinada que la de los hombres, mientras que nueve de cada diez creen que deben demostrar mayores méritos para acceder a responsabilidades políticas. Asimismo, casi nueve de cada diez consideran que las decisiones estratégicas siguen concentradas en manos de hombres y siete de cada diez afirman que esas decisiones se toman en espacios informales a los cuales ellas no tienen acceso.
La violencia basada en género también aparece como un mecanismo para deslegitimar el liderazgo femenino: más de la mitad recibió comentarios sobre su cuerpo o apariencia física; una de cada cuatro fue objeto de insinuaciones sexuales y una de cada siete sufrió acoso sexual.
El miedo transforma la participación
La investigación documenta que las agresiones producen profundas consecuencias sobre la manera en que las mujeres participan en política.
Ocho de cada diez moderan sus opiniones públicas, nueve de cada diez evitan hablar sobre corrupción, nueve de cada diez reducen su visibilidad pública y ocho de cada diez modifican lo que dicen para disminuir riesgos. Además, tres de cada cuatro familias han sufrido consecuencias derivadas de la actividad política de las entrevistadas y siete de cada diez viven bajo mayores niveles de estrés.
Pese a todo, sostienen buena parte de la resistencia democrática. Lejos de abandonar la política, el informe encuentra una realidad distinta.
Nueve de cada diez participaron en acciones de apoyo a personas detenidas por motivos políticos y sus familias; siete de cada diez acompañaron directamente a familiares de presos políticos; dos de cada tres participaron en actividades de movilización e incidencia, y muchas continuaron su trabajo incluso desde el exilio.
El informe concluye que, pese a la violencia, las mujeres continúan sosteniendo buena parte de las redes de solidaridad, cuidado y resistencia democrática del país.
Reconstruir instituciones también significa garantizar igualdad
Laboratorio de Paz subraya que el actual proceso de recuperación nacional, abierto tras la emergencia provocada por el terremoto, ofrece una oportunidad para debatir el tipo de instituciones que Venezuela necesita reconstruir.
La investigación recuerda que el país cuenta con un marco jurídico relativamente avanzado para proteger los derechos de las mujeres, incluyendo el reconocimiento de la violencia política basada en género. Sin embargo, estas normas han coexistido con el deterioro democrático, la persecución política y las restricciones al espacio cívico, impidiendo su aplicación efectiva.
Por ello, el informe recomienda que un futuro proceso de reconstrucción institucional incorpore desde su diseño medidas para garantizar investigaciones independientes sobre la violencia política contra las mujeres, fortalecer el espacio cívico, promover protocolos dentro de los partidos políticos, asegurar procesos transparentes de selección de liderazgos y desarrollar políticas públicas que permitan una participación política libre de violencia.
Como concluye el estudio, una democracia no se reconstruye únicamente restableciendo elecciones o levantando edificios públicos. También requiere que quienes participan en la vida política puedan hacerlo sin miedo, sin discriminación y con igualdad de oportunidades. La reconstrucción democrática de Venezuela será necesariamente una reconstrucción con las mujeres, no alrededor de ellas.
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