YARACUY (01 de julio de 2026).– La organización de Derechos Humanos CAMPO, dedicada a la defensa de las comunidades rurales en Yaracuy, Lara y Falcón, presentó un informe detallado sobre el impacto del doble sismo registrado el pasado miércoles 24 de junio de 2026. El documento, elaborado en alianza con Periodistas por Venezuela, la Red de DDHH de Yaracuy, la RELODH, el Comité de DDHH del municipio Bolívar y Laboratorio de Paz, revela que el movimiento telúrico afectó gravemente tanto a sectores vulnerables como a la infraestructura urbana moderna.
A través de mesas de trabajo en el municipio Bolívar y monitoreo en terreno en San Felipe, Cocorote, Veroes, Manuel Monge y Arístides Bastidas, el balance constató el desplome de dos apartamentos y el estacionamiento de un conjunto residencial en Cocorote, dejando a 11 personas damnificadas. Asimismo, en el eje comercial de San Felipe se reportaron daños estructurales severos y rotura masiva de vidrios en establecimientos de alta concurrencia como Daka y Mundo Total.
Pedro Hernández Oropeza, director general de CAMPO, expuso una grave falla de planificación en la prevención de riesgos por parte de las autoridades regionales y municipales.
»Aunque se reconoce y valora la admirable labor humanitaria de los bomberos, paramédicos y personal de Protección Civil que se trasladaron al estado La Guaira para apoyar a los afectados por el terremoto, se deja en evidencia que lamentablemente no existen unidades de relevo ni cuadrillas disponibles para brindar acompañamiento en las comunidades más rurales del estado Yaracuy», puntualizó Hernández.
El director alertó además sobre la exclusión que sufren los sectores más apartados: «Hemos recibido reportes de comunidades muy rurales cuyas casas sufrieron afectaciones graves. Se tratan de viviendas tipo ranchos de barro que se desplomaron y que, hasta el sol de hoy, no han sido visitadas ni evaluadas por las autoridades».
El informe denuncia de forma categórica un incidente ocurrido el sábado 27 de junio en el municipio Arístides Bastidas, donde funcionarios de la Alcaldía retuvieron y decomisaron insumos médicos, alimentos y ayuda humanitaria recolectada de forma independiente por la sociedad civil. Desde CAMPO alertamos que estas medidas restrictivas frenan la solidaridad y empeoran la vulnerabilidad de las víctimas en momentos donde la respuesta oficial está sobrepasada.
Por otra parte, el informe reporta una crisis hídrica en el sector Agua Negra (municipio Veroes), luego de que el sismo destruyera el único tanque de almacenamiento de agua, dejando a más de 600 personas sin suministro. Si bien en las últimas horas se logró restablecer el servicio eléctrico en la zona el cual se encontraba caído durante el levantamiento de la información, la pérdida del tanque sigue obligando a niños y adultos mayores al acarreo manual de agua en carretillas.
Exigencias urgentes
Ante esta realidad, CAMPO y sus aliados exigen al Estado venezolano:
- Despliegue inmediato de inspectores técnicos y estructurales en los municipios afectados.
- Habilitación de alojamiento temporal seguro para las familias damnificadas.
- Diseño e ingeniería de un plan de reconstrucción prioritario para el sistema hídrico de Agua Negra (Veroes).
Cese inmediato de restricciones: Exigen a las autoridades municipales y regionales detener cualquier medida de retención o comiso contra los centros de acopio independientes gestionados por la ciudadanía.
Para descargar el informe completo. 👇
Contacto: Director General de CAMPO / Pedro Hernández Oropeza
Teléfono: 0412-0582017 | Correo: hernandezopedro@gmail.com
Laboratorio de Paz 