Ender Rodríguez, docente con incapacidad laboral certificada y padre de un joven con autismo severo, afirma que fue retirado de la nómina sin procedimiento administrativo ni explicación. Aunque sus pagos fueron reactivados en julio de 2026, continúa reclamando los salarios, bonos y beneficios dejados de percibir.
San Cristóbal, 23 de septiembre 2026. Ender Israel Rodríguez Molina, docente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación en el estado Táchira, denunció que fue excluido de la nómina oficial durante aproximadamente 16 meses, sin recibir una notificación, la apertura de un procedimiento administrativo o una explicación sobre las razones de la medida.
Rodríguez, de 54 años, es docente IV y tiene alrededor de veinte años de servicio. Estaba adscrito como profesor especialista en Artes a la Escuela Nacional Juan Antonio Román Valecillos, en San Cristóbal. Desde 2011 se encuentra bajo una condición de incapacidad laboral certificada por el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación, después de haber sido sometido a dos operaciones de columna vertebral.
Según su testimonio, la suspensión comenzó durante la primera quincena de marzo de 2025. Desde entonces dejó de percibir el salario, el beneficio de alimentación, las primas correspondientes a antigüedad y ubicación fronteriza, el bono vacacional, los aguinaldos y el denominado Beneficio de Complemento al Salario Integral, anteriormente identificado como Bono de Guerra Económica.
“No recibí ningún documento, notificación ni explicación técnica”, afirmó Rodríguez. Sostiene que tampoco tuvo oportunidad de conocer las causas de la suspensión o presentar alegatos antes de que fueran interrumpidos sus pagos.
La interrupción de los ingresos agravó una situación familiar especialmente vulnerable. Rodríguez requiere tratamiento médico como consecuencia de sus operaciones de columna y es padre de un joven con autismo severo que necesita medicación permanente, alimentación especial y otros cuidados.
En marzo de 2026 solicitó formalmente la intervención de la Defensoría del Pueblo en el estado Táchira. En la comunicación denunció que llevaba más de un año sin recibir sueldo ni los 16 bonos de la guerra económica y advirtió que la medida había deteriorado las condiciones de vida de su familia.
Ante la falta de una respuesta efectiva, en mayo de 2026, con asistencia de la Defensa Pública, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo del estado Táchira. La acción fue admitida en junio y, de acuerdo con Rodríguez, continúa en trámite.
A finales de julio de 2026 su nómina fue reactivada. Sin embargo, el docente afirma que no ha recibido los salarios, 16 bonos de la guerra económica y demás beneficios correspondientes al período durante el cual permaneció suspendido.
Rodríguez estima que solamente la deuda relacionada con los complementos salariales podría alcanzar aproximadamente 1.700 dólares. No obstante, esta cantidad constituye un cálculo personal basado en los montos mensuales y en sus variaciones cambiarias, por lo que solicita que el Ministerio de Educación realice una liquidación oficial e individualizada de todo lo dejado de percibir.
“La reactivación no significa que el daño haya sido reparado. Sigo reclamando los pagos pendientes, una investigación sobre lo ocurrido y una reparación por las consecuencias que esta suspensión produjo sobre mi familia”, expresó.
Una denuncia que trasciende el caso individual
La situación de Rodríguez se produce en el contexto de denuncias gremiales sobre la exclusión de miles de trabajadores de la educación de las nóminas del Ministerio.
La organización Formación para la Dirigencia Sindical, Fordisi, denunció en 2025 la afectación de al menos 40.000 educadores durante el período escolar 2024-2025. Entre las personas afectadas habría docentes con reposo médico, incapacidad laboral, fuero maternal o sindical y procesos de reincorporación posteriores al parto. La Federación Venezolana de Maestros también ha denunciado suspensiones que afectarían a docentes jubilados, incapacitados y personas con enfermedades graves.
Las organizaciones sindicales han advertido además que, en numerosos casos, la reactivación de las nóminas no habría estado acompañada por el reembolso de los salarios y bonos dejados de pagar.
Rodríguez pide que el Ministerio de Educación informe cuántos trabajadores fueron suspendidos, cuáles fueron las razones administrativas utilizadas, qué ocurrió con los recursos presupuestados durante esos meses y cuál será el mecanismo para restituir los pagos pendientes.
También solicita que su demanda judicial no sea archivada únicamente porque su nómina fue reactivada, pues considera que todavía deben investigarse las circunstancias de la suspensión y repararse los daños ocasionados.
Exigencias
Ender Rodríguez solicita:
- El cálculo y pago completo de los salarios, bonos, primas y beneficios dejados de percibir.
- Una explicación formal sobre las razones y autoridades responsables de su exclusión de nómina.
- La continuación del proceso judicial hasta que exista una respuesta sobre el fondo del caso.
- La investigación de las suspensiones realizadas a otros trabajadores de la educación.
- La adopción de un mecanismo de reparación para los docentes reincorporados que todavía no hayan recibido los pagos atrasados.
