Las organizaciones firmantes del presente comunicado expresan su solidaridad con Funpaz (Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz) y con el defensor de derechos humanos Andrés Colmenarez ante la campaña de hostigamiento y descalificación de la que están siendo objeto como consecuencia de su trabajo de documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos en el estado Lara.
(Caracas, 22.09.26). Las organizaciones de derechos humanos cumplen una función indispensable en cualquier sociedad democrática: acompañan a las víctimas, documentan abusos, preservan información, activan mecanismos de protección y exigen a las instituciones que investiguen y establezcan responsabilidades. Por ello, las autoridades tienen la obligación de garantizar que defensores y organizaciones puedan realizar esta labor sin amenazas, represalias, intimidación ni campañas de estigmatización.
La denuncia pública forma parte de las herramientas históricas del movimiento de derechos humanos. Cuando las instituciones encargadas de investigar no actúan de manera independiente y efectiva, cuando las víctimas no encuentran respuestas y cuando las posibilidades de obtener justicia dentro del país se encuentran cerradas o severamente restringidas, las organizaciones recurren a documentar, visibilizar y señalar públicamente los hechos y a sus presuntos responsables.
Esta práctica, conocida internacionalmente como “namingand shaming”, busca romper el silencio alrededor de los abusos, elevar el costo público de las violaciones, promover investigaciones y evitar su repetición. No reemplaza la justicia ni constituye una condena judicial. Es, precisamente, una herramienta utilizada cuando los mecanismos que deberían garantizar justicia no están funcionando adecuadamente. La respuesta democrática frente a una denuncia de derechos humanos debe ser investigar los hechos, garantizar el debido proceso y ofrecer respuestas institucionales, nunca intimidar o desacreditar a quien denuncia.
Por ello resulta especialmente preocupante que quienes documentan y denuncian presuntas violaciones sean convertidos en objeto de campañas personales de hostigamiento. Estas acciones no afectan solamente a Andrés Colmenarez y a Funpaz. Pueden producir un efecto inhibidor sobre víctimas, familiares, periodistas, activistas y otras organizaciones que evalúan los riesgos de hacer pública una denuncia.
Una prueba para el momento que vive Venezuela
Estos hechos adquieren una importancia adicional por el momento en que ocurren. En los últimos meses se ha intentado instalar, dentro y fuera del país, la percepción de que las prácticas de persecución, intimidación y represalia contra quienes denuncian abusos pertenecen al pasado o han dejado de constituir un problema relevante en Venezuela. La situación de Funpaz obliga a contrastar esa narrativa con los hechos.
La existencia de algunos gestos de apertura o cambios en determinadas políticas no puede confundirse con la existencia de garantías estructurales para el ejercicio de los derechos humanos. Una transformación genuina debe poder verificarse, entre otros indicadores, en algo muy concreto: que una víctima pueda denunciar, que una organización pueda documentar y que un defensor pueda identificar responsabilidades sin temer represalias por hacerlo.
La normalización institucional de Venezuela no puede construirse sobre el silenciamiento de las denuncias pendientes. Tampoco puede exigirse a las organizaciones de derechos humanos que disminuyan su escrutinio para contribuir a una imagen de normalidad. Por el contrario, cuanto mayor sea la aspiración de avanzar hacia una transición democrática y hacia la recuperación de las instituciones, mayores deben ser las garantías para la crítica, la documentación independiente y la rendición de cuentas.
Nuestras organizaciones expresan su respaldo al trabajo que realizan Funpaz, Andrés Colmenarez y las organizaciones de derechos humanos del estado Lara, y recuerda que proteger a quienes defienden derechos constituye una responsabilidad del Estado venezolano.
A la comunidad internacional
Ante el actual contexto venezolano, exhortamos a los gobiernos democráticos, organismos internacionales y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a:
– Mantener el seguimiento sobre la situación de las personas defensoras y organizaciones de derechos humanos en Venezuela, incluyendo los casos de hostigamiento y estigmatización que ocurran tanto dentro como fuera de las plataformas digitales.
– Incorporar la existencia de garantías para la defensa de derechos humanos como uno de los indicadores para evaluar cualquier proceso de normalización institucional y democrática del país.
– Escuchar directamente a víctimas y organizaciones independientes venezolanas y evitar que decisiones políticas o diplomáticas se fundamenten exclusivamente en señales provenientes de las autoridades.
– Exigir investigaciones independientes y efectivas sobre las denuncias de violaciones de derechos humanos, como condición necesaria para sustituir la denuncia pública por aquello que las víctimas realmente necesitan: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
– Evitar que la búsqueda de interlocución política o normalización diplomática implique reducir el escrutinio internacional sobre Venezuela mientras persistan prácticas de intimidación contra quienes documentan y denuncian abusos.
Defender derechos humanos no puede seguir teniendo consecuencias para quien denuncia. Si Venezuela está cambiando, una de las maneras de demostrarlo es que quienes exigen justicia puedan hacerlo sin miedo.
Adhieren:
Acceso a la Justicia
Asociación Civil Chunikai
Caleidoscopio Humano
Catedra DDHH Ucla
Cazadores de Fake News
Conexion Segura y Libre
Equalia
Equipo de Defensores de Táchira (Edet)
Fundación Aguaclara
Fundación Iribarren Lucha
Laboratorio de Paz
Lateral lab
Medicos Unidos de Venezuela
Movimiento SOMOS
Movimiento Vinotinto
Movimientos Unidos por el agua y los DDHH
Observatorio en Defensa de la Vida, Capitulo Venezuela (Odevida)
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Padres Organizados de Venezuela
ProboxVE
Red de DDHH de Lara
Red de DDHH en Accion
Voto Joven
Laboratorio de Paz 