Sociedad civil lleva a la CIDH los indicadores que permitirán medir una transición democrática en Venezuela

Las organizaciones insistieron en que los procesos de diálogo solo podrán generar confianza si producen resultados verificables en materia de derechos humanos, justicia, libertades fundamentales y reconstrucción institucional.

En un momento en el que Venezuela vuelve a discutir la posibilidad de una transición democrática y se desarrollan nuevos espacios de diálogo político, la audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó un aspecto fundamental: la democracia no se construye únicamente en las mesas de negociación. También se construye escuchando a las víctimas, incorporando la experiencia de la sociedad civil y sometiendo cualquier acuerdo al escrutinio de los derechos humanos.

Las intervenciones realizadas durante la audiencia coincidieron en un mismo diagnóstico: el país atraviesa una oportunidad política importante, pero la existencia de conversaciones no puede confundirse con la consolidación de una transición democrática. Para que ello ocurra será necesario que las negociaciones produzcan transformaciones institucionales reales y verificables.

Desde una perspectiva de derechos humanos, la transición comienza cuando las personas recuperan garantías y las instituciones recuperan legitimidad.

Durante la audiencia se abordaron algunas de las dimensiones que Laboratorio de Paz ha venido identificando como esenciales para evaluar cualquier proceso de transición democrática.

Entre ellas, la libertad plena de todas las personas detenidas por motivos políticos; la investigación de graves violaciones de derechos humanos; la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas; la reforma de las instituciones encargadas de impartir justicia; la protección del espacio cívico; la garantía de las libertades de expresión, asociación y participación; la recuperación de la autonomía universitaria; el fortalecimiento de la cooperación con los mecanismos internacionales de protección y la construcción de una ruta electoral que permita restituir la soberanía popular.

Todas estas dimensiones forman parte de los indicadores que deben observarse para determinar si un proceso representa una transición auténtica o únicamente una sucesión de anuncios sin transformaciones estructurales.

Más allá de los anuncios

Uno de los principales aportes de la audiencia fue trasladar el debate desde las expectativas hacia la evidencia.

En los últimos meses, buena parte de la discusión pública se ha concentrado en los anuncios políticos, las conversaciones entre actores nacionales e internacionales y las posibilidades de negociación.

Sin embargo, los organismos internacionales de protección de derechos humanos han insistido reiteradamente en que la evaluación de estos procesos debe hacerse a partir de hechos verificables.

Precisamente esa es la lógica que inspira herramientas como el Semáforo de la Transición desarrollado por Laboratorio de Paz y el Termómetro de la Justicia, la Verdad y el Estado de Derecho presentado recientemente por organizaciones de la sociedad civil: evaluar si disminuye la represión, si las instituciones recuperan independencia, si se amplía el espacio cívico, si las víctimas obtienen justicia y si la ciudadanía vuelve a ejercer plenamente sus derechos.

La pregunta ya no es únicamente si existe una mesa de diálogo.

La pregunta es qué derechos recuperan las personas como consecuencia de ese diálogo.

La importancia de la sociedad civil

La audiencia también puso de manifiesto el papel irremplazable de la sociedad civil en cualquier proceso de transición.

Las organizaciones de derechos humanos, los gremios profesionales, las universidades, las víctimas y las comunidades no solo documentan violaciones de derechos humanos. También producen evidencia, acompañan a las víctimas, preservan la memoria, formulan propuestas técnicas y generan mecanismos independientes de seguimiento.

Su participación constituye una garantía adicional para que los procesos políticos no se desarrollen únicamente entre élites, sino que incorporen las necesidades reales de la población.

En sociedades que buscan superar ciclos prolongados de autoritarismo, la participación de la sociedad civil fortalece la legitimidad de las decisiones públicas, mejora la transparencia y aumenta las posibilidades de alcanzar acuerdos sostenibles.

Por ello, las preocupaciones y recomendaciones presentadas ante la CIDH no deberían permanecer únicamente en el ámbito internacional.

También deberían alimentar las discusiones que hoy comienzan a desarrollarse en los espacios de diálogo sobre el futuro institucional del país.

La CIDH como garante internacional

La audiencia también recordó la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos como espacio de protección para las víctimas y de seguimiento de las obligaciones internacionales del Estado.

Cuando los mecanismos nacionales presentan limitaciones para investigar, sancionar o reparar violaciones de derechos humanos, los órganos internacionales cumplen una función complementaria de enorme valor: escuchar a las víctimas, preservar evidencia, emitir recomendaciones y mantener la atención internacional sobre procesos que pueden extenderse durante años.

En contextos de transición, ese acompañamiento resulta especialmente relevante porque permite evaluar los avances desde estándares internacionales y no únicamente desde criterios políticos.

Una transición que pueda medirse

Laboratorio de Paz considera que Venezuela necesita conversaciones capaces de producir acuerdos.

Pero también necesita ciudadanía capaz de evaluar esos acuerdos.

La democracia se fortalece cuando las personas cuentan con información suficiente para distinguir entre gestos simbólicos y cambios estructurales.

Por ello, resulta indispensable que las mesas de diálogo avancen con transparencia, incorporen la voz de la sociedad civil, mantengan canales de información pública y produzcan resultados verificables que puedan ser observados por la ciudadanía y por los organismos internacionales.

Una transición democrática no puede medirse únicamente por el inicio de las conversaciones.

Debe medirse por la recuperación progresiva de derechos, el fortalecimiento institucional, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la capacidad del Estado para garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Solo cuando esos indicadores comiencen a cambiar será posible afirmar que Venezuela avanza hacia una transición democrática real y sostenible.

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