Comunicado | (Caracas 02 de julio 2026) La tragedia más reciente que nos embarga ha dejado pérdidas humanas, comunidades golpeadas y una profunda demanda de respuesta, protección y dignidad. Pero también ha puesto de manifiesto la fuerza cívica del pueblo venezolano: su capacidad de organizarse, auxiliar, acompañar, rescatar, cuidar y sostener la vida incluso en medio de la adversidad.
La nueva emergencia humanitaria exige asistencia inmediata, atención médica adecuada, protección de las personas damnificadas, transparencia en la gestión de la ayuda, garantías de no discriminación y rendición de cuentas. Pero todo ello solo será creíble y posible con instituciones legítimas, autoridades sometidas al control ciudadano y un proceso de transición que coloque a las personas, sus derechos y su dignidad en el centro de toda decisión pública.
El día de hoy, 2 de julio de 2026, recordamos que la Constitución nacional es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico; todas las personas y órganos del poder público están sujetos a ella. Ninguna fórmula política puede estar por encima de la Constitución.
Ante el vencimiento del plazo constitucional previsto en el artículo 234 para el ejercicio de un gobierno interino o provisional, resulta impostergable que las instituciones competentes procedan conforme al mandato establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declarando la falta absoluta de la Presidencia de la República y adoptando las medidas necesarias para restituir plenamente el hilo constitucional mediante la convocatoria a elecciones libres, auténticas, competitivas, transparentes y verificables.
La omisión de la Asamblea Nacional en garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución según sus propias competencias, es un ejemplo de la urgente necesidad de reconstruir la institucionalidad para promover una reconstrucción material eficiente del país.
Cualquier transición democrática pactada debe fundarse en el respeto estricto a la norma constitucional, en la separación de poderes, en la garantía de los derechos civiles y políticos y en la participación plena, libre e informada de la ciudadanía. La prolongación indefinida de situaciones excepcionales, sin base constitucional suficiente, debilita la institucionalidad, profundiza la incertidumbre y priva a la sociedad venezolana de su derecho a decidir democráticamente su futuro. No son legítimos los acuerdos que sustituyan la voluntad popular y la Constitución venezolana.
Venezuela demuestra hoy que cuenta con una sociedad viva, solidaria y capaz de protagonizar su propia reconstrucción. La tragedia ha mostrado que los venezolanos y venezolanas no son espectadores de su destino, sino protagonistas de la solidaridad, de la organización comunitaria y de la reconstrucción posible. Por ello, esa reconstrucción debe comenzar por la recuperación de la Constitución como marco común de convivencia, justicia, legalidad y esperanza democrática. La reconstrucción material del país necesita también reconstrucción institucional. Las viviendas, las escuelas, los hospitales, los servicios públicos y la ayuda humanitaria requerirán decisiones que inspiren confianza, seguridad jurídica y legitimidad.
Volver a la norma, recuperar la soberanía, abrir el camino a un calendario electoral y celebrar elecciones que permitan una transición sin más postergaciones, legítima, pacífica, incluyente y basada en derechos humanos constituye también una condición para una reconstrucción duradera del país. Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, a los actores políticos, a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a los organismos de protección de derechos humanos a acompañar y exigir la restitución del hilo constitucional, la declaración formal de la falta absoluta de la Presidencia de la República y la convocatoria urgente a elecciones conforme a los estándares democráticos internacionales.
Laboratorio de Paz
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