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(Caracas, 11 de mayo 2026) Las organizaciones venezolanas de derechos humanos firmantes del presente comunicado expresamos nuestra profunda preocupación e indignación ante la confirmación del fallecimiento bajo custodia del Estado de Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte habría permanecido oculta durante meses mientras sus familiares exigían información sobre su paradero y estado de salud.
Víctor Hugo Quero Navas fue detenido arbitrariamente en el contexto de la represión posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y posteriormente procesado bajo acusaciones vinculadas al terrorismo, en un patrón ampliamente denunciado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Durante su detención, sus familiares denunciaron desaparición forzada de corta duración, incomunicación prolongada, obstáculos para conocer su estado de salud y graves violaciones al debido proceso.
Diversas acciones judiciales destinadas a proteger sus derechos, incluyendo recursos de hábeas corpus, fueron rechazadas por las autoridades. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor ante el riesgo para su vida e integridad personal. Pese a ello, el Estado venezolano negó información efectiva a sus familiares y rechazó su inclusión en medidas de excarcelación y amnistía otorgadas a otras personas detenidas.
Meses después, las autoridades informaron que Víctor Hugo Quero Navas habría fallecido bajo custodia estatal el 30 de julio de 2025 y que habría sido enterrado sin conocimiento ni presencia de sus familiares. La ocultación prolongada de su muerte, las contradicciones oficiales y la ausencia de información verificable sobre las circunstancias de su fallecimiento constituyen hechos de extrema gravedad que podrían sugerir la comisión de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Cuando una persona fallece bajo custodia estatal, corresponde al Estado demostrar de manera transparente, independiente y verificable las circunstancias de lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información suficiente ni garantías mínimas de imparcialidad que permitan generar confianza pública sobre el manejo del caso.
El caso de Víctor Hugo Quero Navas no constituye un hecho aislado. Resume de manera dramática buena parte de las graves violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas en Venezuela en los últimos años: detenciones arbitrarias, uso indebido de figuras penales asociadas al terrorismo, desapariciones forzadas de corta duración, incomunicación, violaciones al debido proceso, falta de acceso a la defensa, fallecimientos bajo custodia del Estado, ocultamiento de información a los familiares y ausencia de investigaciones independientes y efectivas.
Lo ocurrido demuestra, además, que la vida y la integridad de las personas detenidas por motivos políticos continúan en grave riesgo en Venezuela. Las violaciones de derechos humanos sufridas por Víctor Hugo Quero y sus familiares son sufridas actualmente por otros venezolanos y venezolanas que permanecen privados arbitrariamente de libertad.
Por ello, demandamos la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos que continúan privadas arbitrariamente de libertad en Venezuela. La protección de la vida, la integridad personal y la dignidad humana constituye una obligación irrenunciable del Estado venezolano.
Por una Comisión de Investigación Internacional Independiente
Ante la magnitud de lo ocurrido, consideramos indispensable la conformación de una Comisión de Investigación Internacional Independiente, con participación y liderazgo de organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos, que permita esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar verdad y justicia para las víctimas y sus familiares.
Dicha comisión debería contar con participación de expertos internacionales independientes y acompañamiento de mecanismos especializados de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo instancias con experiencia en investigación de tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal, así como peritos forenses internacionales que contribuyan a garantizar independencia, credibilidad y confianza pública en el proceso.
La ciudadanía venezolana no cuenta hoy con garantías suficientes de imparcialidad, transparencia y confianza en las investigaciones que puedan adelantar las instituciones nacionales. La actuación del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otras instancias estatales vinculadas a la materia, incluyendo el denominado Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, ha estado marcada por la opacidad, la ausencia de resultados verificables y la falta de rendición de cuentas en casos previos de violaciones a los derechos humanos.
La gravedad de los hechos denunciados exige que cualquier investigación se realice conforme a estándares internacionales reconocidos por las Naciones Unidas, incluyendo el Protocolo de Minnesota sobre la investigación de muertes potencialmente ilícitas y el Protocolo de Estambul para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ambos instrumentos establecen procedimientos claros para casos de fallecimientos bajo custodia estatal, desapariciones, incomunicación prolongada y posibles actos de tortura, incluyendo la obligación de garantizar investigaciones independientes, preservación de evidencias, acceso de los familiares a la información y determinación efectiva de responsabilidades.
La respuesta ofrecida hasta ahora por las autoridades frente al caso, caracterizada por la tergiversación y ocultamiento de hechos esenciales, la ausencia de reconocimiento de responsabilidades institucionales y la falta de investigación sobre la actuación de funcionarios públicos, refleja la persistencia de las mismas prácticas de impunidad y opacidad denunciadas antes de los acontecimientos del 3 de enero de 2026. Lejos de transmitir confianza o voluntad de rectificación, la actuación estatal profundiza las preocupaciones existentes sobre la situación de derechos humanos en el país.
Sin verdad, justicia y sanción a los responsables, no puede existir una convivencia democrática genuina ni garantías de no repetición. La verdad, la justicia y las garantías de no repetición son condiciones fundamentales para cualquier posibilidad de paz, reconstrucción institucional y reconciliación democrática en Venezuela.
Finalmente, reiteramos nuestras palabras de condolencia y solidaridad con la madre de Víctor Quero, la señora Carmen Teresa Navas, así como con todos sus familiares y allegados. El sufrimiento vivido por la familia Quero Navas no puede repetirse. Nuestro compromiso como organizaciones de derechos humanos es seguir trabajando para que ningún otro venezolano vuelva a ser sometido al horror de la desaparición, la incomunicación y la muerte bajo custodia del Estado.
Suscriben:
A. C. Acción Zuliana por la Vida – Azul Positivo
A.C. Médicos Unidos de Venezuela
Acceso a la Justicia
Agua Sin Fronteras
Amigos Transplantados
CAMPO
Cazadores de Fake News
Caleidoscopio Humano
Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual
CEPAZ
Civilis
Comisión de DDHH Federación Colegios de Abogados de Venezuela, estado Apure
Comité por la defensa de los derechos humanos parroquia Coche
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Politicos
Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve)
Conexión Segura y Libre
Ecqualia
ECOS / Crónica UNO
Equipo de defensores de Táchira (Edet)
Frente Norte Caracas
Fundación Aguaclara
GIEHC en Agua: Grupo interdisciplinario Emergencia Humanitaria en agua y saneamiento,
Ideas por la Democracia
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)
Movimiento SOMOS
Laboratorio de Paz
Lateral Lab
La Republica Tv
LaTvCalle
Movimiento Vinotinto
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Observatorio Venezolano de Prisiones
ODEVIDA, Capitulo Venezuela
ONG Hombres por la Equidad y la Igualdad
ProCaracas
ProboxVe
Redes Ayuda
Red de DDHH en Acción
Resonalia
Transparencia Venezuela
Un Mundo sin Mordaza
Vicaria de DDHH Arquidiocesis de Barquisimeto
STATEMENT / Víctor Quero Case: 45 NGOs Demand Independent International Investigation and Release of All Political Prisoners.
(Caracas, May 11, 2026) The undersigned Venezuelan human rights organizations express our deep concern and indignation over the confirmation of the death of Víctor Hugo Quero Navas while in State custody, whose death reportedly remained concealed for months while his relatives demanded information about his whereabouts and health condition.
Víctor Hugo Quero Navas was arbitrarily detained in the context of the repression following the presidential elections of July 28, 2024, and was subsequently prosecuted under accusations linked to terrorism, within a pattern widely denounced by national and international human rights organizations. During his detention, his relatives reported a short-term enforced disappearance, prolonged incommunicado detention, obstacles to obtaining information about his health condition, and serious violations of due process.
Various legal actions intended to protect his rights, including habeas corpus petitions, were rejected by the authorities. The Inter-American Commission on Human Rights granted precautionary measures in his favor due to the risk to his life and personal integrity. Despite this, the Venezuelan State denied effective information to his relatives and rejected his inclusion in release measures and amnesties granted to other detained persons.
Months later, the authorities informed that Víctor Hugo Quero Navas had allegedly died in State custody on July 30, 2025, and that he had been buried without the knowledge or presence of his relatives. The prolonged concealment of his death, the official contradictions, and the absence of verifiable information regarding the circumstances of his death constitute facts of extreme gravity that could suggest the commission of torture or other cruel, inhuman, or degrading treatment.
When a person dies while in State custody, it is the responsibility of the State to demonstrate, in a transparent, independent, and verifiable manner, the circumstances of what occurred. However, to date, the authorities have not provided sufficient information or minimum guarantees of impartiality capable of generating public trust regarding the handling of the case.
The case of Víctor Hugo Quero Navas is not an isolated incident. It dramatically summarizes many of the serious human rights violations that have been denounced in Venezuela in recent years: arbitrary detentions, improper use of criminal charges associated with terrorism, short-term enforced disappearances, incommunicado detention, violations of due process, lack of access to legal defense, deaths in State custody, concealment of information from relatives, and the absence of independent and effective investigations.
What occurred also demonstrates that the life and integrity of persons detained for political reasons continue to be at grave risk in Venezuela. The human rights violations suffered by Víctor Hugo Quero and his relatives are currently being suffered by other Venezuelans who remain arbitrarily deprived of their liberty.
Therefore, we demand the immediate release of all persons detained for political reasons who continue to be arbitrarily deprived of liberty in Venezuela. The protection of life, personal integrity, and human dignity constitutes a non-derogable obligation of the Venezuelan State.
For an Independent International Commission of Inquiry
Given the magnitude of what has occurred, we consider indispensable the establishment of an Independent International Commission of Inquiry, with the participation and leadership of international human rights bodies and mechanisms, in order to clarify the facts, establish responsibilities, and guarantee truth and justice for the victims and their relatives.
Such a commission should include the participation of independent international experts and the support of specialized United Nations and Inter-American human rights mechanisms, including bodies with experience in investigating torture, enforced disappearances, arbitrary detention, and deaths in State custody, as well as international forensic experts who can contribute to guaranteeing independence, credibility, and public trust in the process.
The Venezuelan public currently lacks sufficient guarantees of impartiality, transparency, and trust in the investigations that may be carried out by national institutions. The actions of the Office of the Attorney General, the Ombudsman’s Office, and other State bodies linked to these matters, including the so-called Program for Democratic Coexistence and Peace, have been marked by opacity, the absence of verifiable results, and the lack of accountability in previous human rights violation cases.
The seriousness of the reported facts requires that any investigation be conducted in accordance with international standards recognized by the United Nations, including the Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death and the Istanbul Protocol for the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Both instruments establish clear procedures for cases involving deaths in State custody, disappearances, prolonged incommunicado detention, and possible acts of torture, including the obligation to guarantee independent investigations, preservation of evidence, access of relatives to information, and effective determination of responsibilities.
The response offered so far by the authorities regarding the case, characterized by the distortion and concealment of essential facts, the absence of acknowledgment of institutional responsibilities, and the lack of investigation into the actions of public officials, reflects the persistence of the same practices of impunity and opacity denounced prior to the events of January 3, 2026. Far from conveying trust or willingness to rectify, the State’s actions deepen the existing concerns regarding the human rights situation in the country.
Without truth, justice, and accountability for those responsible, there can be no genuine democratic coexistence nor guarantees of non-repetition. Truth, justice, and guarantees of non-repetition are fundamental conditions for any possibility of peace, institutional reconstruction, and democratic reconciliation in Venezuela.
Finally, we reiterate our condolences and solidarity with Víctor Quero’s mother, Ms. Carmen Teresa Navas, as well as with all his relatives and loved ones. The suffering endured by the Quero Navas family must never be repeated. Our commitment as human rights organizations is to continue working so that no other Venezuelan is ever again subjected to the horror of disappearance, incommunicado detention, and death while in State custody.
Signataries:
A. C. Acción Zuliana por la Vida – Azul Positivo
A.C. Médicos Unidos de Venezuela
Acceso a la Justicia
Agua Sin Fronteras
Amigos Transplantados
CAMPO
Cazadores de Fake News
Caleidoscopio Humano
Centro de Atención Integral Psicopedagogica Individual
CEPAZ
Civilis
Comisión de DDHH Federación Colegios de Abogados de Venezuela, estado Apure
Comité por la defensa de los derechos humanos parroquia Coche
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez)
Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Politicos
Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve)
Conexión Segura y Libre
Ecqualia
ECOS / Crónica UNO
Equipo de defensores de Táchira (Edet)
Frente Norte Caracas
Fundación Aguaclara
GIEHC en Agua: Grupo interdisciplinario Emergencia Humanitaria en agua y saneamiento,
Ideas por la Democracia
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)
Movimiento SOMOS
Laboratorio de Paz
Lateral Lab
La Republica Tv
LaTvCalle
Movimiento Vinotinto
Mulier
Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Observatorio Venezolano de Prisiones
ODEVIDA, Capitulo Venezuela
ONG Hombres por la Equidad y la Igualdad
ProCaracas
ProboxVe
Redes Ayuda
Red de DDHH en Acción
Resonalia
Transparencia Venezuela
Un Mundo sin Mordaza
Vicaria de DDHH Arquidiocesis de Barquisimeto
Laboratorio de Paz 