Luego que su madre Carmen Navas estuviera durante varios meses buscándolo en los centros de privación de libertad, y exigiendo una fe de vida, este 7 de mayo las autoridades del Ministerio para el Servicio Penitenciario informaron que había fallecido por “insuficiencia respiratoria aguda” el 30 de julio de 2025. El 13 de marzo de 2026 la señora Navas había sido citada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) por haber denunciado la desaparición de su hijo.
Las autoridades informaron que “ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley”. Ademas, agregaron: “El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario se coloca a disposición de las autoridades competentes para la revisión del caso, expresa sus condolencias a la familia y garantiza la entrega de sus restos”.
Debido a la ausencia de respuesta estatal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó, el 18 de abril de 2026, medidas cautelares a favor de Víctor Hugo y su madre Carmen Navas. Ya habían transcurrido 9 meses del fallecimiento.
La confirmación de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado venezolano no puede reducirse a un simple comunicado administrativo. Detrás de cada caso hay una familia marcada por la incertidumbre, una madre que buscó respuestas durante meses y un país donde el dolor de las víctimas sigue acumulándose sin verdad ni reparación.
La desaparición de información sobre personas detenidas, la incomunicación prolongada, la falta de acceso oportuno a familiares y las denuncias sobre condiciones de reclusión forman parte de patrones que organizaciones nacionales e internacionales han documentado de manera reiterada como graves violaciones a los derechos humanos.
La memoria de las víctimas exige algo más que condolencias. Exige justicia, garantías de no repetición y el reconocimiento de las responsabilidades del Estado en la protección de la vida e integridad de toda persona bajo su custodia. Cuando una persona muere detenida, el Estado no puede evadir su obligación de responder con transparencia y rendición de cuentas.
La reparación verdadera no puede construirse desde el silencio, la opacidad o el miedo. Solo es posible cuando se reconoce el sufrimiento de las víctimas, se esclarecen los hechos y se desmontan las prácticas que han permitido la repetición sistemática de abusos que hoy son investigados internacionalmente como posibles crímenes de lesa humanidad.
El fallecimiento de Víctor Hugo bajo custodia del Estado, el hecho que se mantuviera oculta la noticia, y que su madre estuviera durante varios meses buscándolo sin respuesta de las instituciones es un reflejo del funcionamiento del sistema penitenciario hoy en Venezuela, que se agudiza para los casos de presos políticos.
La desisntitucionalización y fragmentación de los centros penitenciarios, cada uno bajo el control de fuerzas estatales y no estatales diferentes, ha ocasionado que las autoridades nacionales no tengan conocimiento de la cantidad de presos políticos existentes en las cárceles venezolanas. El denominado “Programa de Convivencia y Paz” realizó un censo parcial de personas privadas de libertad sin que hayan informado públicamente sobre su resultado. La presidenta encargada y tutelada informa cifras alegres sobre personas excarceladas sin que haya un listado oficial que pueda ser verificado por los propios familiares y las ONG. Los presos políticos han terminado siendo un negocio económico para sus captores y fichas de canje para los procesos de negociación.
La muerte de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia del Estado y el ocultamiento de esa información durante meses no constituye únicamente una irregularidad administrativa: representa una grave violación de derechos humanos que compromete la responsabilidad internacional del Estado venezolano. Toda persona privada de libertad se encuentra bajo custodia y protección estatal, por lo que las autoridades tienen la obligación absoluta de garantizar su vida, integridad, acceso a atención médica, contacto con sus familiares y transparencia sobre su situación. Cuando el Estado niega información, impide el acceso de las familias, oculta fallecimientos o normaliza la opacidad institucional, no solo profundiza el sufrimiento de las víctimas: erosiona las bases mínimas del Estado de derecho y alimenta patrones de impunidad que hoy continúan siendo documentados e investigados por mecanismos internacionales.
Desde Laboratorio de Paz expresamos nuestras condolencias a la señora Carmen, y a todos los allegados a Víctor Hugo. Seguimos comprometidos con el regreso de la democracia a Venezuela, para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.
Laboratorio de Paz 