Comunicado: Autoridades venezolanas no pueden negar existencia de presos políticos y violaciones de DDHH

(Caracas, 30 de abril 2026) Ante las recientes declaraciones del Representante Diplomático de Venezuela en Estados Unidos, Félix Plasencia, quien afirmó que en el país “no se arresta a la gente ilegalmente ni se abusa de sus derechos”, resulta imprescindible reiterar, con base en informes del Sistema Internacional de Protección en Derechos Humanos, incluyendo la investigación por crímenes de lesa humanidad contra el Estado venezolano, y sobre todo de las fuentes verificables, que son las miles de víctimas de persecución, arrestos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, que tales afirmaciones contradicen de manera directa la evidencia acumulada por los mecanismos internacionales de derechos humanos, los gobiernos democráticos del mundo y organizaciones de derechos humanos.

En la misma línea, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han formulado llamados públicos; este último ha señalado que en casos de detenciones de opositores “los derechos… han sido violados” y que estas acciones buscan “silenciar a sus opositores políticos”, calificando además como “inaceptable… encarcelar… sin el debido proceso”. Estas afirmaciones reflejan la preocupación sostenida frente al uso del sistema penal con fines políticos. Por su parte, el presidente Trump ha vinculado procesos de negociación política con la expresa liberación de detenidos, destacando que dichas liberaciones forman parte de las exigencias para la estabilización, recuperación y la transición en el contexto venezolano.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, ha señalado reiteradamente la necesidad de liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en Venezuela, subrayando que estas prácticas socavan el Estado de derecho. En sus actualizaciones ante el Consejo de Derechos Humanos, ha insistido en que la liberación de personas detenidas por razones políticas es un paso indispensable para restablecer la confianza institucional y avanzar en garantías efectivas de derechos humanos.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado de forma consistente que en Venezuela persisten detenciones arbitrarias con fines políticos, el uso indebido del sistema penal para criminalizar la disidencia y condiciones de reclusión incompatibles con los estándares interamericanos. La CIDH ha reiterado que estas prácticas configuran un patrón estructural contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De acuerdo con datos actualizados de Foro Penal, en Venezuela 454 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos, mientras que 19.088 personas han sufrido detenciones y la mayoría continúan sometidas a procesos penales o medidas restrictivas, lo que evidencia la persistencia de un sistema de persecución judicial extendido más allá de las detenciones formales. Por su parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 667 personas privadas de libertad hoy por razones políticas.

A ello se suman los miles de testimonios de personas detenidas y posteriormente liberadas, quienes han denunciado haber sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo aislamiento prolongado, asfixia, violencia física, amenazas y coacción para autoinculparse. Estas denuncias han sido recogidas y corroboradas además por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, que ha concluido que existen motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido violaciones graves, entre ellas las detenciones arbitrarias y masivas y la prisión política, que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Negar esta realidad no solo desconoce a las víctimas, sino que borra la memoria y la verdad, lo que contraviene las obligaciones internacionales del Estado venezolano y debilita de forma grave cualquier posibilidad de construir un proceso genuino de justicia, verdad, reparación y posible reconciliación.

En este contexto, la negación pública de estos hechos por parte de este alto representante diplomático ante los Estados Unidos resulta particularmente grave, ya que se trata de declaraciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y que obstaculizan activamente la confianza en actuaciones hacia una transición democrática sostenible.

Resulta profundamente preocupante que quien ostenta la representación del Estado venezolano ante los Estados Unidos sostenga posiciones que contradicen abiertamente los compromisos adquiridos y necesarios para avanzar hacia una transición pacífica y una reconciliación con justicia, verdad y no repetición. Esta actuación, que niega los hechos que afectan y han obligado a la migración forzada de millones de personas del país, incluyendo hacia los Estados Unidos, compromete la credibilidad en el supuesto esfuerzo de acercamiento basado en el respeto a los derechos humanos.

La actuación de Félix Plasencia en funciones diplomáticas resulta incompatible con los principios que deben regir una transición democrática, por lo que urge correcciones y un personal idóneo para restablecer la confianza y alinear la representación exterior con los compromisos asumidos en materia de estabilización, recuperación y transición que permitan en un futuro procesos de reconciliación y paz real en Venezuela.

El borrado de la verdad, la memoria y las víctimas es contrario a la transición y la reconciliación.