El acuerdo de cooperación militar suscrito el 18 de noviembre entre Venezuela y Estados Unidos plantea al menos cinco interrogantes desde la perspectiva de los derechos humanos, el Estado de derecho y el control democrático de las instituciones armadas.
- Opacidad y ausencia de escrutinio público
El texto íntegro del acuerdo no ha sido divulgado. Se desconocen sus cláusulas, duración, obligaciones y mecanismos de supervisión. El argumento del secreto militar no justifica automáticamente esta opacidad: existen antecedentes de acuerdos de cooperación militar entre ambos países cuyos textos fueron publicados oficialmente. La reserva de información operativa específica debe distinguirse de la publicidad de los compromisos jurídicos asumidos por el Estado.
Derechos comprometidos: acceso a la información pública, participación ciudadana y rendición de cuentas.
- Falta de claridad sobre los controles constitucionales
No se ha informado de la aprobación parlamentaria del acuerdo. Los artículos 154 y 187.18 de la Constitución establecen reglas para la aprobación de tratados internacionales, mientras que el artículo 187.11 atribuye a la Asamblea Nacional la autorización de misiones militares extranjeras en territorio venezolano. La aplicación de estas disposiciones dependerá del contenido y alcance del instrumento suscrito.
Derechos y garantías comprometidos: legalidad, control democrático del poder y participación política.
- Un firmante señalado por graves violaciones de derechos humanos
Gustavo González López, quien suscribió el acuerdo por Venezuela, dirigió el SEBIN durante períodos investigados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas. Su nombre aparece vinculado en investigaciones internacionales a estructuras responsables de detenciones arbitrarias, torturas y otros abusos. También ha sido objeto de sanciones internacionales. Estos señalamientos deben distinguirse de una condena judicial.
La cooperación militar con autoridades señaladas por graves violaciones de derechos humanos exige garantías reforzadas de investigación, supervisión y rendición de cuentas.
Derechos comprometidos: acceso a la justicia, derecho a la verdad y garantías de no repetición.
- Fortalecimiento militar sin garantías públicas de reforma institucional
El acuerdo contempla entrenamiento, equipamiento e intercambio de capacidades militares. Sin embargo, no se han anunciado condiciones verificables de reforma institucional, mecanismos independientes de supervisión ni procedimientos para impedir que los recursos y conocimientos transferidos sean utilizados en prácticas represivas.
En un país donde organismos internacionales han documentado graves violaciones de derechos humanos cometidas por organismos de seguridad, resulta fundamental conocer las garantías que acompañarán esta cooperación.
Derechos comprometidos: integridad personal, libertad personal, derecho a la vida y garantías de no repetición.
- Riesgos derivados de las operaciones conjuntas y el intercambio de inteligencia
La cooperación anunciada incluye intercambio de información y operaciones relacionadas con amenazas a la seguridad. No se conocen públicamente las reglas sobre uso de la fuerza, protección de datos, jurisdicción aplicable, investigación de posibles abusos ni reparación a las víctimas.
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado debe respetar los estándares internacionales de derechos humanos. Las operaciones de seguridad no pueden sustituir las garantías judiciales ni justificar privaciones arbitrarias de la vida.
Derechos comprometidos: derecho a la vida, privacidad, debido proceso, protección judicial y acceso a la reparación.
