A un mes del inicio del proceso de transición anunciado para Venezuela, desde Laboratorio de Paz presentamos un nuevo análisis sobre los cambios ocurridos en el país y una pregunta que consideramos fundamental: ¿hacia dónde está conduciendo esta transición?
Durante este primer mes se han producido cambios relevantes: una mesa de diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición, acuerdos para renovar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), negociaciones sobre el Consejo Nacional Electoral (CNE), excarcelaciones de presos políticos y una mayor tolerancia hacia algunas expresiones críticas.
Son hechos que deben ser observados y valorados. Sin embargo, ninguno garantiza por sí mismo una democratización del país.
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¿Toda transición conduce a la democracia?
En nuestro informe “Un mes después del 1A: ¿Toda transición conduce a la democracia? La ‘zona gris’ de Carothers como alerta para pensar el momento venezolano”, retomamos el concepto de “zona gris”, desarrollado por el politólogo estadounidense Thomas Carothers para describir aquellos países que abandonan parcialmente el autoritarismo sin llegar a convertirse en democracias funcionales.
En estos escenarios pueden coexistir elecciones, partidos de oposición, organizaciones independientes y nuevas instituciones y, al mismo tiempo, persistir graves déficits de Estado de derecho, independencia judicial, representación ciudadana y alternancia real en el poder.
Por eso, salir del autoritarismo no significa necesariamente estar avanzando hacia la democracia.
El riesgo para Venezuela no es únicamente que la transición fracase. También existe la posibilidad de que produzca un país más abierto, estable y plural, pero que conserve estructuras de poder incompatibles con una democracia plena.
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Apertura política no significa todavía democratización
El análisis identifica dos señales de alerta que deberán observarse durante los próximos meses.
La primera es el “pluralismo ineficaz”: la posibilidad de contar con instituciones aparentemente más plurales, pero que continúen siendo débiles y dependientes de acuerdos entre élites, sin traducirse en garantías efectivas para el ejercicio de los derechos de la población.
La segunda es la “política del poder dominante”: un sistema en el que existe oposición y competencia electoral, pero donde el oficialismo conserva ventajas estructurales derivadas del control del Estado, la justicia y los recursos públicos.
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Esta advertencia resulta especialmente importante ante las discusiones sobre la renovación del TSJ y del CNE.
Cambiar autoridades puede representar un avance, pero la verdadera transformación dependerá de que existan reglas capaces de garantizar independencia institucional, transparencia y capacidad de actuación, incluso cuando las decisiones contradigan los intereses de quienes participaron en los nombramientos.
Si la renovación institucional termina respondiendo nuevamente a un sistema de cuotas políticas, el cambio de nombres no necesariamente implicará un cambio en las relaciones de poder.
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La transición también depende de la sociedad civil
La democratización de Venezuela no será únicamente consecuencia de los acuerdos alcanzados en una mesa de negociación.
La sociedad civil, los movimientos ciudadanos, sindicatos, gremios, organizaciones comunitarias, estudiantes y defensores de derechos humanos también tienen un papel fundamental en la construcción de las capacidades democráticas que el país necesitará.
Por ello, proponemos aprovechar los espacios que pueda generar la actual apertura política para avanzar simultáneamente en cuatro tareas:
- Recuperar la confianza entre actores fragmentados por años de polarización y represión.
- Fortalecer el músculo organizativo de sindicatos, gremios, organizaciones comunitarias y movimientos estudiantiles.
- Construir una agenda propia de la sociedad civil que no dependa exclusivamente de las prioridades de quienes negocian.
- Incidir sobre las decisiones públicas mientras el proceso continúa abierto.
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La democracia también se construye mientras ocurre la transición
Uno de los principales riesgos del momento actual sería que la ciudadanía delegara completamente la iniciativa política en las negociaciones entre Washington, Miraflores y las élites venezolanas.
Una transición democrática requiere instituciones independientes, elecciones auténticamente competitivas y garantías para el ejercicio de derechos, pero también necesita una ciudadanía organizada con capacidad para participar, vigilar, proponer y exigir rendición de cuentas.
Como señalamos en el informe:
“La democracia no será solamente el resultado de lo que acuerden quienes hoy negocian. También dependerá de las capacidades que la sociedad venezolana consiga reconstruir mientras esas negociaciones ocurren”.
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A un mes del inicio de este proceso, la discusión no debería limitarse a determinar si Venezuela está cambiando. La pregunta decisiva es qué tipo de sistema político está surgiendo de esos cambios y si estos están transformando efectivamente las relaciones de poder y ampliando las posibilidades de ejercer derechos.
Ese será uno de los principales desafíos para evitar que Venezuela simplemente abandone una forma de autoritarismo para permanecer indefinidamente en una “zona gris”.
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Laboratorio de Paz 