La magnitud de los terremotos registrados el pasado 24 de junio ha dejado una profunda huella en Venezuela. Más allá de las cifras oficiales, basta recorrer algunas de las zonas afectadas para comprender la dimensión humana de la tragedia.
En las últimas horas observamos un enorme despliegue de solidaridad ciudadana. Desde Caracas, cientos de personas se trasladan hacia La Guaira llevando agua, alimentos, medicinas, ropa y otros insumos para quienes lo perdieron todo. Estudiantes, organizaciones sociales, iglesias, voluntarios y ciudadanos comunes se han convertido en una de las principales redes de apoyo para las comunidades afectadas.
La solidaridad es una fortaleza del país. Sin embargo, ninguna respuesta ciudadana puede sustituir las obligaciones que corresponden al Estado.
Los estándares internacionales sobre gestión de desastres, protección civil y derechos humanos establecen que toda persona tiene derecho a recibir una respuesta oportuna, coordinada y eficaz cuando enfrenta una emergencia de esta naturaleza. El derecho a la vida, a la integridad personal, a la salud, a la vivienda, al acceso a la información y a la asistencia humanitaria adquieren una relevancia aún mayor durante las primeras horas posteriores a un desastre.
Durante nuestro recorrido por sectores como Los Corales, Caraballeda, Playa Caribe y Playa El Yaque observamos edificaciones colapsadas, viviendas destruidas, vías seriamente afectadas y enormes dificultades para acceder a algunas comunidades. Estas condiciones no solo aumentan el sufrimiento de las personas afectadas, sino que dificultan las labores de búsqueda, rescate y asistencia.
También pudimos constatar el compromiso de numerosos funcionarios de Protección Civil, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Nacional y otros organismos de respuesta. Muchos de ellos trabajan durante jornadas continuas intentando salvar vidas y asistir a las comunidades.
Precisamente por respeto a ese esfuerzo resulta necesario señalar una preocupación evidente: la respuesta parece desarrollarse con recursos claramente insuficientes para una emergencia de esta magnitud.
Las operaciones de búsqueda requieren iluminación especializada, maquinaria pesada, equipos de rescate urbano, herramientas de localización y capacidad logística suficiente para intervenir de manera rápida y sostenida. Cada hora que transcurre sin estos recursos reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes y prolonga el sufrimiento de las familias que esperan noticias de sus seres queridos.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la disponibilidad de recursos adecuados no constituye únicamente un desafío operativo; forma parte del deber estatal de adoptar todas las medidas posibles para proteger la vida y la integridad de las personas bajo su jurisdicción.
Otro aspecto que merece atención es el funcionamiento de las telecomunicaciones.
Diversos sectores de La Guaira experimentaron importantes dificultades de conectividad. En una emergencia, las comunicaciones dejan de ser un servicio comercial para convertirse en infraestructura crítica para la protección de derechos humanos.
Poder llamar a un familiar, solicitar una ambulancia, coordinar un rescate, recibir información oficial o reportar una persona desaparecida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Por ello, resulta indispensable que tanto las autoridades competentes como las empresas operadoras informen con transparencia sobre las causas de estas interrupciones, las afectaciones a la infraestructura y los planes para restablecer el servicio con la mayor rapidez posible.
La información oportuna también salva vidas.
Finalmente, esta tragedia vuelve a recordarnos la importancia de fortalecer las capacidades nacionales de preparación y respuesta frente a desastres. La reducción del riesgo, la planificación, la inversión en protección civil, la resiliencia de las infraestructuras críticas y la cooperación internacional no deben entenderse como gastos extraordinarios, sino como obligaciones permanentes para garantizar los derechos humanos de la población.
Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, el principal deber de todas las instituciones debe seguir siendo proteger la vida, garantizar asistencia humanitaria sin discriminación, asegurar el acceso a información verificada y coordinar todos los recursos nacionales e internacionales disponibles.
Porque, en una emergencia de esta magnitud, los derechos humanos no se suspenden. Por el contrario, deben convertirse en la principal guía para la respuesta del Estado y de toda la sociedad.
Laboratorio de Paz 