El comunicado del Ministerio Público sobre la muerte de Víctor Hugo Quero Navas presenta una conclusión médica sobre la causa del fallecimiento, pero deja sin respuesta aspectos fundamentales desde una perspectiva de derechos humanos. Aunque señala que la muerte se produjo por un tromboembolismo pulmonar y describe diversas diligencias forenses, no explica las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de una persona que se encontraba bajo custodia del Estado, ni aborda posibles responsabilidades institucionales derivadas de esa condición.
Asimismo, el comunicado omite cuestiones esenciales para el esclarecimiento de los hechos, como las razones por las cuales la familia fue informada de la muerte meses después de ocurrida, las circunstancias de la inhumación sin conocimiento de sus familiares, el acceso que tuvo la víctima a atención médica o las condiciones de detención en las que permaneció. Tampoco ofrece información sobre eventuales investigaciones a funcionarios responsables de su custodia ni responde a las preocupaciones expresadas previamente por organismos internacionales de derechos humanos.
En consecuencia, el documento parece orientado a establecer una causa biológica de muerte, pero no satisface plenamente las exigencias de verdad, transparencia, independencia y rendición de cuentas que requieren los estándares internacionales aplicables a las muertes ocurridas bajo custodia estatal. Incluso si se aceptara la conclusión médica presentada, seguirían abiertas preguntas fundamentales sobre las circunstancias del fallecimiento, las obligaciones incumplidas por las autoridades y las responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.
Laboratorio de Paz 