El 3 de enero de 2026 fue decretado en Venezuela un Estado de Conmoción Exterior presentado por las autoridades como una medida excepcional frente a circunstancias que, según el Ejecutivo, afectaban la seguridad nacional. El decreto establecía una duración inicial de noventa días, con posibilidad de una única prórroga por noventa días adicionales, tal como contempla la Constitución venezolana.
Sin embargo, al vencerse el plazo original comenzó a surgir una interrogante jurídica y política que continúa generando debate: ¿qué ocurre cuando un estado de excepción no es prorrogado formalmente, pero tampoco es derogado de manera expresa?
La discusión trasciende el terreno técnico. Los estados de excepción modifican temporalmente el funcionamiento ordinario del poder público y permiten al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias que pueden impactar el ejercicio de derechos y libertades. Precisamente por ello, la Constitución venezolana establece límites temporales, controles institucionales y mecanismos de supervisión.
El principio detrás de estas disposiciones es claro: las excepciones deben responder a emergencias concretas y delimitadas, no convertirse en mecanismos indefinidos de gobernabilidad. La temporalidad no es un detalle administrativo, sino una garantía democrática destinada a evitar la normalización de poderes extraordinarios.
Diversos análisis jurídicos han advertido que la ausencia de claridad sobre la continuidad o finalización de un estado de excepción genera incertidumbre institucional. Organizaciones especializadas en temas constitucionales han señalado que los decretos dictados bajo estados de excepción deberían cesar junto con la emergencia que los originó, salvo que exista una prórroga ajustada a los procedimientos previstos por la Constitución.
La preocupación no se limita a la duración de una medida específica. El riesgo mayor es la normalización de la excepcionalidad: que la sociedad deje de preguntarse si determinadas restricciones siguen vigentes, quién las controla y bajo qué fundamento jurídico continúan aplicándose.
En democracias constitucionales, incluso en contextos de crisis, el ejercicio del poder debe permanecer sometido a límites. La excepcionalidad permanente erosiona la capacidad de control institucional y debilita la noción misma de temporalidad que caracteriza a los estados de excepción.
Un gobierno, incluso uno tutelado por mecanismos extraordinarios, también debe tener límites.
Laboratorio de Paz 