El pasado 10 de enero se materializó el desconocimiento de la voluntad popular en Venezuela, luego que Nicolás Maduro fuera juramentado para el período presidencial 2025-2031, sin que los resultados detallados de la votación del 28 de julio hayan sido divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). La ceremonia se realizó de manera cerrada en el salón elíptico de la Asamblea Nacional, siendo los únicos presidentes latinoamericanos presentes Miguel Díaz Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua), sin transmisión televisada en vivo.
María Corina Machado convocó a una jornada de protesta el 9 de enero, donde hubo una importante participación de la ciudadanía, desafiando el clima de terrorismo de Estado impuesto por las autoridades. Aunque la líder democrática anunció que se habían realizado 180 movilizaciones en el país y 150 en el resto del mundo, Laboratorio de Paz logró geolocalizar 77 concentraciones en Venezuela y 67 en otras ciudades del mundo, para un total de 144 manifestaciones contra el fraude electoral. Las movilizaciones interpelaban a los funcionarios, pero especialmente a los miembros de las Fuerzas Armadas, para que evitaran la instalación de un gobierno de facto en el país. Machado anunció que le había pedido a Edmundo González, quien había anunciado que reingresaría al país luego de haber ganado las elecciones y ser forzado al exilio, que no lo intentará para garantizar su integridad física: “Edmundo vendrá a Venezuela a juramentarse como presidente constitucional en el momento correcto. Cuando las condiciones sean las adecuadas”,expresó.
hubo una importante participación de la ciudadanía, desafiando el clima de terrorismo de Estado impuesto por las autoridades.
Según el monitoreo de Laboratorio de Paz, contrastado con el monitoreo del Foro Penal y el Movimiento Vinotinto, en los primeros 12 días del año 2025 fueron detenidas, por razones políticas, la cantidad de 91 personas. 70 son hombres, 16 mujeres, 1 adolescente y 1 de nacionalidad extranjera. Trujillo es la entidad con mayor cantidad de detenciones (18 personas), seguidas por Zulia (17 personas) y el Distrito Capital (10 personas). Entre las detenciones se cuenta la de Carlos Correa, defensor de derechos humanos, quien hasta el cierre de este boletín se encontraba en desaparición forzada, así como la del líder político Enrique Márquez. La propia María Corina Machado fue retenida el 9E, luego de asistir a la movilización en Caracas, en un operativo en el que fue detenido uno de sus acompañantes, Roalmi Cabeza, herido de bala en su pierna.
La organización VeSinFiltro reportó que varias plataformas comunicativas fueron bloqueadas en el contexto del acto de juramentación: Telegram,Tik Tok,Canva, el DNS público de Google y Tor, por lo que los venezolanos vivieron la jornada en un clima de mayor censura.
¿Se mantiene la posibilidad de resolver el conflicto por mecanismos políticos?
El 12.11.24 Nicolás Maduro, en una reunión preparatoria de un “Gran Congreso Nacional”, anunció “tres importantes propuestas para la transformación nacional”. En orden de importancia fueron la refundación del Estado, el Plan de las 7T y la Visión 2054. Sobre el primer punto el 19.12.24 dio más detalles, cuando anunció que se promovería una “gran reforma constitucional” para crear un Estado Comunal basado en la “democracia directa”. Luego, en una entrevista con Ignacio Ramonet, agregó: “El planteamiento es avanzar a partir de enero de 2025 hacia una reforma constitucional que permita que se democratice todo el Estado, toda la sociedad y que avance hacia un proceso de fortalecimiento de una nueva forma de hacer la política, de una nueva democracia”. Por su parte las 7T plantean propuestas de acción en los temas económicos, ciencia y tecnología, defensa y seguridad, social, política, ecosocialista y política. Finalmente, la Visión 2054 desea reposicionar a Venezuela en América Latina y el Caribe. La propuesta de reforma constitucional fue reiterada durante el acto de juramentación del 10E, calificándola como una iniciativa para “embellecer la Constitución”.
Estos ofrecimientos intentan mantener la cohesión de las 3.385.155 personas que votaron por Nicolás Maduro en julio de 2024, y que constituyen su potencial base de movilización actual. El nuevo régimen oficialista basaría su acción de gobierno en estos tres millones de electores, por lo que es posible que los cambios constitucionales incluyan mecanismos de toma de decisiones de segundo grado, eliminando la primacía del voto universal, directo y secreto que había caracterizado las elecciones venezolanas desde 1958, y en el que los funcionarios sean escogidos por decisión de los voceros del llamado “poder comunal”. Como ocurrió en la fallida reforma constitucional del año 2017, el gobierno incluirá otros ofrecimientos que enmascaren la regresividad en la participación en la imposición de elecciones de segundo grado.
en los primeros 12 días del año 2025 fueron detenidas, por razones políticas 91 personas. 70 son hombres, 16 mujeres, 1 adolescente y 1 de nacionalidad extranjera.
Aunque aún es pronto para valorar la reacción de la comunidad internacional, algunos países incrementaron sanciones individuales contra funcionarios venezolanos luego del 10E: Estados Unidos,Canadá,Reino Unido y la Unión Europea. Desde América Latina el presidente chileno Gabriel Boric describió al nuevo gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura”:
“No reconocemos el fraude electoral que perpetuó el Gobierno de Maduro, que hasta el día de hoy sigue persiguiendo a organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos y a organizaciones vinculadas a todo el que discrepe con él”.
¿Qué puede hacer la sociedad civil para promover la redemocratización del país?
Las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC), y especialmente las de derechos humanos, deben realizar un proceso de reflexión y reorganización interna para continuar siendo eficaces, garantizando la sostenibilidad de las organizaciones y la seguridad y libertad de sus integrantes, dado el nuevo contexto.
Las iniciativas sociales deben alertar a la ciudadanía sobre los aspectos negativos de la propuesta de reforma constitucional que será promovida por las autoridades en los próximos días. Además, deben pensar maneras de mantener la exigencia de libertad de los presos políticos, a nivel nacional e internacional, con foco en casos emblemáticos como los de Carlos Correa, Enrique Márquez, Rocío San Miguel y Javier Tarazona.
Las OSC deben presionar al sistema de Naciones Unidas, así como a los países de acogida de migrantes venezolanos, para que cuenten con políticas de protección, asilo y refugio diferenciadas para líderes políticos y sociales en riesgo.
Laboratorio de Paz 