Número 15
¿QUÉ HAY DE NUEVO?
El 28 de julio se realizaron las elecciones presidenciales en Venezuela, jornada que contó con la participación entusiasta de la población y que, a pesar de algunos incidentes, transcurrió con bastante normalidad. A las 4 y 30 de la tarde encuestas a boca de urna sugerían que Edmundo González (EGU) se encontraba arriba en la votación por un amplio margen. A partir de las 6 de la tarde, cuando comenzó el cierre de las mesas y la totalización de sus resultados, hubo negativa de entregar las actas a todos los miembros de mesa y testigos, como lo indica la normativa electoral. Además, según el Comando Con Vzla la transferencia de información de los votantes, desde las mesas de votación hasta la sala nacional de totalización, fue interrumpida. Nicolás Maduro aseguró que el sistema habría sido “hackeado” por Elon Musk. A la medianoche, hora Venezuela, el rector principal del CNE Elvis Amoroso anunció que con el 80% de los votos y 59% de participación, Nicolás Maduro (NM) había recibido 51,2% de los votos mientras EGU el 44% de los sufragios.
Casi inmediatamente, el presidente chileno Gabriel Boric reaccionó con dos mensajes en su perfil X, seguido en la madrugada por el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, el canciller peruano Javier González-Olaechea, el presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Joseph Borrel, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, el asesor especial para asuntos internacional de la presidencia brasileña Celso Amorim, el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres y el Ministerio de Relaciones Exteriores de México. Todos coincidían en la necesidad que hubiera transparencia en la publicación de resultados, debidamente detallados.
No obstante, el sitio web del Consejo Nacional Electoral aparecía fuera de línea, por lo que los resultados no eran de acceso público. La alternativa democrática afirmaba tener las actas –el documento que registra el resultado por cada mesa de votación- en número suficiente para demostrar la victoria de EGU. A pesar que el árbitro electoral no había anunciado los resultados totales, y no se habían publicado los resultados de los centros electorales, Nicolás Maduro fue proclamado como presidente para el período 2025-2031 el día 29.07.24. Ese día el Centro Carter, que fue invitado formalmente por las autoridades para realizar actividades de observación electoral, solicitó la publicación inmediata de las actas de las mesas.
Las actas de las 30.026 mesas de votación habilitadas en los centros electorales de todo el país se transformaron en el centro de disputa. Como se explicó, las máquinas de votación producen un escrutinio impreso en cada centro de votación antes de ser enviados sede central del CNE en Caracas, donde se hace la totalización nacional. Los testigos que representan a todos los candidatos en una mesa de votación deben firmar ese escrutinio impreso. La estrategia del candidato EGU fue pedirle a las personas quedarse en su centro de votación para realizar contraloría social al conteo de las mesas y el anuncio de sus resultados. Haber sido testigos de todo el proceso dio a la población una convicción generalizada de sus resultados, inclusive antes del anuncio del CNE.
Delsa Solórzano denunció que, durante la noche del 28, testigos habían sido excluidos del acto de totalización y se les estaban negando las copias de las actas. En la madrugada del 29 de julio María Corina Machado afirmó que ya tenían el 40% de las actas en su poder, una cifra que para la noche de ese día había aumentado a 73.20%. El equipo de campaña de EGU digitalizó las actas y las publicó en varios sitios webs, que fueron bloqueados poco después de su aparición. Finalmente pudieron mantenerlos online en el sitio web https://resultadosconvzla.com/. Al cierre de este boletín este portal contenía el 81.7% de las actas, dando a Edmundo González la victoria con un 67% de los sufragios (7.156.462 votos) sobre Nicolás Maduro con 30% (3.241.461 votos). Esas mismas actas estaban en manos tanto del propio CNE como de los testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que para el 05.08.24 continuaban sin hacerlas públicas. Luego de suscribir el llamado “Acuerdo Amplio de Caracas”, el resto de las candidaturas minoritarias (salvo Enrique Márquez), acordaron aceptar lo que dijera el CNE, por tanto no promovieron sus propios testigos en los colegios electorales. A partir de las actas publicadas, diferentes iniciativas publicaron mapas de visualización de los datos.
El 02.08.24 el CNE divulga un segundo boletín de resultados en las cuales el rector Amoroso vuelve a comunicar cifras sin mayor detalle, afirmando que NM había obtenido 6.408.844 votos (51,95%), mientras que EGU le atribuyó 5.326.104 sufragios (43,18%). Lo curioso es que 4 días antes de este segundo reporte, el CNE realizó el acto de proclamación y adjudicación de Nicolás Maduro como nuevo presidente de la República. No obstante, a medida que pasan los días sin información verificable del resultado, diferentes personalidades y entes internacionales se sumaron a la petición de divulgación de las actas: Pedro Sánchez, presidente del gobierno español; Cristina Fernández y Alberto Fernández ex presidentes de Argentina; el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y el Frente Amplio de Uruguay.
Un factor decisivo para la percepción internacional sobre lo que había sucedido en Venezuela ocurrió el 30.07.24, cuando el Centro Carter divulgó una declaración en la que afirmó que “La elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática (…) El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”. La reacción de Miraflores a los señalamientos ha sido furiosa: Acusó al Centro Carter de haber divulgado un informe escrito antes de las elecciones, sugirió que Cristina Fernández “había traicionado el legado de Perón y su pueblo”. Además, expulsó a los cuerpos diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. También suspendió los vuelos aerocomerciales desde y hacia Venezuela con Panamá y República Dominicana. Brasil asumió el resguardo de la sede diplomática de Argentina en Caracas, y con ello la vida e integridad de las 6 personas refugiadas allí. El 31.04.24 Nicolás Maduro acudió a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia donde interpuso un recurso de amparo que obligara a todos los candidatos a entregar las actas al ente judicial. Sin embargo, esta posibilidad ha sido cuestionada debido a la falta de independencia del organismo, como lo estableció la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas.
El lunes 29 de julio fue una jornada de protesta contra el desconocimiento de la voluntad popular. Laboratorio de Paz geolocalizó 210 protestas, incluyendo el derribamiento de 7 estatuas, 6 de ellas representando a Hugo Chávez, así como decenas de casos de vandalización de avisos publicitarios, sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), alcaldías y módulos policiales. Las protestas fueron auto convocadas, espontáneas y descentralizadas. No tuvieron un sólo foco de interés, ni recorridos predeterminados de un punto a otro de los territorios. El principal perfil de los manifestantes eran personas de sectores populares, aunque también se registraron movilizaciones de clase media. La principal exigencia diagnosticada era rechazar la proclamación ilegal de Nicolás Maduro y reivindicar el triunfo de Edmundo González Urrutia.
Cualitativamente la situación de derechos humanos durante esta crisis es la peor de la Venezuela contemporánea. Cuando cerramos este boletín Nicolás Maduro reveló que habían sido detenidas dos mil personas (incluyendo periodistas y defensores de derechos humanos), contra las que “no habría perdón”. El Foro Penal había verificado 988 arrestos, de los cuales 91 eran adolescentes. 21 personas habían sido asesinadas en el contexto de manifestaciones y se habían registrado, por lo menos, 74 ataques de civiles armados (“colectivos”) contra manifestantes. A la reiteración de patrones recurrentes de violación de derechos humanos en Venezuela (uso abusivo de la fuerza en la contención de manifestaciones; uso de civiles armados en funciones de orden público; detenciones arbitrarias; violación del debido proceso y el derecho a la defensa; torturas y tratos inhumanos, crueles y degradantes, censura) se sumaron nuevas actuaciones sistemáticas: La extorsión a quienes son detenidos; la destitución y privación de libertad de fiscales y defensores públicos por negarse a acatar las órdenes ilegales de las autoridades; anulaciones masivas de pasaportes a líderes políticos y sociales del país y, finalmente, la detención de personas sólo por haber compartido información a través de sus perfiles de WhatsApp. NM anunció nuevas restricciones al uso de redes sociales, por lo que es posible que continúe incrementándose la dificultad de acceso a la información en el país. Diferentes organismos, como la Misión de Determinación de Hechos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han expresado públicamente sus preocupaciones.
¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA Y LOS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS?
El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó una reunión extraordinaria el 31.07.24 para “abordar los resultados del proceso electoral en Venezuela”. No obstante una resolución que exigía a las autoridades de Venezuela publicar de inmediato las actas de las elecciones del domingo no alcanzó los apoyos necesarios para ser aprobada, luego de que se abstuvieran Brasil, Colombia y México.
Brasil y Colombia, en coordinación con Estados Unidos, lideran una iniciativa diplomática para buscar un mecanismo político de la resolución de la crisis venezolana, excluyendo a Chile por la confrontación del presidente Boric con el Palacio de Miraflores. Según el diario El País estos presidentes realizarían conversaciones en los próximos días con Nicolás Maduro con una propuesta de una negociación directa entre los dos candidatos presidenciales principales, excluyendo de la mesa a María Corina Machado. Según el periodista Juan Diego Quesada “Algunos defienden una repetición electoral con una verificación exhaustiva, otros un diálogo más directo en el que se le ofrezca una amnistía a Maduro y a su círculo ―no más de 20 personas― con la condición de que acepten el resultado que parece haber salido de las urnas”. En la ofensiva represiva gubernamental pareciera que hay poco margen de maniobra, por lo que estas gestiones pudieran durar semanas para conseguir algún resultado. Por su parte, la Unión Europea divulgó un comunicado donde afirma que “acoge con satisfacción los esfuerzos de los socios regionales, con los que mantiene un estrecho contacto, para promover el diálogo y una solución negociada a la crisis”.
Un grupo de exministros del chavismo remitieron una carta pública a los mandatarios de 3 países (Colombia, Brasil y México) donde agradecen sus gestiones “con miras a que prevalezca el pleno respeto al veredicto popular expresado el pasado 28 de julio pasado”. Asimismo le solicitaron interceder para “que se ponga fin a la represión y criminalización de la protesta y violaciones a Derechos Humanos, y sean liberados los cientos de ciudadanos detenidos por expresar su exigencias y reclamos en torno a los resultados dados a conocer por el CNE”.
¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS?
- La sociedad civil venezolana debe coordinar esfuerzos con activistas de la diáspora para mantener el trabajo de visibilización y denuncia de situaciones violatorias a los derechos humanos.
- Las ONG deben realizar las incidencias necesarias para mantener los esfuerzos diplomáticos de Brasil y Colombia, sugiriendo que incluyan en su agenda la situación de derechos humanos, teniendo una postura común sobre las diferentes propuestas, incluída la de repetir elecciones.
- Como medida de protección las organizaciones nacionales pudieran seguir opinando sobre la evolución de la crisis venezolana desde sus pares y aliados internacionales.
- Las organizaciones deben agotar todas las instancias de los mecanismos regionales y universales de protección a los derechos humanos, suministrándoles información rigurosa y verificada.
Laboratorio de Paz 