Escenarios nro. 23

ESCENARIOS #23 I 25 de noviembre 2024
Boletín quincenal de análisis estratégico dirigido a la sociedad civil venezolana

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Para derechos humanos, la noticia más importante de la última quincena fue la excarcelación de un número limitado de presos políticos en Venezuela, que para el día 11.11.24 sumaban 1.976 personas.

El 11.11.24 el Fiscal General afirmó: “Estas personas no son presos políticos, con criminales que se prestaron para acciones terroristas, delictivas (…) para desencadenar en Venezuela una guerra civil”. Un día después Nicolás Maduro afirmó sobre las detenciones: “Le hago un llamado al doctor Tarek William Saab, fiscal general, le hago un llamado a los jueces del país, como jefe de Estado, si hay algún caso que rectificar y revisar también que haya justicia”. Tres días después, el 14.11.24, se denunció el fallecimiento en custodia del preso político Jesús Manuel Martínez Medina por denegación de atención médica. Al día siguiente el Ministerio Público confirma el deceso de Martínez Medina y, paralelamente, el fiscal Saab anunció la revisión de “225 revisiones de medidas a procesados” por las protestas por el desconocimiento de la voluntad popular. Las medidas de excarcelación comenzaron el 15.11.24. La Fiscalía aseguró, el 17.11.24, que fueron ejecutadas 225 medidas sobre privados de libertad. No obstante, según la estadística del Foro Penal sólo habrían sido liberados 169 personas. Ante la ausencia de una lista oficial de las personas excarceladas, familiares de las personas detenidas protagonizaron diferentes acciones demandando libertad para sus seres queridos.

El 13.11.24 se conoció que Donald Trump había seleccionado a Marco Rubio como Secretario de Estado para dirigir la diplomacia internacional durante su gobierno, quien como senador del partido republicano ha realizado duros cuestionamientos a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela. El 18.11.24 se divulgó la aprobación, por la Cámara de Representantes, de la Ley H.R. 825, cuyo título es “Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano” (Ley Bolívar por sus siglas en inglés). La norma prohíbe al gobierno de Estados Unidos contratar a personas que tengan lazos comerciales con el “gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro” en Venezuela.

Como respuesta a esta iniciativa el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, promovió una normativa bajo el nombre  “Ley Especial Libertador Simón Bolívar y Defensa de la República Bolivariana de Venezuela”. El diputado oficialista Rodolfo Eduardo Sanz declaró que “pretende establecer, entre otras cosas, sanción a perpetuidad, prohibición a perpetuidad de todos aquellos ciudadanos que han conspirado contra la República Bolivariana de Venezuela, que nacieron en esta tierra y andan por todo el mundo buscando y pidiendo sanciones e invasiones, pero que además han celebrado esta nueva Ley aprobada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos”. Aunque al cierre de este boletín esta propuesta no había sido aprobada, el 22.11.24 el Ministerio Público informó que había iniciado una investigación contra María Corina Machado debido a los pronunciamientos públicos sobre la Ley Bolívar estadounidense, los cuales supuestamente “constituyen los delitos de traición a la patria (…), conspiración con países extranjeros (…) y asociación para delinquir”.

¿SE MANTIENE LA POSIBILIDAD DE RESOLVER EL CONFLICTO POR MECANISMOS POLÍTICOS

Las actuales autoridades venezolanas continúan creando el marco jurídico que sustente el gobierno de facto que pretende juramentarse el 10 de enero 2025. El 12.11.24 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, así como la Ley Orgánica de Justicia Comunal, ambas publicadas en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.854, del 14.11.24. Aunque ambas normativas, teóricamente, estimulan la participación para la mediación y resolución pacífica de los conflictos mediante figuras similares a los jueces de paz, la división territorial del país en “Comunas” vulnera lo establecido al respecto en el artículo 16 de la Constitución. Los llamados “Jueces de paz comunales” (JPC) sustituirán el sistema de administración de justicia conocido a nivel comunitario, siendo áreas de su competencia los “conflictos en el ámbito local”; el arrendamiento de propiedades; reglamentos de convivencia, la supervisión de organizaciones vecinales; casos de violencia de género; situaciones de protección a niños, niñas y adolescentes; propiedad y tenencia de animales domésticos y situaciones dentro de los Consejos Comunales. La ley especifica que para el cumplimiento de sus funciones podrá “solicitar el apoyo de la policía municipal, estadal o nacional”. Los JPC recibirán “retribuciones económicas” por el ejercicio de sus funciones, derivado de la ley de presupuesto anual. No podrán ser parte del sistema de “justicia comunal” las personas que incurran en “posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares y cualquier otra conducta que afecte los intereses de la nación”. El gobierno anunció que en el próximo mes de diciembre serían elegidas “30 mil jueces de paz comunal” en todo el país. En opinión de Laboratorio de Paz el denominado “sistema de justicia comunal” sustituirá las funciones del actual sistema de administración a nivel territorial y será un mecanismo para aumentar el uso de mecanismos punitivos para neutralizar y castigar a las personas percibidas como disidentes a partir del 10 de enero de 2025. 

Los gobiernos de Brasil y Colombia continúan desescalando las tensiones diplomáticas con el gobierno venezolano. El embajador venezolano en Brasil, Manuel Vadell, anunció su regreso al país carioca luego de haber sido llamado a Caracas a consultas. Su retorno ocurre luego de las declaraciones del presidente Lula acerca que el conflicto venezolano “no era un problema de Brasil”. Estas declaraciones fueron calificadas por Nicolás Maduro como un “punto a favor de Lula” lo que dio un giro de 180 grados a lo que parecía un enfriamiento de las relaciones entre ambos países.

En el caso de Colombia su presidente Gustavo Petro dio una opinión polémica sobre la situación venezolana, que también sugiere que desea mantener los entendimientos con el gobierno venezolano: “Creo que fue un error celebrar las elecciones. Yo fui partidario de que se hicieran. Pero no hay un voto libre si hay un bloqueo”. El mandatario también agregó que “la exigencia de un cambio radical del Gobierno en este momento no es realista”.

El 19.11.24 fue detenido el abogado Alejandro Rebolledo, quien había integrado el llamado “TSJ en el exilio”. El 21.11.24 fue citado a declarar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, luego que la ONG divulgara un video sobre el asesinato del dirigente político Edwin Santos. El acto de intimidación fue rechazado por ONG nacionales e internacionales. El 23.11.24 el ministro de interior y justicia, Diosdado Cabello, informó que habían sido detenidos por conspiración Pedro Velasco Prieto, presidente del circuito judicial penal del estado Zulia; Maurelis Vilches Prieto, jueza del estado Zulia; Maryol Plaza Hernández, jueza del estado Zulia; y los fiscales Francisco Urdaneta y José Gregorio Rondón. El 24.11.24 fue detenido el ex gobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA APORTAR EN LA REDEMOCRATIZACION DEL PAÍS?

• Las organizaciones sociales del país deben denunciar la pretensión de juramentar un gobierno de facto, a partir del 10 de enero de 2025, que no emana de la voluntad popular.
• La sociedad civil debe prepararse para seguir trabajando en condiciones de mayor restricción, manteniendo el apoyo a sus beneficiarios y tomando las medidas de resguardo y protección a sus integrantes en terreno.