Escenarios nro 22

11 de noviembre 2024
Boletín quincenal de análisis estratégico dirigido a la sociedad civil venezolana
(English version below)

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Desde una perspectiva de derechos humanos uno de los acontecimientos relevantes fue la declaración de “inadmisible” del recurso de nulidad interpuesto por la abogada constitucionalista María Alejandra Díaz Marín, a nombre del Frente Democrático Popular (FDP). La iniciativa había introducido un recurso de amparo constitucional “por la abstención, omisión o carencia” en la que habría incurrido el Consejo Nacional Electoral (CNE) al no haber publicado los resultados pormenorizados luego de los comicios del 28-J. Además, la sentencia 0603 suspende temporalmente del ejercicio profesional a Díaz Marín y la obliga a pagar una multa “equivalente a 100 veces el monto de la tasa más alta que a diario publica el Banco Central de Venezuela (BCV)”, que en este caso es el euro, alrededor de 5.000 euros.

Díaz Marín, quien es una conocida activista revolucionaria y ha sido vocera del llamado “chavismo disidente”, calificó la decisión como “un abuso. Es una extralimitación y una clara advertencia al ejercicio libre de la política”. Por su parte, en un comunicado el Partido Comunista de Venezuela (PCV) expresó: “Rechazamos la criminalización y judicialización de las luchas de nuestro pueblo en los terrenos político, económico, social y cultural”. La decisión del TSJ se convierte en una preocupante jurisprudencia, que inhibirá las peticiones legales de abogados de víctimas de violaciones de derechos humanos al sistema de administración de justicia.

Según el análisis de la ONG Acceso a la Justicia la Sala Constitucional del TSJ ha cerrado las posibilidades judiciales de impugnación de los resultados del 28-J, luego que las sentencias 211 y 212 con los que declaró inadmisibles los recursos de revisión introducidos por los excandidatos presidenciales Enrique Márquez y Antonio Ecarri.

DIosdado Cabello advirtió a opositores que si no reconocen el triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales, no podrán postularse como candidatos a las próximas elecciones regionales: “El que no se monte en ese tren se queda sin pasaje”. Sobre el asesinato de Edwin Santos, Cabello aseguró que las organizaciones de derechos humanos, entre las que nombró a Provea, que habían afirmado que había sido detenido, deberán presentar a los testigos. “va a haber justicia para que haya paz”, amenazó el actual ministro de Interior y Justicia. Por su parte Maduro propuso separar elecciones de alcaldes, gobernadores y el Parlamento en 2025. Afirmó que deberían hacerse primero las municipales, después las regionales y por último las parlamentarias.

El 31.10.24 la Asamblea Nacional ratificó como Fiscal General y Defensor del Pueblo a Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, designando como Contralor General de la República a Gustavo Vizcaíno. La iniciativa Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento calificó estas decisiones como una “mala señal” tanto para las víctimas como para toda la sociedad.

Como parte de la campaña de propaganda y legitimación, el gobierno inició el 04.11.24 el “Foro Parlamentario Mundial Antifascista” en Caracas.  La empresa matriz de la operadora Movistar en Venezuela, Telefónica, deberá pagar 85,2 millones de dólares al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para resolver una investigación en la que se determinó que hace 10 años, en el 2014, la compañía sobornó a funcionarios del gobierno venezolano con el fin de obtener dólares preferenciales. Los sobornos incluyeron viajes de lujo y relojes.

¿SE MANTIENE LA POSIBILIDAD DE RESOLVER EL CONFLICTO POR MECANISMOS POLÍTICOS

Las autoridades se preparan para gobernar, sin legitimidad de origen, por seis años más. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la reforma de la Ley Orgánica de Comunas, en la que se estipula la remoción de los voceros comunales si incurren en “conductas fascistas y neofascistas”. Diosdado Cabello, quien representa el ala dura del oficialismo, ha ganado influencia luego de la derrota electoral de Nicolás Maduro y de su jefe de campaña, Jorge Rodríguez.

Las tensiones diplomáticas con Colombia y Brasil, tradicionales aliados del oficialismo, se mantienen. Como una muestra de la actual ausencia de comunicación entre el Palacio de Nariño y el Palacio de Miraflores, el presidente Petro hizo pública una misiva, a través de la red social X, en la que pedía a Nicolás Maduro reconsiderar la venta de la empresa Monómeros: “La privatización de la empresa (…) implicará el encarecimiento de los productos primarios agrícolas en nuestros países (…) esta decisión podría condenar a la pobreza y el hambre a millones de personas que representan la base de la soberanía alimentaria de nuestra región”.  Esta opinión se realiza en medio de tensiones crecientes en la diplomacia entre ambos países.

En el contexto de la participación de Venezuela en la COP16, el evento mundial más importante en el tema de la biodiversidad, el canciller Yvan Gil respondió la postura del gobierno colombiano: “el único que puede reconocer las elecciones es el pueblo de Venezuela”, señalando que la exigencia de publicación de resultados es “agua pasada”. Posteriormente Gil calificó las declaraciones de su homólogo colombiano como un “ataque por la espalda” y, posteriormente, de practicar la “diplomacia de micrófono”.

En el caso de Brasil declaraciones del 10.11.24 parecen sugerir que Lula da Silva quiere desescalar las fricciones entre ambos países.  En una entrevista declaró “Tenemos que tener mucho cuidado cuando lidiamos con otros países y otros presidentes. Yo creo que Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil (…) No puedo continuar preocupándome. Un día pelearme con Nicaragua, otro con Venezuela, otro pelearme con no sé quién”. Maduro había señalado que la Cancillería de Brasil trabajaba para Estados Unidos. Una acusación similar fue realizada, en un comunicado, por Jorge Rodríguez. El 30.10.24 el gobierno venezolano llamó a consultas a su embajador Manuel Vadell en Brasil. El 02.11.24, en un comunicado, el gobierno venezolano le pidió a Brasil “desistir de inmiscuirse en temas que solo competen a los venezolanos”.

Edmundo González se reunió con Giorgia Meloni, primera ministra de Italia; y el cardenal de Estado del Vaticano Pietro Parolín. En declaraciones de medios ratificó su intención de regresar a Venezuela y juramentarse como presidente el 10.01.25. El Ministerio Público ratificó solicitud de alerta roja de Interpol contra González Urrutia.

Asdrúbal Santana, detenido el 18.09.24, falleció bajo custodia policial. Entre las nuevas detenciones por razones políticas se encontraron Miguel Granados, militante de Vente Venezuela y Marcos Castillo, abogado y miembro del Comando ConVenezuela del estado Apure. Vente Venezuela denunció el allanamiento en el mismo estado.


¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA APORTAR EN LA REDEMOCRARIZACION DEL PAÍS?

Prepararse para un nuevo pico represivo: Es previsible que el régimen de Maduro intensifique la represión para acallar las voces disidentes tras su juramentación. La sociedad civil debe estar preparada para documentar de forma rigurosa cualquier violación de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.

Fortalecer la organización interna: Ante un escenario adverso, es fundamental que las organizaciones de la sociedad civil refuercen sus mecanismos de seguridad, de comunicación interna y de protección de sus miembros. Se deben implementar protocolos de seguridad para las protestas, estrategias para la protección de la información sensible y planes de contingencia para responder a la represión

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