Escenarios nro 18

ESCENARIOS #18 I 16 de septiembre 2024
Boletín quincenal de análisis estratégico dirigido a la sociedad civil venezolana
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¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Luego de la orden de detención contra Edmundo González Urrutía (EGU), en horas de la noche del 07.09.24, Delcy Rodríguez, quien ocupa los cargos de ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior, y vicepresidenta ejecutiva, informó que había salido del país rumbo a España, en circunstancias que fueron rechazadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios, de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida”, divulgó EGU a través de un audio. González se había refugiado primero en la embajada de Países Bajos y luego se trasladó a la de España, en medio de presiones gubernamentales, como el hostigamiento de sus familiares y el asedio a los refugiados en la embajada argentina en Caracas. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, calificó a EGU de “héroe”, agregando que “España no lo va a abandonar”, una manera de reaccionar a las tensiones que ocurrían ese día en Caracas. El 09.04.24 EGU divulgó un comunicado en sus redes sociales, que generó dudas sobre si continuaría o no la lucha política en el exterior. Tres días después divulgó un nuevo pronunciamiento, en el que afirmó “Mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable”. EGU ha iniciado una ronda de reuniones con personalidades españolas, como Pedro Sánchez, Felipe González y Mariano Rajoy. Con 177 votos a favor y 164 en contra, el Congreso de los Diputados en España aprobó el 11.09.24 una moción con la que insta a su Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. No obstante, el resultado refleja la polarización de las fuerzas políticas ibéricas respecto a la situación del país.

El 12.09.24 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Departamento del Tesoro de Estados Unidos, anunció sanciones individuales contra 16 funcionarios “alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo”. La lista incluye a líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como a funcionarios militares y de inteligencia “responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura”. Ese mismo día Antony Blinken, secretario de Estado en EEUU, agregó que se estarían tomando medidas para imponer “nuevas restricciones de visas” contra individuos que socavaron el proceso electoral y son responsables de actos de represión. “Hasta la fecha, el Departamento de Estado ha identificado a casi 2.000 personas como potencialmente sujetas a restricciones de visado”. El 02.09.24 el gobierno estadounidense incautó un avión vinculado al gobierno venezolano que se encontraba en República Dominicana. Cancillería emitió un comunicado de rechazo a la medida, en la que ratifican que la aeronave había venido siendo usada por Nicolás Maduro.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR LA POSIBILIDAD DE RESOLVER EL CONFLICTO POR MECANISMOS POLÍTICOS

El excandidato presidencial Enrique Márquez aseguró que en los próximos días acudirá a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para pedir que declare nula la sentencia de la Sala Electoral que validó el triunfo de Nicolás Maduro el 28J. Aunque politólogos dudan de su eficacia, opinan que generaría un precedente. La cooptación de las diferentes instituciones hace inviable una resolución actual del conflicto por la vía normativa.  

La anunciada reunión virtual entre los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro, Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro no termina de realizarse, aunque el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo la había anunciado para el 03.09.24. Las evidencias sugieren que Miraflores no aceptará ninguna reunión en dónde se cuestione el triunfo del gobierno en las elecciones del 28-J, y que sólo aceptará encuentros para realizar planes bilaterales o multilaterales de cooperación después del 10 de enero de 2025, fecha en que debe ser juramentado un presidente venezolano para los próximos 6 años. El 10.09.24 el viceministro de relaciones exteriores de Colombia, Jorge Rojas, realizó una visita oficial a Venezuela. Rojas destacó que Colombia seguirá apoyando a Venezuela “en su autonomía y en su soberanía” en un proceso hacia “la paz política, la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos”. También resaltó que para el 2024 se mantenía el objetivo de superar los 1.000 millones de dólares en el intercambio comercial entre ambos países.

La comunidad internacional sigue sin contar con herramientas eficaces de intervención en crisis como la venezolana. El 13.09.24 Stéphane Dujarric, portavoz del Secretario General de la ONU, aseguró que las sanciones individuales impuestas por Estados Unidos “no ayudan al proceso de diálogo en el país”, agregando: “Nuestra preocupación por el respeto a los Derechos Humanos y la falta de transparencia en los resultados electorales sigue siendo la misma”. No obstante, Naciones Unidas no tiene una estrategia pública sobre Venezuela. El 04.09.24 representantes de 13 de Relatorías y Grupos de Trabajo sobre derechos humanos de Naciones Unidas exigieron que las autoridades venezolanas pusieran fin a las violaciones de derechos humanos. La CIDH condenó las detenciones arbitrarias de niñas, niños y adolescentes en Venezuela en el contexto poselectoral. A la lista de presos políticos en el país se sumaron Nélida Sánchez, Coordinadora Nacional de Formación de Súmate; Jesús Superlano, dirigente regional del partido PPT; Abraham Chacón, alcalde del municipio Rangel; Leocenis García, coordinador del partido Prociudadanos y Yenni Barrios, líder comunitaria de Carora. La CIDH otorgó medidas cautelares a Perkins Rocha,  Eleanger Navas y Nélida Sánchez. 

Ante el previsible inicio de un nuevo pico migratorio de venezolanos el presidente Lula da Silva anunció que los trataría con responsabilidad y respeto: “El Gobierno federal tiene la obligación de ayudar a cuidar de la situación de esa gente. No queremos que vengan aquí y pasen más necesidades que las que ya pasaban en Venezuela”.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS?

– Las organizaciones sociales deben innovar estratégicamente frente a los cambios de contexto del país, asegurando las condiciones materiales y humanas de supervivencia frente a un cierre mayor del espacio cívico.

– La sociedad civil venezolana debe articular esfuerzos con otros actores regionales para mejorar las condiciones de acogida de los migrantes venezolanos en la región, incluyendo estatus migratorios para víctimas de violaciones de DDHH y defensores y defensoras de derechos humanos en el exilio.

– Activistas e iniciativas sociales deben acordar una estrategia y narrativa común frente al hito político que ocurrirá el próximo 10 de enero de 2025, cuando un nuevo presidente deberá ser juramentado en la Asamblea Nacional.  

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