Escenarios nro 09

ESCENARIOS #09 I 13 de mayo 2024
Boletín quincenal de análisis estratégico dirigido a la sociedad civil venezolana

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

El 08.05.24 Nicolás Maduro promulgó la “Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social frente al Bloqueo Imperialista”. La norma obliga a las empresas privadas a pagar al fisco el equivalente de hasta 15% del total de salarios y bonos que devengan sus empleados. Un día después anunció el lanzamiento de Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria, cuyos vértices de acción son: salud y alimentación, protección integral, movimiento de abuelos y abuelas de la patria, así como casa de abuelos y abuelas. Días antes, durante su alocución del 1 de Mayo, comunicó el incremento del ingreso mínimo integral indexado a 130 dólares. No obstante, la medida mantiene congelado el salario mínimo en 3,5 dólares mensuales, por lo que el aumento se cancelaría en dos bonos que no generan pasivos laborales. Ricardo Ríos, presidente de Poder & Estrategia, analizó este conjunto de medidas: “La estrategia pareciera ser ir anunciando aumentos y/o bonos escalonados en los próximos 70 días en una dinámica netamente electoral”. Agregó que “Una proporción muy importante del apoyo a Maduro, se concentra en los mayores de 55 y 60 años”. Sobre el origen de los recursos indicó: “Maduro instruyó al SENIAT a hacer ese pote para junio”.

El 07.05.24 el Fiscal General, Tarek William Saab, afirmó que Samark López –acusado de ser testaferro del ex ministro de petróleo Tarek El Aissami- había confesado la existencia de “una estructura mediática extorsiva utilizada para atacar a personas que no se alineaban con sus planes o intereses”. Saab señaló a varios periodistas: Daniel Lara Farías, Wender Villalobos, Norbey Marín, Sebastiana Barráez, Maibort Petit así como al portal Armando.info y Roberto Deniz y Ewald Scharfenberg. Armando.info rechazó las acusaciones, asegurando que eran una respuesta al inminente estreno del documental “Una pauta peligrosa: Descubriendo la corrupción en la Venezuela de Maduro”, realizado en conjunto con Frontline. El Caracas Press Club también refutó los señalamientos.

El 30.04.24 las ONG Alerta Venezuela (AV), Espacio Público y Voto Joven divulgaron el reporte “Barreras al registro electoral en el exterior”. Allí estimaron que la migración constituía el 25% de la población apta para votar, pero que debido a los retrasos deliberados y obstáculos, de ese total sólo un 1% logró acceder al Registro Electoral. Ligia Bolívar, directora de AV expresó: “Que el 25% de la población con capacidad de votar no pueda hacerlo, es un fraude preelectoral masivo y así debe ser denunciado”.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA Y LOS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS?

El 08.05.24 el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, declaró que a través de canales diplomáticos su gobierno mantiene conversaciones con diferentes sectores de Venezuela para aprobar un acuerdo, ratificado en plebiscito, que otorgue garantías una vez celebradas las elecciones presidenciales del 28 de julio. “Esperamos que las elecciones sean justas -agregó- competitivas y libres, y que al menos tengamos un proceso electoral aceptable. Sobre el posible plebiscito, añadió: “La propuesta del presidente Petro, que por cierto tiene el apoyo del presidente Lula, es ver si puede ser ratificado en un referéndum. Ese es el proceso en el que estamos trabajando ahora, que podamos garantizar una transición fluida el día después de la elección”. La propuesta no ha generado comentarios en las autoridades venezolanas, salvo Diosdado Cabello: “Ocúpese de los problemas internos de Colombia que tiene que jode, parejo, para que usted se esté metiendo en los asuntos internos de Venezuela; muy grosera esa declaración”.

La propuesta, inicialmente divulgada por los presidentes Petro y Lula, ha estimulado el debate sobre cuáles deberían ser las condiciones que permitan una transición a la democracia en Venezuela. El economista Víctor Álvarez ha divulgado un “Pacto de convivencia pacífica” a ser suscrito entre los diferentes candidatos, en la que propone una amnistía por delitos políticos, represión, abuso de poder y violaciones leves de derechos humanos, además del levantamiento de las sanciones económicas. Posteriormente, Álvarez ha incluido en su propuesta que Maduro sea “diputado vitalicio”. Por su parte, 90 organizaciones emitieron un comunicado en el que expresan que el cumplimiento estricto de la Constitución, con su prohibición de la discriminación por razones políticas, es suficiente aval para la transición. En el texto se plantea el respeto del debido proceso y del derecho a la defensa para todos los señalados por responsabilidad en delitos y violaciones de DDHH. Aunque la ruta electoral hasta el 28 de julio está llena de desafíos, en la medida que la campaña de María Corina Machado incrementa las expectativas sobre un posible cambio, la discusión sobre condiciones para la transición será más visible.

El 1 de mayo 2024 diferentes organizaciones gremiales convocaron a movilizarse en Venezuela en demanda de sus derechos laborales. Se registraron por lo menos 12 movilizaciones independientes en igual cantidad de estados del país (Carabobo, Anzoátegui, Yaracuy, Sucre, Lara, Táchira, Guayana, Aragua, Zulia, Apure, Falcón  y Distrito Capital). En la única localidad donde se reportaron incidentes fueron en la movilización realizada en la capital del país, donde un grupo de motorizados oficialistas agredieron, con golpes, a por lo menos 12 manifestantes y robaron un equipo periodístico en Plaza Venezuela. La actuación de los “Colectivos” genera preguntas: ¿Se permitirán movilizaciones de campaña opositoras en el municipio Libertador de Caracas?, ¿Actuarán “Los colectivos” para atemorizar y dispersar actos de proselitismo electoral del candidato Edmundo González? ¿El no uso de armas de fuego por parte de estos grupos revela un nivel de contención consecuencia del monitoreo internacional en derechos humanos? El Acuerdos de Barbados estableció: “Requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional”.

En un esfuerzo por ofrecer incentivos para unas elecciones “inclusivas y competitivas”, el 13.05.24 la Unión Europea decidió suspender temporalmente las restricciones de viaje de Elvis Amoroso, Socorro Hernández, Xavier Moreno Reyes y Leonardo Morales Poleo, que han desempeñado cargos en el Consejo Nacional Electoral. No obstante, el bloque europeo decidió prorrogar el resto de las sanciones hasta el 10 de enero de 2025. Aunque el canciller venezolano Yvan Gil ha calificado la decisión como “engañosa”, sugiere que la UE desea que su Misión de Observación Electoral pueda volver al país.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS?

– Mantener la denuncia sobre la campaña de criminalización, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra líderes políticos y sociales, periodistas y activistas de sociedad civil. Así como sobre la violación del debido proceso y del derecho a la defensa de los presos políticos.

– La sociedad civil, y especialmente el movimiento de derechos humanos, debe participar en la discusión abierta sobre las garantías o condiciones que harían posible una transición a la democracia en Venezuela.

– Junto a otras organizaciones con mandato electoral, se debe colaborar en aumentar los niveles de información de la ciudadanía sobre el proceso electoral y sobre el ejercicio del derecho a la participación mediante el sufragio.