ESCENARIOS #04 I 04 de marzo 2024
Boletín quincenal de análisis estratégico dirigido a la sociedad civil venezolana
¿QUÉ HAY DE NUEVO?
El viernes 01.03.24 la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) desestimó las apelaciones del Estado venezolano y confirmó la reanudación de las investigaciones por crímenes contra la humanidad en el país. En su respuesta a los alegatos del gobierno, la Sala de Apelaciones sentenció que a pesar que las autoridades afirman que realizan “17.000 investigaciones”, no suministraron información suficiente de sus actuaciones sobre intereses jurídicos protegidos por los crímenes contra la humanidad, y que en los casos denunciados de tortura no se demostró medida investigativa alguna “destinada a explorar posibles patrones de criminalidad, nexos entre esos crímenes aislados y otros crímenes similares, o la existencia de una política”.
El gobierno venezolano expresó su desacuerdo con la decisión, afirmando que “Esta maniobra ha sido construida a partir de un reducido conjunto de delitos”, reiterando que “no es necesario ni apropiado que la Fiscalía lleve a cabo investigaciones separadas o adicionales”. Sin embargo, ratificó su colaboración con el tribunal internacional. En su comunicado las autoridades criticaron que la CPI no haya invertido tiempo y recursos en el conflicto en Gaza, énfasis que protagonizó la propaganda oficial en respuesta. La reacción es diferente a la expresada recientemente con otros organismos de protección, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, a quienes por un tuit sobre desaparición forzada fueron expulsados de Venezuela. “Escenarios” consultó con abogados expertos en derechos humanos sobre las razones oficiales de mantener la colaboración con la CPI. Para Andrea Santacruz, de Civilis DDHH, “El Estado tiene aún oportunidades de maniobra jurídica, por eso sigue en ese terreno. Mantenerse en el juego le da incluso más oportunidad de hacer que el proceso sea más lento, y si avanzan con un primer caso, hará uso del artículo 19 del Estatuto de Roma. Pueden seguir en la que ha parecido su estrategia hasta ahora, la de forzar un proceso largo, a ver si algo ocurre en el camino que le beneficie”. Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, coincide: “aunque ya lo que procede es la presentación de un caso, cuando ocurra se pueden interponer razones de inadmisibilidad, y allí habrá nuevas batallas jurídicas”.
¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA Y LOS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS?
Como reflejaron las declaraciones oficiales previa a la Cumbre sobre Venezuela organizada por el presidente Gustavo Petro en Bogotá, abril 2023, voceros del Alto Gobierno solicitaron la suspensión de la investigación por parte de la CPI como un requisito adicional para el proceso de negociación con la oposición del país. No obstante, la opinión que la acción de los organismos internacionales de protección a DDHH obstaculiza la posibilidad de una transición también es compartida por un sector del país.
La reacción sobre las condiciones de detención de la defensora de DDHH Rocío San Miguel, que incluyeron durante varios días la desaparición forzada y hasta ahora violaciones graves del debido proceso, incluyendo al imposibilidad de ser representada por abogados de su confianza, sugiere que hay mayor sensibilidad gubernamental a las acusaciones sobre perpetración de crímenes contra la humanidad. Esta respuesta pudiera aumentar la influencia de los organismos policiales y militares sobre Miraflores; Iniciar un nuevo ciclo de persecución contra quienes documentan y visibilizan graves violaciones de DDHH; así como incrementar la censura en medios de comunicación y RRSS.
El 22.02.24 se conoció que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) había convocado a un grupo de periodistas a un taller para “desestigmatizar denuncias de tortura”. En este contexto una de las personas señaladas de participar en la conspiración denominada “brazalete” blanco, Ronald Ojeda, fue secuestrado el 21.02.24 en Santiago de Chile y asesinado. Su cuerpo fue encontrado días después, enterrado en una maleta debajo de una estructura de cemento. Ojeda había sido expulsado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y se encontraba asilado en Chile. La Fiscalía sureña mantiene la investigación, mientras los diarios del país divulgaron partes del diario de Ojeda, que había entregado a su hermano antes de su secuestro, en el que relata irregularidades en las Fuerzas Armadas y las torturas recibidas mientras estuvo detenido.
El 01.03.24 las autoridades de la Asamblea Nacional (AN) entregaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) un documento con 27 fechas propuestas para las elecciones presidenciales. El documento, suscrito por el gobierno con sectores de la oposición, fue titulado “Acuerdo Nacional sobre Principios Generales, Calendario y Garantías Electorales”. Sobre ese documento Nicolás Maduro aseguró: “yo me atreví a llamarlo acuerdo amplio de Caracas ahora nos guiamos por el acuerdo de Caracas”.
Las anteriores situaciones ocurrieron cuando se discute la capacidad de la comunidad internacional de contar con mecanismos de presión al gobierno venezolano. Las responsabilidades penales establecidas por la CPI son de carácter individual. Por tanto, el avance de su investigación tendría la posibilidad de generar efectos de mayor cohesión o, por el contrario, un debilitamiento de la coalición dominante. El trabajo de la CPI sobre Venezuela, por primera vez en la región, ha generado el peor daño reputacional al gobierno de Nicolás Maduro. La decisión de la Sala de Apelaciones aumenta la posibilidad de la sustitución de los actuales altos funcionarios del Poder Moral, especialmente del fiscal general de la República, en momentos en que Maduro ha iniciado la campaña electoral por una nueva reelección.
En opinión de David Smilde “El desencadenante más importante de los diversos episodios de represión autoritaria de Maduro no han sido las acciones de Estados Unidos sino simplemente la capacidad de la oposición para desafiar el control de Maduro sobre el poder ejecutivo”. En una encuesta de Datincorp 55% de las personas votarían por María Corina Machado (MCM) y 14% por Nicolás Maduro (NM). La mayor emoción que despierta MCM es “alegría” con 42%, mientras que la de NM es “rabia” con 23%.
¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS DE CONTINUAR LA INVESTIGACION DE LA CPI?
– Mantener el trabajo de documentación de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo situaciones calificadas como delitos contra la humanidad, generando estrategias novedosas de difusión para superar la censura.
– Realizar una acción estratégica de difusión de información sobre las competencias de la Corte Penal Internacional y el memorando de entendimiento con las autoridades, que maneje las expectativas y contrarreste las narrativas oficiales.
– Mantener la campaña por la liberación de Rocío San Miguel y Javier Tarazona, comunicando cómo las violaciones al debido proceso y la ausencia de independencia del poder judicial afectan al ciudadano común, así como la necesidad de reformar el sistema de justicia en beneficio de toda la población.
– Posicionar la opinión sobre garantías de no persecución en el futuro, desde una perspectiva de principios en derechos humanos.
Laboratorio de Paz 