Un grupo de organizaciones de la sociedad civil venezolana e internacional expresó su preocupación ante la reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de autorizar nuevas operaciones vinculadas al sector minero venezolano, especialmente al comercio de oro.
El pronunciamiento —suscrito por organizaciones ambientales, de derechos humanos y desarrollo— advierte que estas medidas, lejos de contribuir a una solución sostenible para Venezuela, podrían agravar problemas estructurales como la corrupción, la violencia y la destrucción ambiental.
¿Qué está pasando?
El gobierno de Estados Unidos emitió tres nuevas licencias (51A, 54 y 55) que permiten:
- Reabrir canales para la comercialización de oro venezolano
- Facilitar acuerdos de inversión en el sector minero
- Autorizar negociaciones y contratos futuros con actores vinculados a esta actividad
Aunque estas medidas se presentan como una flexibilización parcial de sanciones, las organizaciones firmantes advierten que pueden tener efectos muy graves en el contexto venezolano.
¿Por qué hay preocupación?
Las organizaciones explican que el problema no es solo económico, sino estructural:
1. Un sector minero controlado por redes ilegales
El sector minero en Venezuela —especialmente en el Arco Minero del Orinoco— no funciona como una industria normal. Está atravesado por:
- Grupos armados irregulares
- Redes criminales
- Actores estatales involucrados en economías ilícitas
Esto implica que cualquier dinero que entre al sistema puede terminar financiando violencia y corrupción .
2. Graves impactos ambientales y sociales
El modelo minero actual ha generado:
- Uso masivo de mercurio y contaminación de ríos
- Destrucción de áreas protegidas
- Afectación directa a pueblos indígenas
Las organizaciones alertan que estas nuevas licencias podrían profundizar un ecocidio en curso .
3. Falta total de transparencia
Uno de los puntos más críticos es que no existen garantías claras sobre el destino de los ingresos:
- No se asegura que el dinero llegue a cuentas públicas
- No hay mecanismos para evitar desvíos
- Existe alto riesgo de beneficiar a actores sancionados o redes ilícitas
Se estima que hasta el 90% del oro venezolano ha circulado fuera de controles oficiales .
4. Riesgo de “legalizar” oro ilegal
Las organizaciones advierten que estas medidas podrían facilitar:
- El blanqueo de oro extraído ilegalmente en Venezuela
- La entrada de oro de países vecinos a mercados internacionales bajo apariencia legal
Esto convertiría a Venezuela en un centro de lavado de oro ilícito a escala global .
¿Qué están pidiendo las organizaciones?
El comunicado hace un llamado directo al gobierno de Estados Unidos y a la comunidad internacional para:
- Revocar las licencias 51A, 54 y 55
- Restablecer controles estrictos sobre el comercio de oro venezolano
- Garantizar estándares ambientales y de derechos humanos
- Excluir cualquier actividad minera vinculada a grupos armados
- Proteger a las comunidades indígenas afectadas
Además, insisten en que no puede haber apertura económica sin condiciones claras de transparencia y rendición de cuentas.
Un mensaje de fondo
Las organizaciones firmantes plantean una idea clave para el debate venezolano:
No todo alivio de sanciones es positivo si fortalece estructuras ilegales.
No toda apertura económica contribuye a la transición democrática.
El futuro del país —señalan— no puede construirse sobre economías opacas, violencia territorial y destrucción ambiental.
Cierre
El comunicado concluye con un llamado a no normalizar prácticas que combinan:
- Corrupción
- Violaciones de derechos humanos
- Destrucción del medio ambiente
Y recuerda una condición fundamental:
La transparencia no es opcional: es la base de cualquier proceso legítimo de reconstrucción.
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Laboratorio de Paz 