(Caracas, 26.03.26) Un conjunto de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos expresó su preocupación ante el proceso en curso para la renovación de las autoridades del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en Venezuela, señalando que estas designaciones son clave para la reinstitucionalización democrática del país.
En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones destacaron que este proceso ocurre en un contexto político e institucional complejo, caracterizado por la continuidad de actores en el poder durante las últimas décadas. En este sentido, subrayaron que la elección del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo debería representar una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar la independencia de los órganos encargados de la protección de los derechos humanos.
Si bien reconocieron la existencia de candidaturas con trayectoria, capacidades técnicas y probidad, advirtieron sobre deficiencias importantes en el proceso de selección. Entre las principales preocupaciones mencionaron la falta de transparencia, la ausencia de participación de la sociedad civil en el comité de postulaciones y la escasa información pública sobre los criterios de evaluación.
Asimismo, señalaron que estas fallas debilitan la confianza en el proceso y ponen en duda que las designaciones se realicen bajo estándares de independencia, pluralidad y rendición de cuentas. A su juicio, este proceso constituye un indicador clave de la voluntad real de avanzar hacia una transición democrática.
Las organizaciones enfatizaron que la designación de estas autoridades no debe ser tratada como un trámite administrativo ni como un acuerdo político entre élites, sino como una decisión fundamental para garantizar el Estado de derecho, combatir la impunidad y proteger los derechos humanos.
En ese sentido, exhortaron a las autoridades a:
- Garantizar la transparencia en todas las etapas del proceso.
- Publicar los criterios de evaluación de las candidaturas.
- Permitir la participación y el escrutinio público de la sociedad civil.
- Asegurar que las designaciones respondan a criterios de mérito, independencia y compromiso con los derechos humanos.
Finalmente, reiteraron que cualquier proceso de designación de altas autoridades debe formar parte de un esfuerzo más amplio orientado a la reinstitucionalización democrática, incluyendo la recuperación de la independencia de los poderes públicos y el respeto al orden constitucional.
Las organizaciones firmantes indicaron que continuarán monitoreando el proceso y manifestaron su disposición a contribuir a la construcción de instituciones públicas legítimas, independientes y comprometidas con la dignidad humana
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