English below
(Caracas, 24 de febrero 2026) Laboratorio de Paz publicó el informe “Expediente Miguel Rodríguez Torres: Responsabilidad de mando, DDHH y transición democrática en Venezuela”, un documento que analiza la trayectoria institucional del exministro de Interior y Justicia durante las protestas de 2014 y evalúa su eventual regreso a altos cargos del sector defensa o seguridad desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos.
El informe se publica en un contexto en el que distintos actores políticos han planteado públicamente la posibilidad de que Rodríguez Torres pueda ocupar nuevamente responsabilidades estratégicas dentro del Estado venezolano. Ante ese escenario, el documento sostiene que los procesos de transición democrática exigen no solo cambios políticos formales, sino una revisión crítica del desempeño institucional de quienes ejercieron autoridad en períodos caracterizados por graves violaciones de derechos humanos.
Hallazgos centrales del informe
El documento examina la actuación de Rodríguez Torres como Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (2013–2014), período en el que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas y diversas organizaciones documentaron:
- Uso excesivo e indiscriminado de la fuerza contra manifestantes
- Detenciones arbitrarias masivas
- Tortura y malos tratos
- Violaciones sistemáticas del debido proceso
- Criminalización del disenso
- Militarización del control del orden público
- Persecución y estigmatización de defensores de derechos humanos
El informe destaca que la Misión de la ONU estableció la responsabilidad institucional de los más altos niveles del aparato de seguridad, incluyendo quienes ejercieron el rol de ministros de interior y justicia, en relación con los crímenes documentados desde 2014, aplicando el principio de responsabilidad de mando.
Asimismo, se analizan casos emblemáticos de estigmatización pública de víctimas y defensores de derechos humanos, así como la política de militarización adoptada durante las protestas, que desplazó el enfoque de seguridad ciudadana hacia una lógica de seguridad nacional.
Víctima posterior, pero con responsabilidad institucional previa
El documento reconoce que Rodríguez Torres fue posteriormente detenido y considerado víctima de persecución política. Sin embargo, subraya que dicha circunstancia no elimina la necesidad de evaluar su actuación previa en cargos de alta responsabilidad, especialmente en el marco de procesos de transición y garantías de no repetición.
Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, la condición posterior de víctima es independiente del análisis de la responsabilidad institucional derivada del ejercicio previo de funciones públicas.
La voz de las víctimas
El informe incorpora testimonios de personas que participaron en las protestas de 2014 y que denuncian que su eventual regreso a posiciones de poder enviaría un mensaje de impunidad y continuidad de prácticas represivas, afectando la confianza ciudadana en una transición democrática genuina.
Conclusión: incompatibilidad con una transición basada en DDHH
Laboratorio de Paz concluye que una transición democrática sostenible requiere:
- Reforma profunda del sector seguridad
- Control civil efectivo
- Evaluación de idoneidad basada en estándares internacionales
- Garantías de no repetición
- Centralidad de las víctimas
Según la organización Miguel Rodríguez Torres debe responder por su responsabilidad en la comisión de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo delitos contra la humanidad en Venezuela. La propia Misión de la ONU estableció que su responsabilidad no es sería solamente por ordenar la realización de los abusos sino también por omisión: “teniendo la autoridad efectiva para hacerlo, no adoptaron medidas de prevención y represión” La eventual designación de funcionarios asociados a períodos investigados por mecanismos internacionales podría debilitar los procesos de reforma institucional y enviar una señal contradictoria respecto al compromiso con la rendición de cuentas y los derechos humanos.
Para descargar el informe completo:
Laboratorio de Paz publishes report on Miguel Rodríguez Torres’ command responsibility and its incompatibility with a human rights–based democratic transition
Laboratorio de Paz has published the report “Dossier Miguel Rodríguez Torres: Command Responsibility, Human Rights and Democratic Transition in Venezuela”, a document that analyzes the institutional trajectory of the former Minister of Interior and Justice during the 2014 protests and evaluates his possible return to senior positions in the defense or security sector from the perspective of international human rights standards.
The report is released in a context in which various political actors have publicly raised the possibility that Rodríguez Torres could once again assume strategic responsibilities within the Venezuelan State. In light of this scenario, the document argues that democratic transition processes require not only formal political changes, but also a critical review of the institutional performance of those who exercised authority during periods characterized by serious human rights violations.
Key findings of the report
The document examines Rodríguez Torres’ tenure as Minister of the People’s Power for Interior, Justice and Peace (2013–2014), a period during which international bodies such as the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), the United Nations Independent International Fact-Finding Mission, and various organizations documented:
- Excessive and indiscriminate use of force against demonstrators
- Mass arbitrary detentions
- Torture and ill-treatment
- Systematic violations of due process
- Criminalization of dissent
- Militarization of public order control
- Persecution and stigmatization of human rights defenders
The report highlights that the UN Fact-Finding Mission established institutional responsibility at the highest levels of the security apparatus in relation to the crimes documented since 2014, applying the principle of command responsibility.
It also analyzes emblematic cases of public stigmatization of victims and human rights defenders, as well as the militarization policy adopted during the protests, which shifted the public security approach toward a national security logic.
Later victim, but with prior institutional responsibility
The document acknowledges that Rodríguez Torres was later detained and considered a victim of political persecution. However, it emphasizes that this circumstance does not eliminate the need to assess his prior conduct in high-level positions of authority, particularly within the framework of transitional processes and guarantees of non-repetition.
From the perspective of international human rights law, a person’s subsequent status as a victim is independent from the evaluation of institutional responsibility arising from the prior exercise of public functions.
The voice of the victims
The report includes testimonies from individuals who participated in the 2014 protests and who warn that his possible return to positions of power would send a message of impunity and continuity of repressive practices, undermining public trust in a genuine democratic transition.
Conclusion: incompatibility with a human rights–based transition
Laboratorio de Paz concludes that a sustainable democratic transition requires:
- A deep reform of the security sector
- Effective civilian oversight
- Suitability assessments based on international standards
- Guarantees of non-repetition
- The centrality of victims
The possible appointment of officials associated with periods under investigation by international mechanisms could weaken institutional reform processes and send a contradictory signal regarding commitment to accountability and human rights.
Download the full report:
Laboratorio de Paz 