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(Caracas, 04 de febrero 2026) Las organizaciones defensoras de derechos humanos que suscribimos el presente comunicado manifestamos nuestro acuerdo con el anuncio realizado por la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, sobre el inicio de un proceso de discusión para la elaboración de una Ley de Amnistía que abarque el período 1999–2026, en tanto se trata de un tema urgente y de alto consenso nacional, vinculado a la superación de la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el país.
Consideramos que una Ley de Amnistía, debidamente concebida y discutida, puede constituir un instrumento relevante para avanzar en la restitución de derechos, la convivencia democrática y la reconstrucción del tejido social. Sin embargo, enfatizamos que el proceso de discusión y elaboración de dicha ley no debe convertirse en un obstáculo ni en una justificación para frenar o suspender la excarcelación inmediata de las personas detenidas por motivos políticos, quienes continúan privadas de libertad de manera arbitraria.
Es fundamental aclarar ante la opinión pública que la amnistía no equivale a un perdón generalizado, ni supone impunidad, ni mucho menos olvido. Por el contrario, debe entenderse como una herramienta excepcional, enmarcada en estándares internacionales de derechos humanos, orientada a la liberación de personas injustamente perseguidas y a la adopción de garantías de no repetición.
Reconocemos igualmente que un proceso de esta naturaleza requiere tiempo, consultas amplias y un debate serio y responsable. Si bien insistimos en que las excarcelaciones no deben paralizarse, también advertimos que el resultado final de la ley debería ser, necesariamente, producto de un proceso progresivo, que debe privilegiar la participación, la transparencia y el apego a las normas internacionales.
En este sentido, reiteramos que la eventual Ley de Amnistía ni es contraria, ni limita ni obstaculiza el funcionamiento de los mecanismos internacionales de justicia y protección de derechos humanos, incluyendo aquellos de carácter judicial, como la investigación realizada actualmente por la Corte Penal Internacional (CPI). La vigencia del derecho internacional y las obligaciones del Estado venezolano en esta materia deben ser plenamente respetadas.
Consideramos indispensable que los organismos internacionales de derechos humanos, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI), tengan un rol activo en los procesos de consulta, definición de criterios y análisis de casos, en articulación con las organizaciones nacionales de derechos humanos que, desde hace años, han documentado violaciones y acompañado a las víctimas.
Finalmente, subrayamos que, si bien la Ley de Amnistía constituye un primer paso urgente y de consenso nacional, este esfuerzo debe articularse con una agenda más amplia de transición democrática, que incluya memoria, verdad, justicia, reparación integral a las víctimas, reformas institucionales y garantías efectivas de no repetición. Solo así será posible avanzar hacia una Venezuela verdaderamente democrática, en paz y con pleno respeto a los derechos humanos.
Exigencias
En coherencia con lo anteriormente expuesto, las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos exigimos:
- La continuación inmediata y sin condicionamientos de las excarcelaciones de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, sin supeditar este proceso a la discusión o aprobación de la Ley de Amnistía.
- La publicación oportuna y completa del anteproyecto de Ley de Amnistía, a fin de que pueda ser conocido, evaluado y debatido de manera informada por las víctimas, organizaciones de derechos humanos, la academia, sectores sociales y demás actores interesados.
- Un proceso de discusión amplio, plural, transparente y participativo, que incorpore de forma efectiva a las organizaciones nacionales de derechos humanos y a los mecanismos internacionales competentes, en particular la OACNUDH y otros órganos del sistema internacional de protección.
- La garantía expresa de que la Ley de Amnistía no promoverá impunidad, no impedirá el acceso a la justicia ni limitará las obligaciones internacionales del Estado venezolano, ni el funcionamiento de los mecanismos internacionales de investigación y rendición de cuentas, incluidos los de carácter judicial.
- La articulación de la Ley de Amnistía con una agenda integral de transición democrática, que incluya memoria, verdad, justicia, reparación integral a las víctimas, reformas institucionales y garantías de no repetición
Reiteramos nuestra disposición a contribuir, desde una perspectiva de derechos humanos, a un proceso que permita avanzar hacia la libertad de las personas injustamente detenidas y hacia la construcción de una Venezuela democrática, plural y respetuosa de la dignidad humana.
Adhieren:
Caleidoscopio Humano
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal)
Cepaz
Civilis Derechos Humanos
Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos
Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento
Foro Penal
Fundaredes
Gritemos con Brío
La República TV
La TV Calle
Laboratorio de Paz
Nosotras por Todas
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+
Red de Derechos Humanos del estado Lara
Red de Derechos humanos en acción
Redes Ayuda
Transparencia Venezuela
Vicaría de DDHH Arquidiócesis de Barquisimeto
JOINT STATEMENT
Urgent contributions from civil society to the debate on the Amnesty Law
(Caracas, February 4, 2026) The human rights organizations undersigned in this joint statement express our agreement with the announcement made by the Executive Vice President, Delcy Rodríguez, regarding the launch of a discussion process for the drafting of an Amnesty Law covering the period 1999–2026, insofar as this is an urgent matter with broad national consensus, directly linked to overcoming the severe human rights crisis facing the country.
We consider that an Amnesty Law, properly conceived and debated, may constitute a relevant instrument to advance the restoration of rights, democratic coexistence, and the reconstruction of the social fabric. However, we emphasize that the process of discussion and drafting of such a law must not become an obstacle or a justification to halt or suspend the immediate release of persons detained for political reasons, who continue to be arbitrarily deprived of their liberty.
It is essential to clarify to public opinion that amnesty does not amount to a generalized pardon, nor does it imply impunity, much less forgetting. On the contrary, it should be understood as an exceptional tool, framed within international human rights standards, aimed at the release of persons unjustly persecuted and the adoption of guarantees of non-repetition.
We also acknowledge that a process of this nature requires time, broad consultations, and a serious and responsible debate. While we insist that releases must not be paralyzed, we also warn that the final outcome of the law should necessarily be the result of a progressive process, one that prioritizes participation, transparency, and adherence to international norms.
In this regard, we reiterate that any future Amnesty Law is neither contrary to, nor does it limit or obstruct, the functioning of international justice and human rights protection mechanisms, including those of a judicial nature, such as the investigation currently being carried out by the International Criminal Court (ICC). The validity of international law and the obligations of the Venezuelan State in this area must be fully respected.
We consider it indispensable that international human rights bodies, such as the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), and the International Criminal Court (ICC), play an active role in consultation processes, the definition of criteria, and the analysis of cases, in coordination with national human rights organizations that have, for years, documented violations and accompanied victims.
Finally, we underscore that while the Amnesty Law constitutes an urgent first step with national consensus, this effort must be articulated with a broader agenda for democratic transition, including memory, truth, justice, comprehensive reparations for victims, institutional reforms, and effective guarantees of non-repetition. Only in this way will it be possible to move toward a truly democratic Venezuela, at peace and with full respect for human rights.
Demands
In coherence with the foregoing, the human rights organizations and defenders demand:
• The immediate and unconditional continuation of the release of all persons arbitrarily detained for political reasons, without making this process contingent upon the discussion or approval of the Amnesty Law.
• The timely and complete publication of the draft Amnesty Law, so that it may be known, assessed, and debated in an informed manner by victims, human rights organizations, academia, social sectors, and other interested stakeholders.
• A broad, plural, transparent, and participatory discussion process that effectively incorporates national human rights organizations and competent international mechanisms, particularly the OHCHR and other bodies of the international protection system.
• An explicit guarantee that the Amnesty Law will not promote impunity, will not impede access to justice, nor limit the international obligations of the Venezuelan State, nor the functioning of international investigation and accountability mechanisms, including those of a judicial nature.
• The articulation of the Amnesty Law with a comprehensive agenda for democratic transition, including memory, truth, justice, comprehensive reparations for victims, institutional reforms, and guarantees of non-repetition.
We reiterate our willingness to contribute, from a human rights perspective, to a process that allows progress toward the freedom of unjustly detained persons and toward the construction of a democratic, plural Venezuela that respects human dignity.
Signatories:
Caleidoscopio Humano
Center for the Opening and Development of Latin America (CADAL)
Cepaz
Civilis Human Rights
Committee for the Freedom of Social Fighters and Political Prisoners
Human Rights of Venezuela in Movement
Foro Penal
Fundaredes
Gritemos con Brío
La República TV
La TV Calle
Laboratorio de Paz
Nosotras por Todas
Global Observatory on Communication and Democracy
Venezuelan Observatory of LGBTIQ+ Violence
Human Rights Network of Lara State
Human Rights in Action Network
Redes Ayuda
Transparency Venezuela
Human Rights Vicariate of the Archdiocese of Barquisimeto
Laboratorio de Paz 