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A un mes de lo ocurrido el 3 de enero, abundan los inventarios, las cronologías y los balances cerrados. Este texto propone otra cosa. No pretende fijar una interpretación definitiva ni ordenar los hechos bajo una narrativa tranquilizadora, sino ensayar conclusiones preliminares: hipótesis abiertas, lecturas parciales y preguntas incómodas sobre un acontecimiento que sigue produciendo efectos. Lo preliminar no alude aquí a falta de rigor, sino a la conciencia de estar ante un proceso en curso, cuyas derivas aún no se han estabilizado. Pensar el 3 de enero exige resistir la tentación del cierre rápido y asumir que su significado político dependerá menos de lo que ya ocurrió que de las decisiones —y omisiones— que se produzcan a partir de ahora.
01) El 3 de enero como paradoja
El 3 de enero venezolano condensa una paradoja política difícil de resolver sin incomodidad. Visto desde fuera —y especialmente desde miradas no venezolanas— el énfasis suele ponerse en la transgresión del multilateralismo, el debilitamiento del derecho internacional, el precedente para otras regiones y el retorno de lógicas de fuerza que muchos creían superadas. Desde esa perspectiva, el hecho aparece como un problema para el orden global más que como una respuesta a una crisis nacional específica.
Pero leído desde Venezuela, o desde la experiencia venezolana del autoritarismo prolongado, el foco se desplaza. Allí, el 3 de enero es percibido menos como un debate doctrinario y más como una oportunidad democratizante: la posibilidad —inesperada y abrupta— de iniciar un proceso de transición que había sido largamente bloqueado. Que ese quiebre haya sido consecuencia de un hecho de fuerza no borra el alivio social ni el respaldo pragmático que una mayoría expresa, no por convicción ideológica, sino por desesperación frente al cierre sistemático de todas las vías internas de cambio.
El 3 de enero es, al mismo tiempo, una transgresión del orden multilateral y una apertura para la democracia venezolana. Ignorar cualquiera de estas dos dimensiones empobrece el análisis y revela más el lugar desde donde se habla que la complejidad del acontecimiento.
02) El silencio militar como síntoma
La ausencia de una respuesta militar eficiente frente al ataque y la detención del 3 de enero no puede leerse como contención estratégica ni como cálculo racional. Es, ante todo, el resultado de un proceso prolongado de desinstitucionalización, corrupción y vaciamiento operativo de la Fuerza Armada venezolana. Un aparato que durante años fue reorganizado para el control interno, la lealtad política y la administración de rentas perdió su capacidad real de defensa territorial.
Aunque no se conocen pronunciamientos públicos de descontento, ni fracturas visibles en la cadena de mando, el silencio no implica ausencia de conflicto. A lo interno, el 3 de enero deja preguntas inevitables: por qué, aun con información previa sobre la posibilidad de un ataque, no se protegió el espacio aéreo; por qué no se impidió la captura de la máxima autoridad; por qué el principio elemental de defensa nacional fue sustituido por la pasividad, por qué hay cooperación, y no conflicto, con el país responsable de la agresión.
El colapso evidenciado el 3E no fue solo político. También fue institucional y militar. Expuso que el problema ya no era la correlación de fuerzas, sino la inexistencia de una fuerza, militar profesionalizada y operativa, en sentido pleno.
3) El hecho de fuerza fuera del manual
Durante años, las teorías de cambio sobre Venezuela se apoyaron en la lógica de los incentivos: elevar los costos de permanecer en el poder y ofrecer salidas que hicieran racional una transición negociada. Ocho iniciativas de diálogo demostraron, sin embargo, no solo la dificultad de alcanzar acuerdos, sino la imposibilidad de que estos fueran cumplidos por la élite bolivariana.
Tras la juramentación ilegítima de Nicolás Maduro para un nuevo período en 2025, el escenario quedó definitivamente bloqueado. Sin competencia electoral real, sin incentivos creíbles para la cesión de poder y con las presiones diplomáticas agotadas, la continuidad del régimen pasó a depender únicamente de la inercia autoritaria.
El 3E introduce así un elemento incómodo para el análisis de las transiciones contemporáneas: el “hecho de fuerza”. Un evento violento y exógeno que irrumpe allí donde los mecanismos clásicos de presión, negociación y sanción mostraron sus límites. No encaja en los manuales de democratización, resulta políticamente incorrecto y es rechazado por principios desde la defensa de los derechos humanos, pero la experiencia venezolana obliga a reconocerlo como expresión de la crisis del multilateralismo contemporáneo.
Ha sido ese hecho de fuerza el que, por primera vez, permitió hablar oficialmente de “convivencia” y “reconciliación”, propició excarcelaciones, impulsó una ley de amnistía y desmontó —al menos temporalmente— el clima de terrorismo de Estado. No es virtuoso ni deseable. Pero sin el bombardeo y la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, esa apertura simplemente no estuviera ocurriendo.
04) La huida hacia adelante del chavismo
El 3 de enero ha sido interpretado, casi exclusivamente, como una agresión de Estados Unidos, como el resultado de una estrategia impulsada por la oposición venezolana o como una traición de un sector del chavismo contra Nicolás Maduro. Todas esas lecturas existen y no se excluyen entre sí. Pero dejan fuera una hipótesis incómoda: que lo ocurrido también haya sido un intento del propio chavismo de resolver una crisis política que amenazaba su supervivencia.
Tras el fraude electoral del 28J, la corrupción estructural, la ineficacia de la gestión, la crisis migratoria y las graves violaciones de derechos humanos se personalizaron en Nicolás Maduro. En ese contexto, su permanencia dejó de aportar valor agregado y cohesión y pasó a convertirse en un lastre. Si el chavismo sin Chávez se entiende como una coalición de dominación —integrada por actores civiles, militares, económicos y políticos que se necesitan mutuamente—, Maduro ya no estaba garantizando equilibrio, sino acumulando costos.
Desde esta perspectiva, su desplazamiento y la apertura de un entendimiento con el enemigo histórico, Estados Unidos, pueden leerse como una jugada pragmática orientada a la estabilización política y, sobre todo, económica. Una agenda asociada al entorno de los Rodríguez que no surge de la noche a la mañana, sino que habría comenzado a negociarse meses antes de la presencia de los buques estadounidenses.
El momento actual abre una oportunidad y revela a un chavismo en búsqueda de un nuevo punto de equilibrio. Pero no a un chavismo rehén de Estados Unidos, como sugieren algunos, ni a una víctima de fuerzas externas, como sostienen otros. Lo que aparece es un actor con agencia propia, dispuesto a alianzas impensables y a giros abruptos con tal de preservar su continuidad en el poder.
05) La convergencia provisional de dos agendas
En este primer mes han coincidido, de forma funcional, dos agendas que no son equivalentes. Por un lado, Estados Unidos ha planteado un plan para Venezuela estructurado en tres fases —estabilización, recuperación y transición— con énfasis en el orden, la gobernabilidad y la normalización institucional. Por el otro, las autoridades venezolanas han preferido un lenguaje político distinto, centrado en la “reconciliación”, la “paz” y la “convivencia”.
Ambas narrativas han logrado superponerse sin fricción visible. En el corto plazo, sus intereses convergen: desescalar el conflicto, contener la violencia, administrar la crisis y producir señales mínimas de normalización. Esa coincidencia ha permitido acuerdos operativos y gestos mutuos que, aunque parciales, habrían sido impensables semanas atrás.
Pero la colusión es frágil. La pulsión estructural del régimen bolivariano ha sido, históricamente, la autopreservación. Todo indica que intentará cumplir los compromisos del llamado “nuevo momento político” de una manera compatible con su propia supervivencia, reinterpretando tiempos, alcances y contenidos. La tensión entre una agenda de transición y una agenda de conservación del poder no está resuelta: apenas ha sido postergada. De cómo y cuándo emerja dependerá, en buena medida, el rumbo inmediato de Venezuela.
06) La militarización como dispositivo interno
Durante semanas, Nicolás Maduro construyó un relato de amenaza permanente, de victimización. Anunció escenarios de guerra, habló de invasiones inminentes, prometió convertir a Venezuela en “otro Vietnam” y exhibió, de forma recurrente, capacidades militares supuestamente disuasivas: sistemas antimisiles, radares, drones de fabricación iraní, milicias territoriales y entrenamiento armado de civiles. Todo ello fue presentado como preparación para una agresión extranjera largamente anunciada.
El 3E demostró el vacío de ese discurso. No solo no hubo una respuesta defensiva eficaz en el momento del ataque, sino que tampoco existió un plan posterior para enfrentarlo. No se activaron protocolos visibles, no se produjeron detenciones relevantes de actores sospechosos, ni se desplegó una estrategia de contención interna acorde con los escenarios que el propio gobierno había anticipado durante años.
La conclusión es incómoda pero evidente: ese aparato militar nunca estuvo orientado a disuadir o enfrentar a un adversario externo real. Su función principal fue otra. Servir como herramienta de control interno, intimidación social y cohesión forzada de lealtades, especialmente tras el 28 de julio. La retórica bélica, más que preparación para un conflicto que nunca sería, fue parte del repertorio del terrorismo de Estado.
07) El colapso simbólico del bolivarianismo
Desde hace tiempo se repite que el chavismo se ha convertido en un movimiento sin épica, sin promesa redentora de futuro y sin horizonte transformador. Lo que queda sería un aparato dedicado al mantenimiento del poder. El giro posterior al 3E confirma esa mutación: una renovación tecnocrática, más pragmática que ideológica, que no es necesariamente más democrática, y cuyo éxito político aún está por verse.
Si el 28J representó la derrota política del chavismo —al perder su pretensión de representar a las mayorías del país— y el 3E expuso su derrota militar y el sinsentido de su “unión cívico-militar-, lo que se despliega desde entonces es una derrota de otro orden: la capitulación moral del bolivarianismo venezolano.
El mito fundacional del antiimperialismo, columna vertebral de su identidad durante más de dos décadas, ha sido abandonado sin demasiadas explicaciones. No por convicción, sino por necesidad. La alianza funcional con Estados Unidos, impensable en otro momento, no es presentada como una traición ideológica, sino como una adaptación pragmática para garantizar la continuidad del poder y la estabilización económica.
Lo que se erosiona no es solo un relato, sino una fuente de sentido. El bolivarianismo sobrevive, pero ya no como proyecto histórico ni como promesa colectiva. Sobrevive como gestión, como cálculo y como administración del presente. Y esa pérdida —más que cualquier derrota electoral o militar— marca un punto de no retorno.
08) La excarcelación como confirmación
La excarcelación de presos políticos y el anuncio de una ley de amnistía tienen un peso innegable en el contexto actual. Nos alegramos por quienes han recuperado su libertad y por las familias que han podido reencontrarse tras años de separación forzada. Ninguna lectura política debería perder de vista esa dimensión humana.
Pero, precisamente por eso, conviene ser cautelosos con el gesto. Durante años, ninguna presión diplomática logró sacar a esas personas de los umbrales de la prisión. Ni siquiera los Estados extranjeros consiguieron la liberación de sus propios connacionales. Su liberación parcial no inaugura una nueva lógica: confirma la que siempre se denunció.
El chavismo utilizó la privación de libertad como herramienta política. Acumuló más de un millar de detenidos no solo para castigar o intimidar, sino para reservarlos como fichas de negociación. Se acumularon tal cantidad de cuerpos tras los barrotes esperando un momento como este. La excarcelación progresiva, incluyendo una “ley de amnistía”, no contradice esa práctica: la hace visible. Ninguna negociación es unilateral, y la excarcelación tendrá contrapartidas, explícitas o implícitas: tolerancia internacional para mantenerse en el poder, tiempo para recomponer la economía, margen político antes de cualquier convocatoria electoral.
La liberación de presos políticos no es, por sí misma, una señal de transición. Es la ratificación de que su encarcelamiento siempre fue instrumental. Y podría volver a serlo en el futuro, si no existe la modificación de las estructuras y las lógicas que encarcelaron personas por pensar distinto. Y por ahora, estamos esperando esas señales.
9) La diplomacia después del fracaso
El retorno de la embajada de Estados Unidos a Venezuela es un gesto de alto impacto político. Supone la presencia permanente de un actor con capacidad real de monitoreo sobre el terreno y con instrumentos efectivos para exigir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Esa presencia introduce un factor de disuasión que puede ampliar los márgenes de acción de la sociedad venezolana, generando condiciones para que más personas hablen, se organicen y se movilicen de maneras que, hasta el 2 de enero, resultaban impensables.
Este regreso confirma, además, una diferencia que el debate público suele diluir: no toda la diplomacia internacional opera con el mismo peso ni con las mismas herramientas. La experiencia reciente muestra que Estados Unidos sí dispone de mecanismos coercitivos y de presión capaces de incidir sobre autoritarismos como el venezolano, incluso cuando otras vías habían sido sistemáticamente bloqueadas.
El problema emerge cuando ese retorno se convierte en antesala de una normalización diplomática más amplia, de países que siguen operando bajo la lógica de la “buena fe” en las relaciones interestatales. Otras embajadas y cuerpos diplomáticos seguirán previsiblemente el mismo camino, regresando al país sin que exista una reflexión sobre por qué sus propias herramientas resultaron ineficaces durante años. Ni la congelación de relaciones ni los llamados formales lograron contener el abuso de poder, tampoco garantizar la protección de sus connacionales, que terminaron convertidos en presos políticos.
En esas condiciones, la reactivación diplomática general puede terminar siendo funcional a la recomposición del autoritarismo y a la búsqueda de un nuevo punto de equilibrio por parte del chavismo. La cuestión no es la presencia internacional en sí, sino su calidad y sus aprendizajes. Mientras una diplomacia demostró tener colmillos, otras regresan sin haber explicado por qué, cuando más se las necesitó, carecieron de ellos.
10) Transición sin deliberación
La reforma de la Ley de Hidrocarburos se presenta como una decisión urgente y pragmática. La mayoría de los actores políticos coinciden en mantener la cooperación con Estados Unidos y en facilitar la inversión privada en el sector petrolero, considerado clave para la estabilización económica.
Sin embargo, el peso del Estado en la industria petrolera ha sido históricamente uno de los debates más sensibles y no resueltos de la sociedad venezolana. Durante años, el chavismo defendió la “soberanía petrolera” y descalificó cualquier apertura como privatizadora, aun cuando impulsó esquemas híbridos como las empresas mixtas. Que hoy se avance hacia otro modelo no es, en sí mismo, el problema central.
Lo preocupante es el procedimiento. Una reforma tan trascendental como esta se aprobó en menos de un mes, sin debate público ni deliberación nacional. Se asume la existencia de un consenso que en realidad no ha podido expresarse libremente, en un contexto marcado por el miedo, la autocensura, el colapso de PDVSA y la estigmatización de posiciones críticas.
El precedente que se abre es peligroso: una transición —en este caso hacia otro modelo petrolero— sin deliberación democrática. Si la urgencia basta para redefinir áreas estratégicas, ese método puede extenderse a otros ámbitos. El riesgo no está solo en el contenido de la reforma, sino en que la excepcionalidad se convierta en la normalidad del “nuevo momento político” del país.
11) El control del relato como condición
Si el escenario posterior al 3E admite gestos parciales de apertura, hay uno donde no cabe esperarla: la libertad de expresión. El chavismo necesita controlar la narrativa interna del país, especialmente aquella que debe circular entre sus propias bases civiles y militares para dotar de sentido a lo ocurrido y preservar la cohesión del bloque de poder.
Es cierto que, a partir de la grieta abierta el 3E, algunos actores políticos y sociales han comenzado a ejercer libertades que antes resultaban impensables. Pero esos márgenes tienen límites claros. Las represalias contra el canal Venevisión, tras transmitir declaraciones de María Corina Machado, confirman que en materia de libertad de expresión no existe ni interés ni voluntad de conceder espacio alguno.
La administración del relato es central en este momento. Informaciones sobre negociaciones previas para entregar a Nicolás Maduro, sobre la aprobación estadounidense de un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, sobre los términos de la colaboración económica con Estados Unidos o sobre el grado de tutela política de la Casa Blanca deben ser contenidas. Permitir que esos debates se expresen libremente erosionaría la frágil recomposición interna del chavismo que está desarrollándose en este momento.
Hay, además, una continuidad estructural. Desde la ausencia de Hugo Chávez, los hermanos Rodríguez han controlado la política comunicacional estatal. Bajo Maduro, el ministro de Comunicación fue un operador directo de Jorge Rodríguez. El actual titular del despacho responde al entorno de Delcy Rodríguez. Cambian los contextos y los discursos, pero no la racionalidad: el control de la palabra pública sigue siendo una condición indispensable para la supervivencia del poder.
12) Las elecciones como problema político
Tras el 3 de enero, el tema electoral ha quedado en una zona de ambigüedad. Delcy Rodríguez asumió la presidencia sin que la Asamblea Nacional declarara formalmente la falta temporal del presidente, como exige el artículo 234 de la Constitución. Su legitimidad no deriva de un procedimiento constitucional, sino de un acuerdo político con Estados Unidos. No se trata de un debate jurídico menor, sino de una cuestión central: cómo y cuándo se restablece una autoridad electa.
Aunque Washington habla de transición y de elecciones en “algún momento”, la ausencia de una fecha concreta revela un problema de fondo. Los comicios no están anclados a un calendario constitucional, sino a un entendimiento político cuyos términos no han sido explicitados La estrategia oficialista es que nuevas emergencias en la situación internacional demanden interés de Estados Unidos a mediano plazo, y que ello derive en un menor seguimiento de la situación venezolana, incluyendo la demanda de elecciones.
En este primer mes, pocos actores han exigido elecciones; algunos las consideran inconvenientes por la necesidad de estabilizar la economía, otros por la falta de condiciones mínimas. Mientras tanto, los tiempos de la redemocratización permanecen indefinidos.
En ese vacío, la excepción corre el riesgo de normalizarse. Corresponde a la sociedad civil exigir el restablecimiento pleno de las garantías para el ejercicio del derecho a la participación política, incluida la realización de elecciones libres y verificables. No hacerlo puede allanar el camino a la estrategia implícita del nuevo bloque de poder: ganar tiempo, estabilizar la economía y llegar a 2030 en mejores condiciones para disputar un evento electoral bajo reglas redefinidas.
13) la espera como forma de política
Lo ocurrido el 3 de enero fue extraordinario desde múltiples puntos de vista. Los bombardeos y la detención de Nicolás Maduro derrumbaron la sensación de intocabilidad del autoritarismo. Que todo ello ocurriera dejando intacta al resto del chavismo produjo una mezcla de shock y conmoción que necesitó tiempo para ser procesada y dotada de sentido.
Superado el asombro inicial, se ha instalado una actitud de espera. Amplios sectores de la sociedad venezolana, incluidos gremios y actores organizados, parecen asumir que la tutela de Estados Unidos conducirá, casi de forma automática, a la redemocratización del país. Esa expectativa descarga la responsabilidad política hacia afuera y convierte a la ciudadanía en espectadora de un proceso que otros conducirían.
Pero los conflictos no se resuelven solo por presiones externas, sino por la síntesis de sus tensiones internas. El momento actual admite desenlaces distintos: una transición democrática, como la imagina Washington, o un nuevo esquema de “convivencia” administrada, como lo conciben los Rodríguez. La diferencia entre uno y otro no la marcará la paciencia, sino la acción. Corresponde a la sociedad venezolana colocar sus propias demandas en la agenda redemocratizadora —derechos, garantías, elecciones— y disputar el sentido de lo que viene. Permanecer en la pasividad expectante es, también, una forma de delegar el futuro.
13 Preliminary Conclusions on 3E
One month after what happened on January 3, inventories, chronologies, and closed assessments abound. This text proposes something else. It does not seek to fix a definitive interpretation or to order events under a reassuring narrative, but rather to sketch preliminary conclusions: open hypotheses, partial readings, and uncomfortable questions about an event that continues to produce effects. “Preliminary” here does not refer to a lack of rigor, but to the awareness of facing an ongoing process whose trajectories have not yet stabilized. Thinking about January 3 requires resisting the temptation of quick closure and accepting that its political meaning will depend less on what has already occurred than on the decisions—and omissions—that take place from now on.
Laboratorio de Paz 