(Caracas, 26 de enero de 2026). Ante la convocatoria de las autoridades a un “verdadero diálogo político” y la designación de una “Comisión para la Paz y la Convivencia”, Laboratorio de Paz ratifica que ningún espacio de participación será real si continúan vigentes las causas estructurales que han impedido y criminalizado el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos por parte de los venezolanos.
En días recientes, la designada “presidenta encargada” de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha propuesto la convocatoria a lo que denominó “un verdadero diálogo político”, que incluya tanto a sectores políticos “coincidentes” como “divergentes”. Seguidamente anunció la creación de una “Comisión para la Paz y la Convivencia”, dando a conocer una lista de 14 de sus integrantes.
Esta iniciativa ocurre en un escenario sociopolítico con dos características principales. La primera es la detención de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y el inicio de un gobierno tutelado por Estados Unidos, que ha anunciado un plan para el país basado en la “estabilización”, “recuperación” y “transición”. La segunda es el grave deterioro del espacio cívico en el país y el peor momento de debilidad de sus organizaciones sociales y gremiales, consecuencia de meses de aplicación del Terrorismo de Estado —como fue calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— que ha obligado a líderes políticos y sociales del país a la clandestinidad y al exilio forzado.
Por ello, una condición previa para que el país pueda hablar del inicio de un proceso de “diálogo”, “reconciliación” o “transición” es que existan garantías para que los venezolanos puedan hablar, asociarse y manifestarse sin miedo, condiciones que no existen en la actualidad. La necesaria intervención de la población no inicia, se agota ni termina en ninguna iniciativa promovida por las mismas autoridades que han violentado sistemáticamente la Carta Magna y los derechos humanos. La participación de los venezolanos en cualquier espacio solo será posible si pueden hacerlo, sin ningún tipo de temor ni coacción, a través de las asociaciones y gremios que los representan y que hoy han sido neutralizados por la represión y la persecución.
Las garantías necesarias para que los venezolanos puedan recuperar su propia voz son las siguientes:
a) Libertad plena para todos los presos políticos
b) Suspensión del Decreto de Estado de Conmoción Exterior
c) Respeto irrestricto a los derechos de libertad de asociación y reunión, expresión e información y manifestación pacífica, conforme a la Carta Magna y a los estándares internacionales en DDHH
d) Suspensión de las causas abiertas contra todas las personas excarceladas en el pasado y que hoy se mantienen bajo un régimen de medidas sustitutivas de libertad
e) Suspensión de los bloqueos de medios y de las políticas de censura ordenadas por Conatel
f) Remoción de sus cargos de los altos funcionarios policiales y militares responsables de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo al Fiscal y al Defensor del Pueblo
g) Restitución jurídica de los partidos políticos confiscados por las autoridades y devolución de sus tarjetas
h) Garantías para su vida, libertad e integridad que permitan que los exiliados políticos y sociales puedan retornar al país y ejercer plenamente sus derechos.
El anuncio oficial constituye la novena iniciativa de diálogo político promovida por las autoridades bolivarianas, las cuales han servido en el pasado para dilatar el autoritarismo y dividir a las fuerzas democráticas. Está por verse si la anunciada Comisión será un nuevo ciclo de simulación o allanará el camino a la restitución de la democracia y los derechos humanos. La oportunidad abierta luego del 3 de enero debe ser aprovechada por la sociedad para recomponer y fortalecer sus gremios y asociaciones naturales, superando el miedo estructural impuesto y divulgando sus propias demandas para incidir en el curso actual de los acontecimientos.
Laboratorio de Paz 