El 3 de enero de 2026 quedará marcado como un momento de inflexión en la historia contemporánea de Venezuela. Explosiones, reportes de ataques aéreos en diversos puntos de Caracas y la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en el Fuerte Tiuna, el principal complejo militar del país, marcaron una escalada de incertidumbre para la sociedad venezolana.
Desde una perspectiva de derechos humanos, gran parte del análisis público ha girado en torno a las responsabilidades de Estados Unidos, un posible acuerdo que derivó en su detención o las causas geopolíticas que desencadenaron estos hechos. Sin embargo, es igualmente urgente abrir un debate sobre las decisiones del propio Estado venezolano que pusieron en riesgo a civiles, en particular la política de construir y mantener edificaciones residenciales dentro de Fuerte Tiuna, un espacio esencialmente militarizado.
Fuerte Tiuna: una ciudad dentro de la ciudad
Fuerte Tiuna no es solo una base militar. A lo largo de los años, se ha convertido en un complejo urbano mixto, donde conviven infraestructuras de defensa —incluida la sede del Ministerio para la Defensa y la Comandancia General del Ejército— con edificaciones civiles, urbanizaciones y servicios públicos. La BBC describe este lugar como una “especie de ciudad” dentro de Caracas, con edificios residenciales y mercados donde viven familias enteras.
A partir del año 2011, con el lanzamiento de la llamada “Gran Misión Vivienda Venezuela”, las autoridades tomaron la decisión de crear dentro del complejo militar algo que denominaron “Ciudad Tiuna”: 146 hectáreas dentro del complejo militar, concebido como urbanismo residencial. En ese momento, las autoridades decidieron aprovechar al máximo el suelo urbanizado en Caracas, provisto de servicios básicos, para aumentar la densidad habitacional y mitigar la demanda de viviendas.
El proyecto fue pensado para más de 20 000 apartamentos, que albergarían 100.000 personas, con distintas etapas de construcción desde 2011 bajo la GMVV. Aunque no hay confirmación sobre la cantidad real de edificaciones levantadas, algunos medios aseguran que se construyeron 16.000 viviendas. En un discurso en la Asamblea Nacional, Hugo Chávez habló de 40.000 apartamentos.
Sin embargo, la cercanía de áreas civiles con instalaciones estratégicas plantea una cuestión que el derecho internacional humanitario (DIH) aborda claramente: los Estados tienen la obligación primordial de proteger a la población civil frente a los riesgos previsibles derivados de conflictos armados o tensiones militares. El DIH no establece una distancia métrica específica entre objetivos militares y civiles, pero sí exige que se tomen todas las medidas factibles para evitar situar a civiles en zonas de peligro y para mitigar los efectos de las hostilidades cuando esa proximidad es inevitable.
Lo que dice el derecho internacional humanitario sobre edificaciones como Ciudad Tiuna
El derecho internacional no establece una “distancia mínima” en metros entre instalaciones militares y viviendas civiles. Pero sí impone obligaciones claras, recogidas en normas vinculantes para Venezuela:
a) Precauciones contra los efectos de los ataques
El Artículo 58 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra obliga a los Estados, en la máxima medida factible, a:
– Alejar a la población civil de la vecindad de objetivos militares, y
– Evitar ubicar objetivos militares dentro o cerca de zonas densamente pobladas.
Cuando un Estado hace lo contrario —llevar vivienda civil a un complejo militar— entra en tensión directa con este estándar.
b) Prohibición del uso de escudos humanos
El Artículo 51.7 del mismo Protocolo prohíbe utilizar la presencia de civiles para proteger objetivos militares frente a ataques.
No se trata solo de intencionalidad explícita: mantener población civil en un objetivo militar sabiendo que ello aumenta el costo político y humano de un ataque puede constituir una violación grave.
c) DIH consuetudinario
La Regla 23 del Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, sistematizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, es tajante:
Las partes en conflicto deben, en la medida de lo factible, evitar ubicar objetivos militares dentro o cerca de zonas densamente pobladas.
El estándar es claro: la protección de civiles es prioritaria frente a consideraciones políticas o simbólicas.
Decisiones políticas y responsabilidades estatales
La construcción de viviendas para civiles dentro de Fuerte Tiuna no es un accidente urbano, sino el resultado de decisiones del Estado venezolano que han transformado un espacio estratégico de defensa en un entorno residencial. Estas decisiones tienen consecuencias directas cuando hay amenazas de confrontación o escaladas de violencia, como las que se vivieron la madrugada del 3 de enero de 2026.
Si le dieron la espalda a los estándares anteriores durante la construcción de “Ciudad Tiuna”, no hay evidencias que las autoridades tomaran medidas de protección a los residentes civiles de este urbanismo, a pesar de las reiteradas amenazas del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de un ataque al territorio venezolano. Estas medidas debieron de haberse tomado, especialmente si Nicolás Maduro había convertido al Fuerte Tiuna en su lugar de residencia permanente.
No solamente hubo la ausencia de entrenamientos a la población civil, como simulacros de evacuación o protección frente a un ataque, sino que según los testimonios disponibles, durante la madrugada del 3 de enero no se priorizó por proteger la vida de los civiles presentes en el urbanismo.
En el reportaje «¡Se llevaron a Maduro y a Cilia!«, realizado por la periodista Valentina Oropeza para la BBC, se recogieron los siguientes testimonios: «Mientras veía a la gente salir me di cuenta de que no había un plan de evacuación para los civiles porque la gente lo que hizo fue salir corriendo», relató uno de los residentes de Ciudad Tiuna. “Luego varios vecinos me contaron que no vieron ni un militar con una linterna que pusiera orden en aquella situación», agregó. Otra de las personas entrevistadas señaló: «En Fuerte Tiuna nadie se imaginaba que algo como esto podía pasar (…) Nadie estaba preparado porque nadie creía que era posible que se llevaran a Maduro de esa forma».
Durante semanas, altos funcionarios del gobierno de Maduro minimizaron o desestimaron las advertencias de intervención extranjera, incluso cuando el presidente estadounidense expresaba públicamente amenazas y presiones sobre el país. En lugar de priorizar mecanismos de protección civil, evacuación preventiva o reubicación de comunidades, el Estado mantuvo a miles de conciudadanos dentro de un ámbito que —por su naturaleza militar— es objetivo potencial en cualquier escenario de conflicto. Esto no solo expone a la población a daño físico, sino que entra en tensión directa con los estándares internacionales de protección de civiles, que colocan la vida humana en el centro de cualquier consideración de seguridad o defensa.
Ciudad Tiuna debe salir del Fuerte Tiuna
Cuando se escribe este texto no hay información oficial sobre la cantidad total de muertos, heridos o daños materiales derivados del ataque del 3 de enero. Medios periodísticos, como la Alianza Rebelde Investiga, hablan de 77 fallecidos, de los cuales 2 eran civiles, las cuales perdieron la vida lejos de Fuerte Tiuna. No obstante, la gran mayoría de las bajas militares, incluyendo la de los 32 militares cubanos que cuidaban a Nicolás Maduro, si habrían ocurrido dentro del complejo militar. Esto genera preguntas sobre la cantidad de heridos en esa zona, y cuántos de esos heridos pudieran ser civiles.
La discusión sobre Fuerte Tiuna no depende de cómo se cierre el debate geopolítico del 3 de enero. Depende de un principio básico:
La vida y la seguridad de la población civil deben estar por encima de la lógica del poder, la propaganda o la militarización del espacio urbano.
Promover vivienda civil dentro de un complejo militar estratégico, sin garantías reales de protección, es incompatible con los estándares del derecho internacional humanitario y con cualquier política pública que se reclame respetuosa de los derechos humanos.
Abrir esta discusión no debilita a Venezuela. La fortalece, porque coloca la protección de la gente en el centro.
En la Venezuela democrática del mañana Ciudad Tiuna deberá ser reubicada fuera del Fuerte Tiuna, mediante la aplicación de una política de construcción de viviendas que garantice el derecho para todos los venezolanos, sin restricción alguna.
Laboratorio de Paz 