(Caracas 06 de enero de 2026) Laboratorio de Paz rechaza el ataque militar contra territorio venezolano realizado el pasado sábado 3, que tenía como objetivo la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, para ponerlos a la orden de la justicia estadounidense por acusaciones de narcotráfico, lo que constituye un terrible precedente para toda la región.
Hasta ahora no tenemos información oficial sobre la magnitud de las vidas perdidas, personas heridas o daños materiales contra instalaciones militares o civiles. Las autoridades venezolanas están omitiendo, de manera deliberada, dar a conocer esta información. El gobierno de Díaz Canel ha divulgado que 32 funcionarios cubanos, integrantes de los equipos de seguridad de Nicolás Maduro, habrían perdido la vida durante los sucesos.
Diferentes informaciones, aparecidas en medios de comunicación internacionales, sugieren la presunta participación de altos funcionarios venezolanos tanto en el operativo militar como la entrega a las autoridades norteamericanas de Maduro y Flores. Ante la ausencia de institucionalidad independiente en el país, que pueda realizar una investigación para aclarar estos señalamientos y establecer responsabilidades, deberá ser una comisión internacional quien aclare lo sucedido en el futuro inmediato. En caso que se confirmen, las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el operativo militar serían corresponsabilidad de los gobiernos de ambos países.
La ilegitimidad de origen de la presidencia de Nicolás Maduro no se resuelve con la ilegitimidad de origen de su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, señalada por organismos internacionales como parte de un modelo de gobernabilidad basado en graves violaciones a la dignidad y delitos de lesa humanidad. Lamentamos que el acuerdo de cooperación en marcha, entre Donald Trump y Delcy Rodríguez, tenga como prioridades secundarias la democracia y el pleno respeto a los derechos humanos.
Nuestra crisis se agravó con el desconocimiento de la voluntad popular expresada el 28 de julio de 2024, tras lo cual Nicolás Maduro cerró las posibilidades de una resolución pacífica e institucional del conflicto, iniciando un período caracterizado por el terrorismo de Estado, como fue calificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Delcy Rodríguez ha sido juramentada como presidente de Venezuela desconociendo lo expresado en el artículo 233 de la Carta Magna, que expresa el procedimiento a seguir ante la falta absoluta de quien ejerce las funciones de presidente antes de cumplirse 4 años de su mandato, obligando la convocatoria a elecciones en 90 días. Además, se ha activado un decreto de estado de conmoción exterior que supone mayores riesgos al ejercicio de derechos civiles y políticos en el país.
Lamentamos que los gobiernos de la región, especialmente los más cercanos a Miraflores como Brasil, no hayan tenido la suficiente voluntad política para haber generado una iniciativa multilateral que construyera una alternativa de solución del conflicto.
Laboratorio de Paz exige:
– La difusión de información oficial, detallada y verificable, sobre los muertos, heridos y daños generados por la acción armada internacional en territorio venezolano
– La suspensión inmediata de los efectos del decreto de Estado de Conmoción Exterior, dado que se ha puesto en marcha una política de cooperación bilateral con el gobierno responsable de la agresión.
– La declaración de falta absoluta del presidente de la Republica y la convocatoria a elecciones como lo expresa el artículo 233 de la CRBV, como parte medular del inicio de un proceso de transición.
– A los países de la región, subordinar el reconocimiento de Delcy Rodríguez como presidenta encargada al cumplimiento de lo expresado en la Constitución y la convocatoria a próximas elecciones.
– Liberación inmediata de todos los presos políticos
– Respeto irrestricto del trabajo de periodistas, medios de comunicación y defensores de derechos humanos
– Que los organismos internacionales de protección a derechos humanos documenten e investiguen los hechos ocurridos el pasado 3 de enero y establezcan responsabilidades en las violaciones ocurridas, generando verdad sobre lo sucedido.
– Cese a la persecución contra las organizaciones políticas que cuentan con un importante respaldo de la población (Vente Venezuela, Primero Justicia, Voluntad Popular, entre otras), y garantías para que el liderazgo con mayor legitimidad, representado por María Corina Machado y Edmundo González, puedan regresar al país y ejercer, sin restricción alguna, todos sus derechos civiles y políticos.
Laboratorio de Paz 