El reciente informe “Venezuela: Defender DDHH, entre la represión y el exilio (2020–2025)”, elaborado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, ofrece una radiografía exhaustiva del deterioro del espacio cívico venezolano y de una nueva dimensión de la crisis: la diáspora forzada de quienes defienden derechos humanos.
El estudio, apoyado en fuentes del sistema de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), muestra cómo la represión ha traspasado las fronteras nacionales, empujando al exilio a periodistas, sindicalistas, abogados, líderes comunitarios y activistas de organizaciones sociales. Según los hallazgos, esta migración no es voluntaria: es una estrategia estatal indirecta de represión y silenciamiento, enmarcada en un patrón de persecución política que configura crímenes de lesa humanidad
A continuación, se presentan diez claves para comprender el alcance y las implicaciones del informe.
1. El exilio como política de Estado
El capítulo V del informe sostiene que el desplazamiento forzado de defensores es consecuencia directa de un asedio estructural y sostenido. A través de amenazas, judicialización, anulación de pasaportes y campañas de descrédito, el Estado empuja a las personas defensoras a abandonar el país. El exilio se convierte así en el último eslabón de una cadena represiva que busca la neutralización total del tejido cívico..
2. Una migración diferente
Los exiliados no son migrantes comunes: se trata de personas con alta formación, experiencia en derechos humanos, litigio, comunicación o acción social. El informe los denomina “migrantes expertos”, cuyas competencias eran esenciales para el funcionamiento de la sociedad civil venezolana. Su salida debilita las capacidades internas de resistencia y defensa de derechos.
3. El patrón de criminalización: del expediente al pasaporte anulado
Entre los principales detonantes del exilio figuran acusaciones de terrorismo, conspiración o incitación al odio, fabricadas por los organismos de seguridad. El documento documenta casos de anulación arbitraria de pasaportes, allanamientos, hackeos, seguimientos, y amenazas contra familiares. Todo ello forma parte de un mecanismo de represión selectiva y sofisticada, diseñado para forzar la salida del país
4. 2024–2025: la ola más dura
El informe identifica una “última ola de migración forzada” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. En este periodo se registró un aumento exponencial de amenazas, hostigamientos digitales y detenciones arbitrarias. Las personas defensoras migradas durante este lapso representan el rostro humano de la represión postelectoral
5. La violencia transnacional
El hostigamiento no se detiene con el exilio. El capítulo V denuncia vigilancia digital, ataques informáticos y campañas de estigmatización contra defensores desde el extranjero. Incluso se documentan intentos de asesinato en Colombia, lo que demuestra la expansión del control autoritario más allá de las fronteras y la existencia de una violencia transnacional contra la disidencia
- Colombia: país de acogida sin garantías
El informe dedica un apartado a analizar la situación en Colombia, donde la mayoría de los exiliados busca refugio. Señala graves déficits de protección internacional, burocracia excesiva y falta de reconocimiento del perfil de defensor de derechos humanos. Pese a la existencia de una “visa especial V”, la respuesta estatal es descrita como deficiente y discriminatoria, generando irregularidad migratoria y precariedad económica.
- “Trampas migratorias” y exclusión estructural
El informe denuncia las llamadas “trampas migratorias”, es decir, obstáculos institucionales que impiden regularizar el estatus de quienes huyen por razones de persecución política. Esto crea círculos de irregularidad donde los defensores quedan atrapados entre el autoritarismo que los expulsa y sistemas de asilo que no los reconocen.
- Impacto psicosocial y duelo migratorio
El desplazamiento forzado genera un profundo duelo migratorio. El informe subraya la pérdida de vínculos afectivos, proyectos vitales y sentido de propósito, así como la dificultad de retomar la labor de defensa desde el exilio. La vulnerabilidad emocional se agrava por la precariedad económica y el miedo constante a represalias transnacionales.
- Interseccionalidad: no afecta más, afecta diferente
El estudio destaca las afectaciones diferenciadas de la represión y el exilio según género, edad y pertenencia a grupos vulnerables. Las mujeres defensoras enfrentan violencia simbólica y amenazas sexuales, mientras que personas LGBTIQ+, indígenas o con discapacidad sufren discriminaciones acumuladas en los países receptores.
- De la denuncia a la reconstrucción
Finalmente, el informe plantea que reconocer el exilio como consecuencia de una política de Estado es clave para la verdad y la reparación. La protección de los defensores —dentro y fuera del país— es un requisito ético y político para reabrir los caminos hacia la democracia venezolana. Sin esta garantía, no habrá reinstitucionalización posible ni justicia sostenible.
El informe “Defender DDHH, entre la represión y el exilio” constituye un documento imprescindible para comprender la dimensión transnacional de la represión en Venezuela. Su lectura deja una conclusión ineludible: en el país, defender derechos se ha convertido en un acto de resistencia vital, y el exilio, en la última frontera de esa lucha.
El reto para la comunidad internacional es transformar esa diáspora en una red viva de memoria, incidencia y reconstrucción democrática.
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