Escucha el contenido de esta comunicación como un podcast:
Carta abierta a Volker Turk.
Por una presencia firme, coherente y de protección: Preocupaciones y oportunidades
de la OACNUDH en Venezuela.
Laboratorio de Paz.
El 01 de julio de 2025, posterior a la presentación del Informe sobre Venezuela por parte de Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el parlamento venezolano lo declaró “persona non grata”, junto a su personal para Venezuela, y advirtieron una posible “salida”, entendida como un congelamiento de los acuerdos bilaterales. Incluso, se solicitó al Ministerio Público una investigación en su contra.[1]
Frente a este escenario, queremos expresar nuestro reconocimiento al valor y la importancia de la ACNUDH. La sociedad civil venezolana apostó por su instalación en el país, que en su momento fue sentida como un logro y una esperanza de protección y contención, tras años de represión cruenta y restricciones graves a las libertades fundamentales. Expresamos, además, nuestro rechazo frente a las descalificaciones por parte del Estado venezolano, la tergiversación sobre las actuaciones del Alto Comisionado y la declaración como personas non grata, así como la posible expulsión, paralización de las relaciones y del propio acuerdo de trabajo.
Es en este espíritu, frente a la amenaza de congelar la relación hasta la culminación de su mandato, entendemos la presente crisis como una oportunidad para revisar y fortalecer lo que había sido hasta ahora una mermada capacidad para promover, proteger los derechos y la integridad de las personas y víctimas en Venezuela. Una debilidad consecuencia no sólo de la falta de voluntad de las autoridades, sino también de inconsistencias, falencias, mal enfoque y abordaje de la propia ACNUDH a la situación de nuestro país.
Como organización que defiende derechos humanos y personas defensoras, pero también como víctimas de persecución, hostigamiento y criminalización, nos sentimos obligados a expresar nuestra preocupación que esta coyuntura no sea abordada como la posibilidad de una revisión estructural del enfoque que ha prevalecido durante estos 6 años de presencia en el país.
La actuación, cada vez menos simulada del Estado venezolano, de no cooperación, nos convoca a hacer pública nuestra preocupación en el espíritu de frenar el debilitamiento de la credibilidad y la confianza de la población y las propias víctimas en el sistema de protección universal a los DDHH. Si lo hacemos es porque somos dolientes de su capacidad real de protección. Las alarmantes cifras emanadas de su propio informe; el incumplimiento de casi la totalidad de las recomendaciones; la normalización de la emergencia humanitaria; la perdida de libertades democráticas; y de derechos fundamentales en Venezuela que son replicados en la región, advierten la urgencia de una restructuración de forma, enfoque y personal de la oficina en el país. La estrategia de aproximación de extrema sutileza y cooperación silente con las autoridades, para priorizar su permanencia en el país, ha fracasado y la estamos pagando con el permanente incremento de la cantidad de víctimas.
Durante el período de presencia de la ACNUDH en el país la situación de derechos humanos no ha mejorado, sino que ha continuado deteriorándose. El esfuerzo de cooperación técnica no tiene correlato en la realidad. No existen cambios ni acciones acordes que reflejen la seriedad del compromiso estatal. La cooperación técnica sólo puede funcionar con gobernantes con real compromiso político, humano, ético, de respeto, promoción y garantías de derechos para mejorar su función y su acción. Y ya se ha demostrado, reiteradamente, que esa voluntad no existe en quienes detentan el poder en nuestro país: les funciona como un chantaje y para simular cooperación ante la comunidad internacional. Por tanto, si bien es parte de su mandato la asistencia técnica no puede concebirse como un fin en sí misma. Se requiere mayor transparencia respecto a su impacto real, especialmente cuando se vincula con instituciones señaladas por cometer violaciones graves, sistemáticas, y persistentes o por la omisión de sus obligaciones de forma deliberada.
A esto se suma la opacidad del propio memorando de entendimiento, donde fue acordado el plan de trabajo entre las autoridades y el ACNUDH. Su secretismo no ha permitido a la sociedad venezolana conocer las dimensiones reales de los compromisos adquiridos por el Estado, afectando también nuestro derecho a la información, participación y contraloría. Un documento de esta naturaleza puede contener clausulas confidenciales, pero no el texto en su totalidad. Esta falencia de inicio y normalizada por años, refleja la clara asimetría en la cual el Alto Comisionado comenzó sus operaciones dentro del país. Esto contribuye en la debilidad de la actuación de la ACNUDH, concentrándose en salvaguardar agendas técnicas institucionales, sacrificando la protección, la prevención y el acompañamiento de víctimas.
Nos preocupa profundamente que siga prevaleciendo el criterio de no complementariedad con la Misión Internacional Independiente de Investigación y Determinación de los Hechos de la ONU (FFM por sus siglas en inglés). Durante los 6 años, lejos de consolidarse un ecosistema de protección para Venezuela, en el ciclo de mayor retroceso de las garantías fundamentales de derechos y libertades en el país, la ACNUDH ha desestimado, incluso frente a las propias organizaciones de sociedad civil, la labor de la FFM, negando a los venezolanos la posibilidad de contar con una sinergia coordinada, estratégica y robusta para frenar violaciones, revictimización y la posibilidad de contar con verdad y justicia.
Intranquiliza que la FFM alerte y denuncie crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela en sus reportes mientras que el ACNUDH, en sus informes y discursos, relativice los patrones y hallazgos, omitiendo deliberadamente el que las situaciones denunciadas deban ser calificadas como posibles delitos imputables por el estatuto de Roma. Debería el Alto Comisionado -como lo hicieron sus predecesores- trabajar la complementariedad con la FFM y contribuir con la Justicia Internacional para Venezuela.
Entendiendo que el Alto Comisionado se sostienen en sus oficinas y oficiales en terreno, o fuera de él, para sus informes, acciones y recomendaciones, consideramos necesario un relevo del personal actual. A la luz de los desafíos específicos del contexto venezolano, se hace indispensable contar con un equipo de mayor experiencia, robusto en manejo de estándares y capacidad técnica en contextos autoritarios de violaciones graves a derechos humanos. El ACNUDH aceptó, en el inicio de su relación con las autoridades venezolanas, la sustitución de un equipo de trabajo de alto nivel y con gran conocimiento de la evolución del conflicto venezolano, que produjo el primer informe divulgado bajo la gestión de la Alta Comisionada Michele Bachellet, por funcionarios de menor experiencia, de alta rotación y cuya designación era el primer contacto que tenían con Venezuela.
Sectores de la sociedad civil, y sobre todo víctimas, hemos expresado estas preocupaciones durante meses en las reuniones con los oficiales del ACNUDH designados para Venezuela. Y a pesar de eso, observamos con tristeza que, en momentos clave, la Oficina ha mantenido un tono excesivamente prudente o ambiguo frente a las graves situaciones que ocurrían en el país, en la creencia que la gestión cautelosa y a puertas cerradas podía revertir el abuso de poder. Las violaciones, lejos de disminuirse no sólo se agravaron, sino que se hicieron más sofisticadas, debilitando su legitimidad ante las víctimas y su propia capacidad de protección. Cada vez son más la cantidad de víctimas que nos han expresado su negativa a comunicarse con los oficiales de la ACNUDH, bien sea porque ya lo hicieron con anterioridad y no tuvieron mayor seguimiento y acompañamiento. O porque dudan de su propia capacidad para ayudarlos. Este creciente escepticismo en la posibilidad de obtener asistencia eficaz es una de las razones que explica el silencio actual de los familiares de quienes han sido detenidos de manera arbitraria en las últimas semanas.
Como defensores de derechos humanos agradecemos que haya sido incluida en su último informe la situación de los activistas venezolanos de sociedad civil en el exilio. Sin embargo, desde el año 2023 hicimos alertas sobre el incremento de la curva de represión a líderes sociales y políticos del país por el ciclo electoral. Y cuando pedimos a los oficiales en terreno una estrategia de acompañamiento y protección preventiva, la respuesta fue una campaña genérica sobre DDHH a través de las redes sociales del ACNUDH en Venezuela. Este es solo uno de varios ejemplos que pudiéramos señalar sobre la ingenua, limitada y descontextualizada estrategia asumida por el ACNUDH sobre nuestro país.
El abordaje en terreno o fuera del país no puede continuar bajo las mismas circunstancias de los últimos años. A menos que se quieran repetir los mismos resultados. No estamos pidiendo abandonar el rol que corresponde al ACNUDH frente a la crisis venezolana: Estamos pidiendo, al contrario, que retome los principios que deberían guiar su acción. La Oficina debe recobrar la fortaleza de su mandato, su capacidad de acción preventiva y de emergencia frente a las víctimas y el Estado.
Reiteramos nuestro respeto y compromiso con el sistema internacional de protección. Nuestra preocupación y defensa de la institución universal de protección, no nos permite mirar a otro lado. El chantaje y la indefensión ha permeado a la sociedad civil optando por señalar que las críticas deben mantenerse en cotos privados para no servir a la estrategia del gobierno contra la institución. Hacer silencio frente la inocultable debilidad del sistema para abordar nuestra crisis, y no apostar por transformar esta coyuntura en una lección restaurativa para protección, sí se pone del lado de quienes violan derechos humanos.
La presencia del sistema internacional de protección es valiosa sólo si es fiel a su propósito: prevenir violaciones, proteger a quienes puedan padecer el abuso de poder y promover políticas de disuasión y contención reales. El debate de fondo no es si deben estar dentro o fuera del país. La discusión que debe llevarse a cabo es cómo puede transformarse un abordaje fallido en uno más eficiente para el cumplimiento del mandato asignado al ACNUDH para la situación de derechos humanos de los venezolanos.
Laboratorio de Paz
Caracas, 11 de julio de 2025.
[1] Jorge Rodríguez. Presidente de la AN: “Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Iris Varela, este señor (Volker Turk) ha cometido crímenes en Venezuela. Volker Turk ha cometido crímenes en Venezuela, ha cometido crímenes penados en Venezuela: es cómplice de secuestro, es un calumniador, es un hipócrita. Que el fiscal general le habrá una causa a Volker Turk, y no solamente vamos a proponer hoy, vamos a votar declararlo persona “non grata” a él y a los que trabajan con él. Sino que vamos a proponer, y vamos a votar que Venezuela se salga de esta hipócrita Oficina del Alto Comisionado de los derechos humanos en Venezuela, mientras este sátrapa siga allí. Mientras esta basura siga aquí, mientras esta basura siga representando a la llamada comisionaduría de las Naciones Unidas para los derechos humanos. No tenemos nada que buscar en esa oficina, nos salimos de esa oficina mientras este sr, que no ha hecho sino ensuciar la intención inicial de la comisionaduria para los derechos humanos”.
English version
Listen to the content of this communication as a podcast:
Open Letter to Volker Turk
For a firm, coherent, and protective presence: Concerns and opportunities for OHCHR in Venezuela
Laboratorio de Paz
On July 1, 2025, following the presentation of the report on Venezuela by Volker Turk, United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the Venezuelan Parliament declared him and his staff in Venezuela persona non grata, and warned of a possible “exit” — understood as a freeze of bilateral agreements. They even requested an investigation against him from the Public Prosecutor’s Office[1].
In light of this scenario, we wish to express our recognition of the value and importance of OHCHR. Venezuelan civil society supported its establishment in the country, which at the time was perceived as an achievement and a beacon of hope for protection and accountability after years of brutal repression and severe restrictions on fundamental freedoms. We also express our rejection of the Venezuelan State’s disqualifications, its misrepresentation of the High Commissioner’s actions, the declaration of persona non grata, and the potential expulsion and suspension of relations and the cooperation agreement.
In this spirit, and in the face of the threat of freezing the relationship until the end of the current mandate, we understand the current crisis as an opportunity to review and strengthen what has so far been a weakened capacity to promote and protect the rights and integrity of people and victims in Venezuela. This weakness is not only due to the lack of will of the authorities, but also to inconsistencies, shortcomings, and poor strategy on the part of OHCHR itself regarding the situation in our country.
As an organization that defends human rights and those who defend them -and also as victims of persecution, harassment, and criminalization- we feel compelled to express our concern that this moment should not be wasted, but instead be addressed as a chance for a structural review of the approach that has prevailed over the six years of OHCHR’s presence in the country.
The Venezuelan State’s increasingly blatant attitude of non-cooperation compels us to make public our concern, in the spirit of halting the erosion of the credibility and trust of the population and of the victims themselves in the international human rights protection system. We do this because we are directly affected by its actual capacity to protect. The alarming figures presented in OHCHR’s own report; the near-total noncompliance with recommendations; the normalization of the humanitarian emergency; the loss of democratic freedoms; and of fundamental rights in Venezuela — trends that are also being replicated across the region — all highlight the urgent need for restructuring the format, focus, and staffing of the Office in the country. The approach of extreme subtlety and silent cooperation with the authorities, aimed at securing continued presence, has failed — and we are paying the price through the ongoing increase in the number of victims.
During OHCHR’s presence in the country, the human rights situation has not improved — it has worsened. The technical cooperation effort has no real counterpart in practice. There are no actions or changes that reflect a serious state commitment. Technical cooperation can only work when governments have genuine political, human, and ethical commitment to rights and accountability. It has been repeatedly demonstrated that such will does not exist among those who hold power in our country; rather, they exploit it as blackmail and to feign cooperation before the international community. Therefore, while technical assistance is part of the mandate, it must not be an end in itself. Greater transparency is needed regarding its real impact, especially when it involves institutions known to commit serious, systematic, and persistent violations, or to deliberately neglect their obligations.
Added to this is the opacity surrounding the Memorandum of Understanding that outlines the work plan between the authorities and OHCHR. Its secrecy has prevented the Venezuelan public from understanding the true extent of the State’s commitments, thus also affecting our right to information, participation, and oversight. A document of this nature may contain confidential clauses, but not be classified in its entirety. This initial flaw, normalized over the years, reflects the clear power asymmetry under which the High Commissioner began operations in the country. It has contributed to weakening OHCHR’s action, shifting its focus to safeguarding technical institutional agendas while sacrificing protection, prevention, and victim support.
We are deeply concerned that the principle of complementarity with the UN Independent International Fact-Finding Mission on Venezuela (FFM) continues to be ignored. Over these six years — a period marked by the greatest rollback of rights and freedoms in Venezuela — OHCHR has downplayed the work of the FFM, even in the presence of civil society organizations, denying Venezuelans the possibility of a coordinated, strategic, and robust protection ecosystem capable of stopping violations, preventing revictimization, and supporting the pursuit of truth and justice.
It is disturbing that while the FFM reports and denounces crimes against humanity in Venezuela, OHCHR — in its own reports and statements — relativizes patterns and findings, deliberately omitting the fact that these cases may constitute crimes under the Rome Statute. The High Commissioner should — as his predecessors did — actively work in complementarity with the FFM and contribute to international justice efforts for Venezuela.
Understanding that the High Commissioner relies on field officers for its reports, actions, and recommendations, we believe that a change in current personnel is necessary. In light of the specific challenges of the Venezuelan context, it is essential to have a team with greater experience, a solid grasp of human rights standards, and technical capacity to work in authoritarian contexts with grave human rights violations. OHCHR accepted, at the beginning of its relationship with the Venezuelan authorities, the replacement of a high-level team — with deep knowledge of the evolution of the Venezuelan crisis and which produced the first report under High Commissioner Michelle Bachelet — by less experienced, high-turnover staff, many of whom had no prior contact with Venezuela.
Sectors of civil society — especially victims — have voiced these concerns in meetings with OHCHR officers designated for Venezuela. Nonetheless, we have sadly observed that at key moments, the Office has maintained an excessively cautious or ambiguous tone in the face of grave events, believing that silent diplomacy behind closed doors could reverse the abuse of power. Far from decreasing, violations have not only intensified but become more sophisticated, weakening OHCHR’s legitimacy in the eyes of victims and its own capacity for protection. Increasing numbers of victims have told us they refuse to engage with OHCHR officers — either because they previously did so and received no meaningful follow-up, or because they doubt the Office’s capacity to assist them. This growing skepticism is one reason why many families of those recently arbitrarily detained remain silent.
As human rights defenders, we are grateful that the latest OHCHR report included the situation of Venezuelan civil society activists in exile. However, since 2023 we have warned about the rising repression against social and political leaders in the context of the electoral cycle. When we asked OHCHR field officers for a strategy of preventive accompaniment and protection, the response was a generic human rights campaign on OHCHR Venezuela’s social media. This is just one of many examples of the Office’s naive, limited, and disconnected approach to our country.
Field engagement — or work from abroad — cannot continue under the same conditions of recent years. Not unless the goal is to repeat the same results. We are not calling for OHCHR to abandon its role in Venezuela’s crisis. On the contrary, we are calling on it to reclaim the principles that should guide its work. The Office must regain the strength of its mandate — its preventive and emergency response capacity — to act in relation to victims and the State.
We reaffirm our respect and commitment to the international human rights protection system. Our concern for and defense of the institution does not allow us to look away. Civil society has been engulfed by blackmail and powerlessness, with some preferring to keep criticisms private so as not to feed the government’s narrative against OHCHR. But remaining silent in the face of the system’s undeniable shortcomings in addressing our crisis — and failing to see this moment as an opportunity for restorative change — is to side with those who violate human rights.
The presence of the international protection system is only valuable if it is faithful to its purpose: to prevent violations, protect those at risk of abuse, and promote real deterrence and accountability. The key issue is not whether the Office remains inside or outside the country. The necessary discussion is how a failed approach can be transformed into one that fulfills the OHCHR’s mandate in the Venezuelan context.
Laboratorio de Paz
Caracas, July 11, 2025.
[1] Jorge Rodríguez, President of the National Assembly: “I fully agree with what Iris Varela has said. This man (Volker Turk) has committed crimes in Venezuela. Volker Turk has committed crimes in Venezuela — crimes punishable under Venezuelan law: he is an accomplice to kidnapping, a slanderer, a hypocrite. We call on the Attorney General to open a case against Volker Turk, and not only are we going to propose today — we are going to vote to declare him persona non grata, along with those who work with him. But we will also propose, and vote for, Venezuela to withdraw from this hypocritical Office of the High Commissioner for Human Rights in Venezuela, as long as this despot remains there.
As long as this piece of trash is here, as long as this piece of trash continues to represent what they call the UN Human Rights Commission, we have nothing to gain from that office. We are pulling out of that office as long as this man, who has done nothing but stain the original intent of the Human Rights Commission, remains.”
Laboratorio de Paz 