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Desde el 28 de julio de 2024 y, con mayor claridad, a partir del 10 de enero de 2025, el Estado venezolano ha dejado de ser un régimen autoritario con simulacros democráticos para convertirse en un gobierno abiertamente no democrático. Esa frontera borrosa que aún permitía simular cierta institucionalidad y legitimidad se desvaneció. Desde enero de 2025, Venezuela se sostiene en el poder de forma inconstitucional y sin legitimidad democrática.
Podemos identificar tres características políticas y sociológicas claves:
1. Es un gobierno de facto:
- Sin legitimidad legal: viola abiertamente la Constitución.
- Sin legitimidad de origen: desconoce la voluntad popular, se impone mediante elecciones fraudulentas y bloquea cualquier transición pacífica del poder.
- Sin legitimidad de ejercicio: no hay Estado de derecho, independencia de poderes ni rendición de cuentas. Se gobierna violando los derechos humanos.

2. Es un gobierno que usurpa el poder:
- Se perpetúa ilegítimamente en el ejercicio de funciones públicas, violando normas constitucionales tanto en los procesos de elección como de designación, e ignora deliberadamente la voluntad popular.
3. De autoritarismo con fachada institucional a una dictadura en transición hacia un neototalitarismo:
- El gobierno ha pasado de simular instituciones democráticas a ajustarse al concepto formal y jurídico de dictadura: sin elecciones libres, sin división de poderes, con persecución política, censura y uso de cuerpos de seguridad para el control social.
- Pero va más allá: adopta rasgos del totalitarismo del siglo XXI, combinando vigilancia tecnológica, control del relato, infototalitarismo, represión selectiva, castigos ejemplarizantes, normalización del miedo, autocensura, y destrucción simbólica del disidente. Todo ello sustentado en el terror de Estado como herramienta central para la sociedad de control.
Es en este contexto que deben entenderse los nuevos patrones de persecución y detención arbitraria contra economistas, periodistas, defensores de derechos humanos, profesionales, investigadores y activistas: son quienes tienen acceso a datos, testimonios, metodología y pruebas sobre la realidad venezolana, y por tanto, son enemigos directos del relato oficial.
Tras años de represión progresiva contra sectores estratégicos para consolidar el autoritarismo —empresarios, sindicatos, gremios, medios, partidos, universidades, ONGs— el régimen avanza hacia el control del relato y de la verdad, no solo del poder.
El nuevo enemigo: quien visibiliza la realidad
La persecución, eliminación y control progresivo de comunidades que consideraba enemigas: empresarios, sindicatos; gremios; medios de comunicación, partidos políticos; iglesias, universidades; organizaciones no gubernamentales; pasa en el mismo esquema exitoso de control por la vía del terror de Estado al control selectivo, ejemplarizante de los resquicios de sectores de sociedad civil manejan y producen información y/o que son referentes. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores; economistas; y sectores emergentes organizados de diversas disidencias del gobierno etc. Había dado unos pasos antes cuando atacó a quienes denunciaron la crisis del sector eléctrico, gremios de enfermeras y de salud en pandemia; etc.
Hoy, el objetivo ya no es solo el opositor formal, sino quienes documentan y exponen la verdad estructural del país: violencia, hambre, criminalidad, inflación, colapso institucional, corrupción, deterioro social. Son personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunicadores; economistas; y sectores emergentes organizados de diversas disidencias del gobierno, o incluso personas que publican en sus redes. El crimen, el nuevo delito es mostrar el país realmente existente.
La creencia de que «si no haces política o si bajas el tono puedes convivir con el régimen» se ha demostrado falsa, en este contexto es una falacia. En esta nueva fase, la persecución ya no es solo por lo que haces políticamente, sino por lo que expones de la vida cotidiana. Para el avance totalitario y la permanencia el gobierno el poder requiere el control del sentido. Debe eliminar todo espejo que contradiga su narrativa. No hay participación no autorizada, no hay acciones no autorizadas, no hay una verdad no autorizada.
El paso clave hacia el neototalitarismo.
Así como el régimen impuso una hegemonía comunicacional para controlar los medios, hoy busca una hegemonía del sentido: del testimonio, de la verdad, de la memoria. No basta con eliminar al adversario político; ahora hay que silenciar todo relato que compita con la versión oficial.
Ya no solo se reprime la acción política. Se reprime el acto de contar, de registrar, de dar testimonio. Por eso se detiene a periodistas, economistas, defensores, etc. El objetivo no es solo castigarlos, sino doblegarlos, anular su capacidad de ser caja de resonancia y silenciar a los demás mediante el miedo.
El terror de Estado ya no necesita ser masivo, puede ser selectivo pero generalizado: le basta con castigos ejemplarizantes que inhiben, fragmentan y provocan autocensura, rasgos fundamentales del neototalitarismo. Se busca que las personas no disientan por miedo, ni siquiera en su esfera íntima o profesional.
La desaparición forzada y la detención arbitraria hoy
Las desapariciones forzadas y las recientes detenciones de economistas, activistas y periodistas no son hechos aislados: son síntomas de un patrón creciente de persecución selectiva pero generalizada hacia quienes muestran la realidad del país. Lo grave es la normalización del patrón de desaparición forzada por cortos o largos periodos.
Violencia estatal personalizada o privatización del poder coercitivo
Un hecho gravísimo -que esperemos no se convierta en un patrón- fue la detención arbitraria, desaparición forzada de corta duración y judicialización de hinchas del deportivo Táchira. Existen casos, -que a la fecha habían sido aislados-, donde la víctima era detenida, desaparecida o reprimida por razones personales. Una forma muy grave de abuso de poder y que de normalizarse nos pondría en una frontera muy alarmante, donde altos funcionarios privatizan la violencia y las violaciones de DDHH de forma discrecional y con total impunidad para fines estrictamente personales.
¿Qué derechos humanos viola este nuevo patrón?
Siendo los derechos humanos transversales, indivisibles y en un contexto de avance del neototalitarismo todos los derechos y libertades se ven afectadas, pero directamente podríamos mencionar:
- Libertad de expresión y acceso a la información
- Derecho a defender derechos humanos
- Libertad de asociación y manifestación
- Garantías democráticas fundamentales
¿Cuál es la alternativa?
- Resistir sin exponerse innecesariamente.
- Fortalecer redes de confianza, trabajo colectivo, y apoyarse en quienes pueden hablar desde fuera o desde espacios protegidos: ONG, comités de víctimas, la CIDH, la Misión de la ONU, medios independientes.
- Respetar a quienes decidan guardar silencio como estrategia, pero entender que el silencio solo beneficia al poder. La renuncia al testimonio abre camino al totalitarismo y destruye la resiliencia colectiva.
Lexys Rendón. Co directora del Laboratorio de Paz.
@lexysrendon@gmail.com
