11 preguntas frecuentes sobre la propuesta de Reforma Constitucional

R) Luego del desconocimiento de los resultados electorales del 28 de julio de 2024 y tras la juramentación del 10 de enero del presente año, el Gobierno se encuentra fuera de la constitución, sin legitimidad y en situación de facto. Requiere modificar la constitución para adaptarla a una forma autoritaria de gobierno, denominada según Nicolás Maduro “Democracia Revolucionada”. Esta sería un autoritarismo de minorías, una especie de dictadura comunal con una nueva sociedad civil alineada, obediente y dependiente del poder político y económico ejercido de forma controlada por el ejecutivo.

Una reforma constitucional que desplaza el proyecto originario, expresado en la Constitución de 1999, y base del discurso en vida de Hugo Chávez, por una Dictadura Revolucionaria Madurista, que frente a la pérdida de apoyo popular garantice su permanencia con la desaparición de la participación protagónica y popular sustituida por el eufemismo “ampliación y perfeccionamiento”, para imponer decisiones y acciones de esta nueva sociedad civil alineada y sin independencia, con elecciones de segundo grado para la legalidad del ejercicio hegemónico del poder. Revestir de legalidad y legitimidad un nuevo acuerdo social autoritario, hegemónico, discriminatorio y excluyente.

R) Para que tenga validez requiere cumplir con las obligaciones propias de una constitución donde gran parte de su base social participó y cree. Cambiar la constitución, que fue “el proyecto originario del chavismo”, y mantener cohesionada a su base de 3 millones de electores, necesita el realizar un proceso según lo que ella misma contempla en sus artículos 342, 343 y 344. Independientemente de quien promueva la iniciativa cualquier reforma de la constitución debe, obligatoriamente, ser sometida a un referendo popular aprobatorio.

Esto es el gran talón de Aquiles para el gobierno. Una de las críticas recurrentes a las políticas oficiales, luego del año 2014, es que las formas de participación social controladas (comunas, consejos comunales, Unidades de batallas, colectivos, Clap, etc) que la promueven no aparecen en la Carta Magna, por lo que son inconstitucionales. Para imponer un nuevo modelo de Estado Comunal y de gobierno, las autoridades necesitan resolver esta contradicción.

R) Aunque la propuesta concreta sigue siendo desconocida, las evidencias disponibles señalan que es una propuesta radicalmente diferente a lo establecido en la Carta Magna vigente. El artículo 342 de la Constitución establece: “La Reforma Constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto Constitucional”. Por tanto, según lo hasta ahora expresado por Nicolás Maduro, sobre la “nueva democracia revolucionaria” y el “Estado Comunal” se estaría promoviendo como “reforma” lo que sería realmente una nueva Carta Magna, para un modelo diferente de Estado y de gobierno al que se encuentra descrito en la Constitución de 1999.

El 15 de febrero de 2025, Nicolás Maduro anunció que el “primer borrador” de la propuesta abarca 80 artículos, sin especificar cuáles eran. Mostró un volumen empastado en color rojo sin que se diera a conocer su contenido. Ese día señaló que la “reforma” abarcaría cuatro áreas temáticas:

a) Ampliación y perfeccionamiento de la democracia directa, participativa y protagónica;
b) Construcción de una nueva sociedad;
c) Nuevo modelo económico y diversificado no dependiente y
d) “Actualización” en términos jurídicos, constitucionales y políticos de todo el engranaje constitucional.

Para esto se designó una “Comisión Nacional por la Reforma Constitucional”, integrada en su totalidad por funcionarios, miembros del partido y representantes comprometidos con el gobierno actual:  encabezada por el Fiscal  Tarek William Saab;  la vicepresidenta Delcy Rodríguez; el constitucionalista Herman Escarrá; la diputada Cilia Flores; el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez;  el ministro de comunicaciones, Freddy Ñañez, quienes deben presentar una propuesta en un lapso de 90 días (hasta el 15 de mayo), elaborar un proceso de consulta y divulgar el contenido de la reforma.

R) El artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela es un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Por su parte, el artículo 16 indica que “el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”. Además, que “La división político territorial será regulada por ley orgánica, que garantice la autonomía municipal y la descentralización político administrativa”. En cambio, como su nombre indica, el Estado Comunal será uno basado en la unidad territorial política “Comuna”, con comunicación directa con el poder Ejecutivo. Según la “Ley de Comunas”, reformada en diciembre de 2024, las Comunas son parte de un llamado “sistema de agregación”, que contempla la creación de entes mayores como la “Ciudad Comunal”, la “Federación Comunal” y la “Confederación Comunal”, lo que cambiaría la estructura de gobierno conocida hasta ahora. Este nuevo modelo de Estado y de gobierno es discriminatorio, dado que la ley indica que se “rigen por principios y valores socialistas” –excluyendo a quienes no se identifiquen con esa ideología- y que no podrán participar en sus cargos directivos quienes incurran “en la promoción del odio, la intolerancia, la discriminación, así como posturas fascistas, neofascistas o expresiones similares”.

R) El artículo 64, sugiere que las antiguas competencias de los poderes regionales y locales estarían a cargo de las Comunas: “La República, los estados y municipios, de acuerdo con la ley que regula el proceso de transferencia y descentralización de competencias y atribuciones, transferirán a las comunas y a los sistemas de agregación que de estas surjan funciones de gestión, administración, control de servicios y ejecución de obras, atribuidos a aquellos por la Constitución de la República, en pro de mejorar la eficiencia y los resultados en beneficio del colectivo”. Según experiencias de paralelismo bajo gobiernos bolivarianos, como lo ocurrido con los módulos de la Misión Barrio Adentro y el Sistema Hospitalario tradicional, ambas instancias existirán en simultáneo, aunque las autoridades darán primacía política y presupuestaria a las Comunas.

R) Posiblemente se incluyan en la redacción del nuevo texto de la Carta Magna las figuras que han venido ejecutando políticas públicas que no aparecen en la redacción aprobada en 1999. Por ejemplo “Poder popular”, “milicias” y “luchar contra el fascismo” tendrán rango constitucional. Quizás también la tipificación, como delito, del apoyo a medidas de terceros contra el país, para aludir a las sanciones. Una posibilidad es que se modifique el artículo 332, que establece quienes son los órganos encargados de la seguridad ciudadana, para incluir a las fuerzas armadas y al llamado “poder popular”, que sería la manera de dar rango constitucional a la actuación de los “colectivos”. Otro elemento que pudiera estar presente es la inclusión de elecciones de segundo grado para elegir funcionarios, a partir de la estructura comunal.

R) Se debería una vez se conozca el texto: a) promover una estrategia “enjambre”, que aborde la propuesta, de manera descentralizada, desde todos los puntos y tonos posibles. Se debe denunciar que no es una “reforma” sino una nueva constitución que delineará un país radicalmente diferente al que hemos conocido hasta ahora; b) Documentar y denunciar la existencia o inexistencia de verdaderos canales de participación; c) Se deberían generar contenidos en todos los lenguajes posibles, distribuidos por las diferentes redes sociales y dispositivos de comunicación explicando y alertando sobre una posible nueva forma de gobierno y acuerdo social excluyente y contrario a las libertades democráticas.

R) Sí pudiera hacerlo, aunque la votación por el “No” fuera abrumadora y mayoritaria. Sin embargo, es preciso ir un paso a la vez. Actualmente, pudiera ser utilizado como un importante hito de cohesión nacional, movilización y recomposición de la alternativa democrática, en aras de la construcción de una estrategia a corto y mediano plazo. Mucho más que las elecciones regionales y parlamentarias. Defender la constitución es un acto de resistencia.

R) Posibilidades:

1) Por un lado el gobierno espera que la oposición se distraiga y postergue la discusión de la importancia de enfrentar la aprobación de una nueva constitución priorizando las elecciones regionales y parlamentarias;

2) Que las elecciones dividan y fragmenten más al país y a los sectores democráticos por la discusión de participar o no en las elecciones;

3) La participación en las elecciones será promovido como una legitimación al sistema electoral para después poder volver usarlo a su conveniencia;

4) Por la experiencia de la propuesta de reforma constitucional del año 2007, el gobierno enmascarará los elementos más polémicos con eufemismos y propuestas atractivas, que en aquella oportunidad se les denominó “caramelos envenenados”. Maduro ya ha asomado un posible caramelo envenenado: El “derecho a la rumba”, que ha comenzado a tener desarrollo en escritos de voceros del PSUV;

5) Otra posibilidad es que, en virtud de lo establecido en el artículo 344 de la actual Carta Magna, la propuesta finalmente se votaría separadamente en bloques, “hasta una tercera parte de ella”, como establece la actual Constitución. Estoy pudiera darles margen de maniobra para alterar resultados y mostrar como una parte se rechazó, pero otra –la importante para sus objetivos- fue aprobada por la ciudadanía; y

6) El verdadero trabajo de la “Comisión Nacional por la Reforma Constitucional” es construir una narrativa que haga potable, y atractiva, el desmontaje del modelo de Estado aprobado en 1999 y la instalación de una dictadura comunal en el país.

R) En los últimos años la población ha mostrado evidencias de una importante maduración política, en donde toma decisiones y participa en momentos que considera definitorios. Participó de manera protagónica y entusiasta en las primarias, enviando un mensaje sobre la necesidad de la unidad y la contundencia en el enfrentamiento al autoritarismo. Luego, a pesar de tener su propia opinión sobre el reclamo histórico sobre el territorio Esequibo, logró separar la paja del grano y decidió no participar en el referendo convocado por las autoridades. A pesar de las amenazas y la intimidación, acompañó la campaña de Edmundo González y María Corina Machado, en pueblos y zonas rurales donde eran previsibles las retaliaciones. Posteriormente participó masivamente el 28J y, desafiando las amenazas, se quedó en los centros de votación para esperar la lectura de los resultados. Y finalmente, aunque no recibió instrucciones para ello, salió a expresar su indignación por el fraude los días 29 y 30 de julio. Este nivel de conciencia, y madurez política, volverá a expresarse en una postura clara, pacifica, acorde a las libertades democráticas, la defensa de un proyecto inclusivo y garantista de derechos que es perfectible, y a su derecho a la participación plena para la autodeterminación y su soberanía frente a una Constitución que creará un nuevo modelo de Estado y de gobierno, que permitirá el mantenimiento de un gobierno de facto autoritario en el país.

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