Durante el año 2024 diferentes organismos de protección internacionales a derechos humanos estuvieron abordando la situación venezolana, realizando diferentes pronunciamientos sobre la evolución del conflicto. A continuación, un resumen de sus señalamientos.
• La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH).
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OACNUDH), posterior a la situación de 2017-2018 y tras los informes presentados en el consejo de derechos humanos se aprobó la creación de una oficina para Venezuela que el gobierno de Venezuela aceptó. Sin embargo, no es una oficina formal sino esta anclada en un memorando de entendimiento -no público- sujeto a cumplimiento o suspensión según la discrecionalidad del Estado venezolano. Así, desde 2019, trabajaba en Venezuela bajo la jurisdicción de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas.
En febrero de 2024, tras la publicación de un tuit por la OACNUDH-V tras la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, la oficina fue expulsada del país. En noviembre 2024, se decidió el retorno de 3 funcionarios con altas limitaciones de actuación, y con el mismo carta convenio de desconocimiento público.
En su último informe y declaración oral, Volker Turk Alto comisionado advirtió: “según declaraciones oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio. Esta cifra incluye la detención arbitraria de manifestantes, personas defensoras de derechos humanos, adolescentes, personas con discapacidad, miembros de la oposición o a quienes se considera relacionados con ellos, así como de personas que actuaron como observadores electorales acreditados por los partidos de oposición en los centros de votación. En la mayoría de los casos documentados por ONU Derechos Humanos, no se ha permitido a las personas detenidas designar a un abogado de su elección ni tener contacto con sus familiares. Algunos de estos casos constituirían desapariciones forzadas».
Denunció además las listas y aplicaciones digitales de delación y persecución “en las redes sociales circulan listas de personas buscadas por presuntamente promover la violencia, incluyendo miembros de la oposición y periodistas. Hay también llamamientos de las autoridades para que se presenten denuncias en contra de quienes participaron en supuestos actos criminales, que incluiría actividades legítimas, como participar en asuntos públicos, manifestarse pacíficamente o ejercer el derecho a la libertad de expresión” .
• La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (MIIDHV)
La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela (MIIDHV), es un mecanismo de la ONU con un mandato separado de la oficina del Alto Comisionado, que ha sido rechazado por el estado venezolano, a pesar de haber sido creado por el consejo de derechos humanos de naciones unidas. Este órgano ha estado documentando casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 hasta la fecha.
En su informe posterior a la elección presidencial, presentado el 20.09.2024 ante el Consejo de Derechos Humanos, documentó múltiples y crecientes violaciones y crímenes cometidos por el gobierno venezolano: “detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual, que se llevan a cabo como parte de un plan coordinado para silenciar a las personas opositoras o percibidas como tales. Entre las víctimas hay niños, niñas y adolescentes, así como personas con discapacidad«. Así mismo, agregó: «Las personas detenidas son amenazadas, incluso con actos de tortura, para que se auto incriminen por hechos que constituyen delitos graves como terrorismo. La falta de pruebas y la ausencia de abogados de su elección colocan a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad, ya que la autoincriminación podría acarrear penas de prisión desproporcionadamente altas. Particularmente grave es la situación de los niños, niñas y adolescentes detenidos, quienes enfrentan las mismas amenazas y no están recibiendo las medidas especiales de protección que exige el derecho internacional” .
La Misión concluye: “Las graves violaciones de derechos humanos investigadas durante este período fueron cometidas siguiendo la misma línea de conducta previamente calificada por la Misión como crímenes de lesa humanidad. Además, dichas violaciones, cometidas con una intención discriminatoria, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos en razón de la identidad de las víctimas”.
Por segunda vez, siendo un hito el consejo de derechos humanos reanudó el mandato de la MIIDHV, entendido por 2 años más en un esfuerzo decisivo por combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas frente a las graves violaciones de derechos humanos que persisten en el país.
• La Comisión Interamericana de derechos Humanos. (CIDH)
Agravamiento de los patrones persecución política y riesgos para activistas y personas defensoras desde 28.07.2024
La CIDH ha confirmado que posterior al proceso electoral venezolano, en el cumplimiento del artículo 25 del reglamento que se ha solicitado al Estado venezolano la protección inmediata de los derechos a la vida e integridad personal con 24 resoluciones a favor de más de 40 personas, activistas, personas defensoras, periodistas, e integrantes de sociedad civil. En ninguno de los casos el Estado venezolano no ha respondido ni ha implementado las medidas cautelares de protección. Entre los elementos fácticos que dan cuenta de situaciones de gravedad, urgencia y daño irreparable a los derechos más esenciales como la vida y la integridad personal de una persona, la CIDH denota los siguientes patrones de violencia y represión:
1) Personas sujeto de amenazas, intimidación, hostigamiento, y actos de violencia;
2) detenciones por su posición política, por ser percibidas como tales o por participar en manifestaciones y defender derechos humanos en el país;
3) Detenciones sin información oficial, sin órdenes de detención, ni conocimiento de tribunal competente;
4) sin acceso a abogados de su confianza ni al expediente de la causa con imposición de defensa pública;
5) La negativa del estado a informar a familiares o representantes del sitio de reclusión;
6) imputaciones deliberadas, sin debido proceso del delito de terrorismo;
7) las condiciones de detención son insalubres, inadecuadas, sin considerar enfermedades crónicas, físicas, mentales, edad, embarazo, identidad de género, comunidades vulnerables;
8) ausencia de medidas de protección por parte del estado.
La CIDH señaló: “Dada la gravedad de las diversas situaciones que enfrentan las personas beneficiarias de medidas cautelares, la Comisión hace un llamado a los Estados de la OEA, y a la comunidad internacional, a buscar la efectividad de los instrumentos de derechos humanos, lo que recuerda constituye una obligación erga omnes partes (para todos). En tal sentido, las normas de derechos humanos reflejan valores comunes e intereses colectivos que se consideran importantes para la comunidad internacional en su conjunto”.
• Corte Penal Internacional. Investigación por crímenes de lesa humanidad. Crimen de persecución política.
En noviembre de 2021, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina en el que la CPI abrió una investigación formal, luego de que el fiscal Karim Khan anunciara la apertura del caso «Venezuela I», por crímenes de lesa humanidad perpetrados en 2017 cuando se registraron protestas contra el gobierno venezolano, con la participación de miles de personas salieron a las calles debido a la escasez de alimentos y medicinas, la inflación y la crisis política. Represión violenta con un saldo, según ONG de derechos humanos, de 125 muertos, 2977 heridos y 1351 detenidos. Las detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, y violaciones sexuales, contra miles de ciudadanos (más de 8.900 testimonios de víctimas ante la CPI) todos bajo el crimen de persecución por razones políticas.
En marzo de 2024, a pesar de los diferente esfuerzos por parte del estado venezolano para evitar la misma la Sala de Apelaciones de la CPI confirmó la decisión que autorizó reanudación de investigación . Tras implementarse un memorándum de entendimiento entre Venezuela y la fiscalía de la CPI para la apertura de una oficina técnica in situ, para la complementariedad, en diciembre de 2024, el Fiscal Karim Khan ante la Asamblea de los Estados Partes de la alertó al Gobierno de Venezuela, a los jueces y fiscales “que la vía de la complementariedad, ese espacio para que la justicia interna investigue y sancione los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, se está agotando”.
La situación represiva postelectoral lejos de mostrar cambios significativos en la política de persecución reafirmó el agravamiento en concordancia con las advertencias de los órganos de protección del sistema internacional de derechos humanos, el Fiscal Khan expresó: «Después de las elecciones de este año, insistí en mis comunicaciones con Venezuela, y en declaraciones públicas, en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, que deben ser liberados si están detenidos por motivos políticos o cualquier persona que estuviera protestando pacíficamente”. El fiscal advirtió a Venezuela por la falta de implementación concreta de leyes y prácticas para proteger los derechos de los civiles y advirtió de que las investigaciones de la Fiscalía siguen en curso y están activas.
Patrones de ataques y contra personas defensoras de derechos humanos (PDDH):
La oficina del ACNUDH, la MIIDHV, la CIDH; expertos relatores de los sistemas de protección han alertado y expresado en reiteradas oportunidades su preocupación por las restricciones y patrones de ataque contra PDDH en Venezuela que incluyen, trabajadores ONG derechos humanos, periodistas, comunicadores, sindicalistas, observadores electorales, actores humanitarios, líderes sociales, defensores de la tierra etc.
• Patrones de ataque contra PDDH.
– Criminalización y estigmatización
– Actos de vigilancia
– Intimidación y hostigamiento.
– Amenazas en redes sociales
– Ataques contra fachadas y bienes
– Allanamientos y decomiso de bienes.
– Detenciones arbitrarias
– Investigaciones penales arbitrarias.
– Obstrucción de asistencia legal y acompañamiento a victimas
– Anulación de pasaportes.
– Desaparición forzada.
– Sippenhaft. Secuestro, detenciones, presiones e intimidación contra familiares.
– Represalias contra PDDH por colaborar con el SIPDH
– Encarcelamiento sin debido proceso.
La CIDH en su informe 2024, señaló que ha documentado entre 2018 y 2024 un aproximado de 2.707 amenazas contra PDDH, actualmente se encuentran en prisión arbitrariamente:
PDDH:
– Rocío San Miguel. Control Ciudadano
– Javier Tarazona. Fundaredes
– Henry Gómez. Defensor Indígena
– Kennedy Tejera. Foro Penal
– Carlos Julio Rojas. Frente norte CCs. Periodista
Periodistas:
– Carlos Julio Rojas
– Leandro Palmar
– Belices Cubillán
– Julio César Balza
– Roland Carreño
– Biagio Pilieri
– Víctor Ugas
– José Camero
– Gabriel González
– Luis López
– Ramón Centeno
Posterior al 28.07.2024, PDDH y activistas han tenido que salir forzadamente del país por razones de persecución política. La criminalización de personas defensoras, y periodistas, que tiene como propósito silenciar u obstruir la labor de defensa, y se ha vuelto una práctica recurrente en Venezuela.
Expertos de Naciones Unidas el 28.10.2024, alertaron de “hostigamiento, persecución y judicialización de activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogados/as, miembros de partidos políticos de oposición y personas percibidas como opositoras y en general ciudadanos/as en ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión pacífica o de expresión, así como violaciones al debido proceso y cancelación de pasaportes; alegaciones que afectan a un gran número de personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, personas LGBTIQ+ e Indígenas”. (…) señalaron restricciones en algunas de las principales plataformas de medios sociales y aplicaciones de mensajería (…) “Hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno”.
“Encontramos un alto grado de indefensión entre la población, personas defensoras de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición. La información recibida indica que esta situación se da en un contexto caracterizado por el uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Público en contra de estos grupos, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente capaz de investigar violaciones graves a los derechos humanos”.
El de alertar que los procedimientos denuncian que han enviado un mínimo de 22 cartas al Gobierno que muestran un contexto general de violaciones sistemáticas y graves de los derechos humanos. La mayoría de estas cartas siguen sin respuesta.
Laboratorio de Paz 