Autoridades promueven una legitimidad de «facto»

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¿QUÉ HAY DE NUEVO?

Tres decisiones revelan el carácter de las autoridades venezolanas en continuar con el desconocimiento de la voluntad popular expresado en las elecciones del 28J. La primera ocurrió el 22.08.24 en la cual el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió sentencia sobre la investigación realizada a partir del recurso contencioso interpuesto por Nicolás Maduro, en la que dan por buenos los resultados ofrecidos por el CNE. La sentencia del TSJ fue reconocida por diferentes instituciones oficiales, incluyendo la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo. No obstante, fue rechazada por importantes voceros de la comunidad internacional: El presidente chileno Gabriel Boric, un comunicado conjunto de 11 países (Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Unión Europea y la Secretaria General de la OEA. Gustavo Petro y Lula da Silva, presidentes de Colombia y Brasil, “tomaron nota” aunque al mismo tiempo insistieron en que las autoridades venezolanas deben publicar los resultados de los comicios de forma detallada

La segunda son los cambios en el gabinete, que incluyen la designación de Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia y la de Delcy Rodríguez como ministra de Petróleo. En opinión de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Datanalisis, significan 1) Aumento del poder militar sobre el gobierno nacional, 2) Continuidad de la estrategia de liberación económica, anclaje cambiario y control de liquidez y gasto público y 3) Consolidación de una estrategia de control político y social más intensa. Cabello ha liderado la estrategia de cierre del espacio cívico en el país, que incluye la aprobación de una ley contra las ONG. Además, su nombramiento en ese puesto también expresa un mensaje a lo interno de la coalición dominante: Preservar la fidelidad a toda costa.

La tercera medida ha sido la orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, del 02.09.24, emitida por el Juzgado Especial Primero de Primera Instancia con competencia en casos de terrorismo. Horas antes el fiscal Luis Ernesto Dueñez, auxiliar encargado de la Fiscalía 58 nacional, solicitó la orden de captura, inculpando a González de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, “sabotaje a daños de sistemas” (sic) y asociación. La decisión fue cuestionada en un comunicado conjunto de 7 países de la región (Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay), Chile, Perú, España, Estados Unidos,  Brasil y Colombia en comunicado conjunto, Ecuador, Canadá y Argentina. La medida fue calificada por Juan Diego Quesada, corresponsal de la región andina del diario español El País, como “Un paso gigantesco del chavismo hacia su ruptura con la comunidad internacional”. Celso Amorim, asesor especial de la Presidencia de Brasil, dijo que si el gobierno de Nicolás Maduro decide avanzar con el arresto de González Urrutia “sería un arresto político, y nosotros no aceptamos prisioneros políticos”. Al cierre del presente boletín Edmundo González no había sido detenido.

El 03.09.24 la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó su preocupación por la existencia de un “clima de miedo” en el país. Una comunicación similar emitieron diferentes expertos independientes de la ONU. Ese mismo día un grupo de organizaciones, bajo la denominación “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”, divulgaron el informe “Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela”. El documento concluye que las actuaciones de las autoridades ratifican que en Venezuela se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma; Que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como “Terrorismo de Estado”; Que la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos. Finalmente, aunque la voluntad popular hubiera sido reconocida por las actuales autoridades, las continuas barreras erigidas en el proceso electoral, de forma generalizada y sistemática, obstaculizando el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, igualmente hubieran impedido calificar al proceso electoral como “libre” y “justo”. Otro informe fue divulgado por Human Rights Watch, focalizado en los asesinatos en manifestaciones.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA Y LOS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS?

Para el miércoles 04.09.24 se anunció la realización de una reunión entre los presidentes de Colombia, Brasil y México con Nicolás Maduro, una conversación que ha venido siendo postergada. Declaraciones del presidente Lula da Silva, “Quiero cuidar de Brasil. Maduro se encarga de allá. Él (Maduro) carga con las consecuencias de su gesto. Y afronto las consecuencias de mi gesto”, sugieren que la incidencia conjunta entre Colombia y Brasil ha venido perdiendo eficacia. A la par, declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador no ayudan a fortalecer la iniciativa diplomática.

Según una lista oficialista 57 países habrían reconocido la victoria de Nicolás Maduro. Argentina, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Uruguay dan como válidos los resultados que darían la victoria a Edmundo González Urrutia. Otros países, como la Unión Europea, Brasil y Colombia, mantienen la exigencia sobre la publicación detallada de los resultados, sin reconocer ninguna opción como la triunfadora. Se conoció, extraoficialmente, que el gobierno de Estados Unidos promovería sanciones individuales contra miembros de la autoridad electoral, el máximo tribunal de Venezuela, la Asamblea Nacional y las policías de inteligencia y de inteligencia militar.

El próximo hito político ocurrirá el próximo 10 de enero de 2025, cuando el nuevo mandatario asuma oficialmente el período presidencial de 6 años. Nicolás Maduro necesita llegar a esa fecha con una oposición fragmentada, atemorizada y en la clandestinidad. Es posible que continúe postergando conversaciones formales con Brasil, Colombia y México hasta después del 1 de octubre, luego que Claudia Sheinbaum asuma como presidenta del país azteca. Maduro anunció que institucionalmente la navidad comenzará en Venezuela el 01.10.24, uso político cuestionado por la Conferencia Episcopal Venezolana. Por su parte Horacio Velutini, presidente de la Bolsa de Valores de Caracas, expresó “El sector empresarial venezolano busca estabilidad y no más sanciones”, lo que sugiere la posibilidad de una ofensiva normalizante de la situación a través una alianza entre el gobierno y los empresarios para los últimos meses del año. Otra posibilidad es la electoralización temprana del año 2025.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS?

• Las organizaciones de sociedad civil deben comenzar a preparar masa crítica, mediante una postura consensuada, sobre el acto de toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero de 2025.    
• Los grupos de derechos humanos deben inventar y divulgar estrategias narrativas novedosas para mantener la atención de la comunidad internacional sobre Venezuela durante los últimos meses del año, incidiendo para la inclusión de la situación de la democracia en todos los espacios regionales de sociedad civil.
• El trabajo de documentación de las violaciones de derechos humanos se debe mantener a pesar de las difíciles circunstancias atravesadas por los y las activistas. Su principal destinatario, en estos momentos, son los organismos internacionales de protección a los derechos humanos.
• Se debe sensibilizar a la comunidad regional, incluyendo a las propias organizaciones latinoamericanas de sociedad civil, sobre el nuevo flujo migratorio que incluye a activistas y víctimas de violación de derechos humanos.