Comunidad internacional reacciona al fraude electoral

Número 16

4–7 minutos

El 14.08.24 el Panel de Expertos Electorales de Naciones Unidos hicieron público un reporte preliminar que ratificó las graves irregularidades ocurridas en las elecciones del 28J: “El proceso de gestión de resultados del CNE no cumplió las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar unas elecciones creíbles (…) Según la experiencia del Panel, el anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas”. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, celebró su difusión. Junto al Centro Carter, que realizó un diagnóstico similar, constituían los dos entes de observación electoral con mayor capacidad técnica invitados por las autoridades venezolanas. El Ejecutivo calificó el reporte como “acto de propaganda que sirve a los intereses de la ultraderecha golpista”.
  
El 16.08.24 se emitió un comunicado suscrito por 21 países más la Unión Europea en el que exigen el respeto a los derechos humanos, la publicación de las actas originales, verificación imparcial e independiente de los resultados, regreso de la oficina del Alto Comisionado para los DD.HH a Venezuela, cumplimiento de la Convención de Caracas para la emisión de los salvoconductos a los asilados en la Embajada Argentina y una solución negociada. Ese día la OEA aprobó una resolución por consenso que también exigía publicación de los resultados a nivel de cada mesa electoral y su verificación imparcial para garantizar la transparencia, credibilidad y legitimidad del proceso electoralMientras se busca un mecanismo político de resolución de la crisis, la situación de derechos humanos continúa siendo apremiante. Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresó que el clima de miedo aumentaba debido a las continuas detenciones arbitrarias y al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los cuerpos del orden público. Consideró preocupante que “se detenga, acuse o impute a tantas personas por incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó las actuaciones de las autoridades como “Terrorismo de Estado”, registrando como patrones de violación de DDHH uso arbitrario de la fuerza; Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas; Persecución judicial y hostigamiento; Censura y restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y Obstáculos a la labor de defensa de derechos humanos.

Para el 18.08.24 según datos del Foro Penal se habían verificado 1.503 detenciones, de los cuales 129 eran adolescentes, 14 indígenas, 18 personas con discapacidad y 200 mujeres. Monitor de Víctimas ha contabilizado 23 asesinados mientras Justicia, Encuentro y Perdón ha contado 24 fallecidos en el contexto de manifestaciones. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que por lo menos 40 trabajadores de Venezolana de Televisión (VTV) y Radio Nacional de Venezuela (RNV) habrían sido despedidos por colocar “like” a mensajes opositores o escribir “fraude” en sus publicaciones de WhatsApp.

El 08.08.24 Nicolás Maduro ordenó el bloqueo de la red social X (Twitter) por 10 días. A partir de ese momento se obstaculizó el acceso a Signal, Reddit, X, Microsoft.com, Statista, Proton VPN, Binance, Mercado Libre, Windscribe, La Prensa de Lara, Disney-plus.net, Cloudfont.com, y Max. EL Colegio Nacional de Periodistas rechazó el incremento de la censura luego del 28J. El 15 de agosto fue aprobada por la Asamblea Nacional la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro. Se anunció que el Proyecto de Ley Contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares iniciaría su consulta pública. Luego que el alcalde del municipio Torres (Carora) en el estado Lara pasara a la clandestinidad por la persecución en su contra, el 17.08.24 fue juramentada Lasmit Verde (concejal por el PSUV) como nueva alcaldesa del municipio.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, a través de su perfil X (Twitter) propuso una ruta para la solución del conflicto: a) Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela; b) Amnistía general nacional e internacional; c) Garantías totales a la acción política; d) Gobierno de cohabitación transitorio y e) Nuevas elecciones libres. “De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo”, agregó. Posteriormente, en una entrevista de radio el presidente brasilero Lula da Silva ratificó la propuesta, sugiriendo como salidas la formación de un Gobierno de coalición o la celebración de nuevas elecciones. Agregó que Nicolás Maduro “sabe que está debiendo una explicación a todo el mundo”. Luego de una confusión, el presidente estadounidense Joe Biden aclaró que no apoyaba la propuesta de repetición de elecciones. “Cada presidente sabe qué hacer con sus asuntos internos» respondió Nicolás Maduro, mientras que María Corina Machado la calificó como “falta de respeto”. Otro que cuestionó la sugerencia fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, alejándose de la iniciativa diplomática que venían liderizando Brasil y Colombia.

El hecho que las propuestas hayan sido divulgadas públicamente, en entrevistas y redes sociales, sugieren que no existe una mediación activa con comunicación fluida con los actores venezolanos por parte de Brasil y Colombia. Por otra parte, tanto el posible alejamiento de México como las controversias con Estados Unidos debilitarán la iniciativa. La comunidad internacional necesitará de reinventar, con agilidad, mecanismos de gestión diplomática de crisis como la venezolana. El 17.08.24 venezolanos realizaron un centenar de manifestaciones en diferentes ciudades del mundo para mantener la atención de la comunidad internacional en el conflicto.

  • Luego del 28-J la situación objetiva y subjetiva del país se ha modificado. Es importante comprender las transformaciones de contexto para que, tras un diagnóstico adecuado y certero, se puedan tomar las mejores decisiones.  
  • Luego de la aprobación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro, las iniciativas asociativas del país deben decidir si se adaptarán o no a la norma, así como las condiciones de su actuación bajo su vigencia. La amenaza común pudiera ser una oportunidad para crear una articulación más vigorosa entre los diferentes componentes de la sociedad civil.
  • Las organizaciones de sociedad civil deben continuar sumando masa crítica a la solicitud internacional sobre la publicación detallada, mesa por mesa, de los resultados electorales, así como la necesidad de verificación internacional calificada de cualquier anuncio realizado por las autoridades sobre ese aspecto.

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