Gobierno revoca invitación a UE para observación electoral

Número 11

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El 28.05.24 el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un comunicado en el que indicó que como respuesta a la ratificación de sanciones “coercitivas, unilaterales y genocidas” contra el pueblo de Venezuela “revoca y deja sin efecto la invitación que extendió a la Unión Europea para que participar a través de una Misión de Veeduría Electoral, en la elección del cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”. Al día siguiente, en un nuevo pronunciamiento, el CNE reiteró: “ratifica que mientras la Unión Europea no levante la totalidad de las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas (…) no será grata su presencia en ningún proceso electoral que se celebre en la República Bolivariana de Venezuela”. Ese día la Unión Europea (UE) respondió a un medio de comunicación que sus medidas restrictivas «no afectan al pueblo venezolano, ni a la economía venezolana, incluidos los servicios y bienes públicos». La UE recordó que las medidas se dirigen exclusivamente a una “lista limitada de personas responsables de violaciones de los DDHH y de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela”. Asimismo, impone un embargo al suministro de armas y a equipos que pueden utilizarse para la represión interna. 

Aunque la UE da por perdida la Misión para observar elecciones en Venezuela, diferentes sectores han reaccionado y solicitado a Miraflores reconsiderar la decisión. España lamentó la retirada de la invitación; El presidente brasilero Lula da Silva se comunicó telefónicamente con Nicolás Maduro, donde “resaltó la importancia de contar con una amplia participación de observadores internacionales”. Por su parte el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero expresó: “Hay que intentar que en Venezuela haya para el día 28 de julio la mayor presencia de instituciones, tanto públicas como privadas internacionales, y que tenemos que abogar por que se intente una negociación para que la Unión Europea pueda estar”. Laboratorio de Paz emitió un comunicado para expresar que la falta de observación técnica de los comicios pudiera afectar su legitimidad.

La calidad de la posible observación internacional para las elecciones será una de las diatribas de los próximos días. Brasil y Colombia aclararon que no enviarían observadores. Naciones Unidas aún estaría evaluando la invitación del organismo electoral venezolano, recordando que su panel de expertos “No emiten declaraciones que evalúen la conducta general de los procesos electorales o sus resultados. Informan al secretario general y se comunican con las autoridades electorales y otras partes interesadas”. Por otra parte el rector del CNE Conrado Pérez Briceño aseguró en una entrevista que el Centro Carter participaría en el proceso, aunque no hay confirmación aún por parte de este organismo. Si el gobierno concreta un tipo de observación basada en entes que no hagan un informe público ni emitan recomendaciones, basada en la figura de “acompañantes”, aumentará la desconfianza en el proceso electoral.

Durante un acto público el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, pero también coordinador nacional de la campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, instó a la oposición a firmar un acuerdo para reconocer los resultados de los comicios del 28-J. «Los reto a ir al Consejo Nacional Electoral (CNE) a firmar un papel en donde todos nos comprometemos a reconocer los resultados. Yo estoy listo, Maduro está listo, ¿y ellos?”, preguntó. La propuesta del funcionario de suscribir un nuevo acuerdo sobre este punto solaparía lo expresado en el Acuerdo de Barbados, cuyo punto 12 expresa específicamente: “Reconocimiento público de los resultados de los comicios presidenciales”.

Las irregularidades presentes en la campaña siguen tensando la vigencia del Acuerdo de Barbados. Según datos levantados por Laboratorio de Paz la campaña del candidato Edmundo González ha visitado 13 estados del país, en los cuales 12 de ellos se registraron actos de retaliación. Asimismo, han ocurrido por lo menos 25 detenciones, la clausura de 9 establecimientos por ofrecer bienes y servicios a la campaña electoral, órdenes de cierre temporal de al menos 35 locales en Quíbor, estado Lara, y la confiscación de un número indeterminado de bienes vinculados al trabajo y sustento de trabajadores y trabajadoras. 47 medios de comunicación digitales continúan bloqueados por los prestadores de servicios, mientras que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) ha cerrado 14 radioemisoras del país.

Eugenio Martínez, director de Votoscopio, señaló que en el Registro Electoral definitivo se modificó el nombre (completo o parcialmente) a 170 centros de votación, en los que votarán 158 mil electores. Esto pudiera generar confusión en los sufragantes. Adicionalmente el CNE eliminó 68 centros de votación (que implica que sus 6 mil electores fueron reubicados) y creó 8 nuevos centros de votación (en los cuales votarán 3.273 ciudadanos). El analista recomendó a la ciudadanía volver a verificar sus datos en el RE, confirmando el centro de votación y la dirección.


  • La Sociedad Civil debe colaborar en aumentar el costo político de la decisión de revocar la invitación a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, exigiendo públicamente dejar sin efecto esa decisión, en aras de aumentar la confiabilidad del proceso electoral.
  • Las organizaciones de derechos humanos deben incorporar en sus comunicaciones públicas y privadas la exigencia del cabal cumplimiento del Acuerdo de Barbados el cual incluye, entre otras garantías, el reconocimiento de los resultados.
  • Se debe mantener la incidencia en los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, así como en el cuerpo diplomático, sobre la necesidad de detener los patrones de persecución y hostigamiento detectados en la campaña electoral, uno de ellos las sanciones administrativas contra prestadores de bienes y servicios, recordando las palabras de la Relatoría Especial de Libertad de Asociación y Reunión: “Un proceso electoral en que se erigen barreras de forma generalizada y sistemática que obstaculizan el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación no puede decirse que sea libre ni justo y por lo tanto no puede considerarse que el resultado de ese proceso producto de la celebración de elecciones “genuinas”, como lo exige el derecho internacional”

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