Número 10
¿QUÉ HAY DE NUEVO?
El 24.04.24 la Unión Europea (UE) informó que consideraba que se daban las “condiciones democráticas mínimas” para enviar observadores electorales a Venezuela para los comicios de julio. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, estaría ultimando el acuerdo administrativo con las autoridades venezolanas sobre los detalles del despliegue de la misión. Europa Press reveló que “no hay oposición en el seno de la UE a desplegar observadores y defienden que la iniciativa puede facilitar la participación en las elecciones y evitar excesos de las autoridades venezolanas”. Según lo difundido España estaría liderando el esfuerzo diplomático como forma de facilitar el reencuentro democrático entre venezolanos, manteniendo la opinión que la UE debe ser “pragmática y poner de su parte para facilitar el despliegue de observadores”. Esta revelación ocurre días después que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, negara la posibilidad tras la decisión de la UE de suspender temporalmente sanciones sobre 4 personas, incluyendo Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral: “Con esa actitud racista, prepotente, grosera, insultante de la Unión Europea, se hace materialmente imposible por ilegal la invitación a una misión de observación electoral”.
Por otra parte, el 23.05.24 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó la resolución 01/2024 en la que reconoce a las personas observadoras electorales nacionales e internacionales como defensoras de derechos humanos. En su resolutiva la CIDH insta a los Estados a abstenerse de realizar acciones que interfieran arbitrariamente en la labor que realizan las personas observadoras, incluyendo represalias por sus actividades; Exhortar a los Estados a garantizar las condiciones propicias para la observación independiente e imparcial de las elecciones: seguridad, libre tránsito y la libertad de expresión de las personas observadoras; Llama a los Estados a asegurar la acreditación y registro oportuno para la observación electoral, así como el acceso a la información necesaria para hacer su trabajo y, finalmente, reafirma el deber de los Estados de proteger a las personas observadoras electorales frente a los riesgos de su labor, como agresiones, amenazas y otras formas de amedrentamiento. En otras decisiones del máximo órgano regional en DDHH, la CIDH otorgó medidas cautelares al abogado Joel García, en riesgo por su labor en defensa de presos políticos en Venezuela. Además, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresó preocupación por el incremento de hechos represivos contra periodistas y miembros de la sociedad civil en Venezuela.
¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA Y LOS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS?
El 15.05.24 la Unión Europea informó que, de los 130 millones de euros aprobados por la Comisión Europea para hacer frente a las consecuencias de los desastres naturales, 50 millones serían destinados a Venezuela. Una fuente vinculada al liderazgo partidista opositor informó a Laboratorio de Paz que las conversaciones entre el gobierno venezolano y sus interlocutores internacionales (Estados Unidos y la Unión Europea) se han mantenido. En su opinión, la existencia de estas negociaciones ha permitido la realización de la campaña del candidato Edmundo González por diferentes partes del país. Además, han ralentizado la aprobación de leyes restrictivas por parte de la Asamblea Nacional. El 21.05.24 la Asamblea Nacional aprobó, en segunda discusión, nueve artículos del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines.
A pesar que la intermediación de la comunidad internacional ha servido como elemento disuasorio frente al abuso de poderr la situación de derechos humanos es deplorable. Durante el año 2024 han ocurrido 24 detenciones arbitrarias contra liderazgos políticos y sociales; 10 detenciones arbitrarias a personas por ejercer su derecho de libertad de expresión; 13 estaciones de radio han sido cerradas; 7 establecimientos sancionados por prestar servicios a la campaña del candidato Edmundo González y 47 medios de comunicación siguen bloqueados para su consulta por los proveedores de servicios de internet. Recordando los estándares sobre libertad de asociación y reunión de Naciones Unidas, Laboratorio de Paz alertó que de mantenerse obstáculos existentes no se pudiera calificar a las elecciones del 28J en Venezuela como “libres” y “justas”.
La Alianza de Familiares de Víctimas en Venezuela (Alfavic-Venezuela) divulgó, el 17.05.24, un comunicado en el que afirmaron que “Todo proceso de Paz debe pasar por un proceso de Justicia, para que exista sustentabilidad, reconciliación y garantías de No repetición en el país”. El texto es un aporte al debate sobre cuáles deberías ser las condiciones que hagan viable una transición en el país. El 20.05.24 la CIDH emitió un comunicado titulado “Venezuela debe combatir la impunidad por graves violaciones de derechos humanos”, en el que indicaba: “Un compromiso genuino en la lucha contra la impunidad exige que el Estado adopte medidas inmediatas para restablecer la separación e independencia del Ministerio Público, del sistema de justicia en general y de los demás poderes públicos”.
¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS?
- La Sociedad Civil debe ratificar la necesidad de la presencia de misiones de observación electoral independientes y con criterios técnicos, que aumenten la confiabilidad en los comicios del 28-J
- ONG de derechos humanos deben mantenerse en alerta ante la posibilidad de aprobación de leyes restrictivas a la libertad de asociación y reunión, tales como las propuestas de “Ley de Fiscalización…” y “Ley contra el fascismo”, divulgando sus aspectos negativos a la comunidad internacional, incluyendo los gobiernos de Colombia y Brasil.
- Organizaciones de derechos humanos, junto a comités de víctimas de la represión, deben participar en el debate público sobre las condiciones necesarias para la transición, resaltando la necesidad de la reforma del sistema de administración de justicia, así como las investigaciones y sanciones por violaciones de derechos humanos.
Laboratorio de Paz 