Oposición promueve candidatura de Edmundo González

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¿QUÉ HAY DE NUEVO?

El 19.04.24, luego de días de conversación, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) divulgó que habían consensuado la selección de Edmundo González Urrutia como su candidato presidencial, una decisión que el presidente brasileño Lula calificó como “extraordinaria”. Luego de diferentes obstáculos, los partidos UNT y MPV lograron formalizar su sustitución ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En otros movimientos Copei (intervenido) y Derecha Democrática Popular (DDP) apoyaron al candidato Luis Eduardo Martínez, de AD (intervenida), mientras que Fuerza Vecinal terminó apoyando a Antonio Ecarri. Esta última decisión generó desafecciones en la organización partidista. Enrique Márquez anunció que mantendría su candidatura por el partido Centrados. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó la sentencia 0207, de fecha 22.04.24, en la que intervenía el partido Primero Justicia e imponía una Junta Directiva ad hoc a favor de José Brito.

 De manera extraoficial, como se ha convertido en la norma de la institución, el CNE informó el 17.04.24 que, de manera preliminar, se habían registrado 604.964 nuevos votantes, además de 847.999 cambios de residencia. La organización Voto Joven divulgó que había logrado inscribir a 4.109 nuevos votantes en el Registro Electoral. El  CNE presentó, el 25.04.24 un plan de 16 auditorías, indicando que 12 de ellas se realizarían de manera previa al día de votación, una durante la jornada y tres posteriores a la elección. 

El 17.04.24 el Ministerio Público informó que el coronel Marino Lugo Aguilar, ex director de mercado de PDVSA y quien había sido detenido por el caso “Pdvsa-Cripto”, había fallecido en custodia por supuesto ahorcamiento. Otras dos personas acusadas de actos de corrupción, Juan Almeida y Leoner Azuaje, también han perdido la vida privados de libertad, repitiéndose como versión oficial el suicido.

Del 22 al 24 de abril Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, realizó una visita a Venezuela, en donde anunció que en las siguientes tres semanas se abriría una oficina técnica en Caracas. Como parte de los acuerdos de trabajo, Khan le solicitó a Nicolás Maduro invitar a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) regresar a Venezuela. En consecuencia Maduro anunció el 24.04.24: “Superemos las diferencias, el conflicto que tuvimos y estoy preparado para recibir al enviado de (el alto comisionado), Volker Türk”.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA Y LOS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS?

El 18.04.24 luego de una reunión entre Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula da Silva, en Bogotá, el primer mandatario colombiano declaró que había compartido con su homólogo una propuesta que había sido “que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan, que garantice un pacto democrático, para cualquiera que pierda, certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país”. El gobierno no ha tenido mayores reacciones públicas a la propuesta. Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional, expresó: “tienen que pedir eso a la oposición, el presidente de la paz es Nicolás Maduro”. Por su parte María Corina Machado consideró que la propuesta “amerita reflexión y discusión”, pero que “no es una figura que está en la Constitución venezolana”. Como la vigencia de los derechos humanos no puede someterse a un plebiscito, la propuesta de Petro sugiere dos hipótesis: 1) Están previendo la posibilidad que Nicolás Maduro no sea reelecto y 2) En consecuencia, promueven condiciones para disminuir los costos de su salida. La propuesta coloca en el debate público las posibles condiciones políticas que pudieran viabilizar una transición a la democracia.

La Contraloría General de la República informó, con un documento fechado del 16.04.24, que inhabilitó por 15 años a los dirigentes opositores Josy Fernández, Tomás Guanipa, Carlos Ocariz y Elías Sayegh, sumando así 9 inhabilitaciones acumuladas en el 2024. La decisión fue rechazada por la PUD y la Delegación de la Plataforma Unitaria para la Negociación, quien exigió “la restitución de los derechos políticos de todos los inhabilitados, el cese de la persecución y criminalización de la política y el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Barbados”.

El 17.04.24 el Departamento de Estado de EEUU aseguró que debido a que no se “han cumplido plenamente los compromisos asumidos en el marco del acuerdo de hoja de ruta electoral (…) la Licencia General 44, que autoriza transacciones relacionadas con operaciones del sector de petróleo o gas en Venezuela, concluirá su vigencia el día 18 de abril”. Sin embargo, al anunciar que analizarían solicitudes de licencias específicas, mantienen una ventana abierta para la negociación política. Esto fue ratificado por Francisco Palmieri, jefe de la misión de EEUU para Venezuela, quien expresó que el anuncio no debe verse como una “decisión definitiva”.

El 27.04.24 fue detenido Oscar Castañeda, un trabajador agrícola de 34 años que el 24.04.24 había participado en la concentración de María Corina Machado realizada en Turén, estado Portuguesa. Luego fueron detenidas Ámbar Márquez, vicepresidenta de organización de Primero Justicia y Victor Castillo, coordinador de Vente Venezuela, ambos del municipio Santa Rosalía. Anteriormente otros 7 jefes de campaña regionales de VV se encuentran privados de libertad, sumado a la privación de libertad del periodista y líder social Carlos Julio Rojas, lo que vulnera el punto 5 del Acuerdo de Barbados, sobre la “Promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo”. En contraste, el 28.04.24 el canal de señal abierta Venevisión transmitió una entrevista con el candidato Edmundo González, lo que cumpliría el punto 9 del acuerdo, relativo al acceso igualitario de los candidatos en los medios de comunicación.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS?

• Las organizaciones de sociedad civil (OSC) deben promover la presencia de organismos internacionales para la observación de las elecciones, independientes y con protocolos técnicos, incluyendo el potencial regreso de los oficiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
• Las detenciones en Portuguesa ocurren luego del primer acto proselitista a favor del candidato Edmundo González, lo que pudiera influir en el resto de la campaña. Para evitar la “normalización” de las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas, se debe mantener la campaña de denuncia y visibilización por redes sociales.
• Desde una perspectiva de derechos humanos, se debe participar en el debate público sobre qué tipo de garantías deben ofrecerse al actual oficialismo para que permita una transición a la democracia en el país.