Hoy 9 de marzo de 2024 la defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, cumple 1 mes privada de libertad, aumentando la lista de personas privadas por razones políticas en Venezuela. Rocío ha sido imputada de los supuestos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, vinculándola ha llamado plan “brazalete blanco” al cual también han sido relacionados la defensora de derechos humanos Tamara Sujú y la periodista Sebastiana Barraez, en un nuevo ciclo represivo y de cierre del espacio cívico en el país, antesala de un proceso electoral.
El caso de Rocío San Miguel es emblemático de las irregularidades presentes en el sistema de administración de justicia, que afectan a todos los venezolanos y venezolanas por igual. Víctima de desaparición forzada en los primeros días de su detención, no fue trasladada a un tribunal en las 48 horas siguientes reglamentarias. El impedimento de ser defendida por los abogados de su confianza, que un mes después siguen sin ser reconocidos por el tribunal, es una violación a su derecho al debido proceso. Calificaciones vertidas sobre su caso por altas autoridades también han violado su presunción de inocencia. Sus familiares y abogados no han podido verla, salvo su hija por breves períodos de tiempo, lo que también ignora el régimen de visitas que debería tener toda persona privada de libertad. No obstante, estas violaciones al debido proceso se han transformado en la normalidad de una Venezuela sin institucionalidad democrática y en emergencia humanitaria compleja, de las cuales son víctimas todas las personas del país que sufren violaciones de derechos humanos o acusadas de haber cometido un delito.
La ausencia de un real sistema de administración de justicia en Venezuela, que investigue y sancione los actos anómalos cometidos, incluyendo graves violaciones y delitos contra la humanidad, ha motivado la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI). La oficina de la Fiscalía de la CPI ha acordado un memorando de entendimiento con las autoridades que incluye la reforma del sistema de justicia. Por otro lado, la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado que juezas, jueces y fiscales han desempañado un papel directo en detenciones arbitrarias, en los retrasos procesales, en la privación de las personas detenidas de su derecho a una defensa legal efectiva, “perpetuando la impunidad de los crímenes cometidos”. Como ha evidenciado el caso de Rocío San Miguel y otros presos y presas políticas acusados, la Misión de la ONU ha señalado que “Son especialmente prevalentes las irregularidades en casos presentados ante juzgados y tribunales con competencia especializada en materia de terrorismo”. Además, ha concluido que “en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos, el sistema de justicia ha jugado un rol destacado en la represión del Estado contra las opositoras y los opositores al Gobierno”.
Desde el Laboratorio de Paz exigimos la inmediata liberación de Rocío San Miguel y del resto de los presos políticos, como el también defensor de DDHH Javier Tarazona. Además, reclamamos el cumplimiento del debido proceso y el derecho a la defensa, según lo estipulado en la Constitución y en la normativa legal venezolana, para todos los venezolanos y venezolanas.
Laboratorio de Paz 