La Expulsión del ACNUDH y su Impacto en el Proceso Electoral

---

¿QUÉ HAY DE NUEVO?

El 15.02.24 el canciller venezolano Yvan Gil anunció la decisión gubernamental de “suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela (ACNUDH) y realizar una revisión integral de los términos de cooperación”. Por ello le exigieron a su personal que abandonaran el país en las siguientes 72 horas, hasta tanto “rectifiquen públicamente”. No obstante, aseguraron que reiteraban “su voluntad de seguir cooperando con los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos”. El anuncio fue una reacción a un mensaje del ACNUDH: “Seguimos con profunda preocupación la detención de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel. Su paradero sigue siendo desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada. Instamos a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal”.

La reacción oficial al tuit es desproporcionada. No es la primera vez que ACNUDH señala graves violaciones a derechos humanos en Venezuela. En el año 2019 un informe sobre Venezuela denunció torturas y desapariciones forzadas. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue política. Meses después ambos sectores firmaron un memorando de entendimiento. Dos razones pueden explicar esta sensibilidad. La primera los resultados de la visita de Michael Fakhri, relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación, que estuvo 14 días en el país precisamente en el marco del acuerdo de trabajo con ACNUDH. Fakhri estableció que había 82% de pobreza y 53% de pobreza extrema. A pesar de solicitar el levantamiento de sanciones, lo que agrada a las autoridades, calificó a las políticas públicas como “caridad” y “susceptibles al clientelismo político”. Estas visitas solo son posibles por invitación gubernamental, y en el pasado se había permitido el ingreso a relatores que habían fortalecido, y no debilitado, la narrativa oficial.

Una segunda motivación pudiera ser la inminente apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, como consecuencia de la firma de un memorando de entendimiento con las autoridades en noviembre de 2021. Por ello la alarma, en estos momentos, en la denuncia sobre desaparición forzosa, uno de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma. Aunque las desapariciones forzosas y los regímenes de incomunicación se han convertido en un patrón de actuación en casos de detenciones por razones políticas, el alto perfil de Rocío San Miguel hizo que el abuso de poder en su contra trascendiera internacionalmente. En días pasados el Ministerio Público ordenó la detención de la periodista Sebastiana Barráez y la defensora de DDHH Tamara Sujú, vinculándolas al llamado caso “brazalete blanco”. Un elemento común de estas tres mujeres es que usan como fuente de información privilegiada a las Fuerzas Armadas.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA Y LOS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS?

La detención de activistas políticos acusados de supuestos planes para asesinar a Nicolás Maduro, las condiciones de reclusión de Rocío San Miguel y la expulsión del ACNUDH de Venezuela vulnera lo establecido en el Acuerdo de Barbados (AB). El punto 3, numeral 5, del “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos” se establece la “Promoción de un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico”. El 25.01.24 las autoridades se levantaron de la Mesa de Negociación y Acuerdos luego de denunciar los supuestos planes de magnicidio. Estaría por verse si esta investigación involucra a otros líderes políticos o sociales del país. Es de resaltar, el gobierno no ha expresado que da por muerto aún lo suscrito en Bridgetown.

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, había anunciado que para el 05.02.24 entregaría una propuesta de cronograma electoral al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que en caso de cumplirse violaría lo establecido en el AB: “Las garantías electorales (…) serán promovidas conjuntamente por las Partes”. El 14.02.24 la AN realizó la Gran Jornada de Diálogo Nacional para la Elaboración del Calendario de los Comicios Presidenciales 2024, donde Rodríguez indicó que “se tendrá un primer borrador de la propuesta de cronograma electoral, que será presentado en los próximos días ante el CNE”. Sin embargo, horas después el propio funcionario negó que existiese, todavía, alguna sugerencia concreta. La falta de cumplimiento de sus propios plazos sugiere que la iniciativa pretende dividir la frágil unidad opositora en torno a María Corina Machado y poner a prueba la tolerancia de la Plataforma Unitaria, para que sean estos los que den por finalizado lo convenido en el AB. Es previsible que las próximas semanas sean objeto de tensiones y negociaciones para intentar volver a sentar las partes en la Mesa de Negociación y Acuerdos.

La expulsión del ACNUDH, por otra parte, refleja un viraje táctico de la estrategia de Miraflores frente a la comunidad internacional. Durante varios años invirtieron mucho dinero y esfuerzo en usar a su favor el Sistema Universal de DDHH, mostrando su relación de trabajo con el ACNUDH como una muestra de los avances en la materia. Esto insinúa que comienza a priorizarse el frente interno sobre la opinión pública internacional, inclusive la de sus propios aliados en la región.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS?

• Mantener y reforzar la incidencia por la renovación y ampliación de los mecanismos de monitoreo y supervisión internacionales sobre derechos humanos, puntualmente la ratificación del acuerdo de trabajo tanto del ACNUDH como de la CPI con Venezuela, así como la renovación de la Misión Independiente de Determinación de Hechos.
• Las organizaciones de sociedad civil deben prepararse y reagruparse para continuar operando en el país en condiciones de mayor restricción del espacio cívico.
• La detención de Rocío San Miguel y la expulsión del ACNUDH evidenció preocupaciones en algunos voceros del oficialismo. Esto puede ser debido al malestar interno en diferentes sectores del oficialismo. Debemos enviar mensajes y tender puentes con estos grupos para sumar esfuerzos por la transición a la democracia, en la que ellos puedan ejercer sin discriminación sus derechos políticos y mantener su identidad ideológica.
• La visibilidad del caso Rocío San Miguel, y la campaña por su liberación, permite evidenciar los patrones de violación al derecho a la justicia y al debido proceso, reiterando que afecta a todas las personas, incluyendo a los militantes del oficialismo perseguidos por sus opiniones y denuncias.