Venezuela en la Encrucijada: Cronograma Electoral y Desafíos Políticos

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¿QUÉ HAY DE NUEVO?

El 30.01.24 el presidente de la Asamblea Nacional convocó a un “encuentro nacional” para el 5 de febrero de 2024 con el fin de elaborar el cronograma electoral para los próximos comicios presidenciales. Horas después aclaró que la reunión tendría como objetivo elaborar una propuesta a ser entregada al Consejo Nacional Electoral (CNE). Este anunció ocurrió luego que Rodríguez denunciara 5 conspiraciones organizadas en el año 2023, para asesinar a varios altos funcionarios, incluyendo a Nicolás Maduro. El jefe de Estado declaró que los Acuerdos de Barbados se encontraban en “terapia intensiva”, un día después que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificara las inhabilitaciones de Henrique Capriles y María Corina Machado.

Cuando parecía que la Mesa de Negociación y Acuerdos entraría en una pausa, el lunes 29 de enero Rodríguez realizó una rueda de prensa para informar que, en respuesta a una comunicación del 24 de enero de la delegación de Noruega, el Gobierno Bolivariano estaba listo para conformar e instalar la Comisión de Verificación y Seguimiento de los Acuerdos de Barbados. Un día después el Departamento de Estado de EEUU divulgó un comunicado donde afirmaba que las acciones de Miraflores eran inconsistentes con lo firmado en dicho acuerdo, por lo que no renovaría la Licencia General 44, que brindaba alivios al petróleo y gas venezolano, cuando expirara el 18 de abril de 2024. Horas después John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad EEUU, ratificó la fecha de abril para que las autoridades venezolanas “tomaran las decisiones correctas”. Luego de responder de manera destemplada, fue ele momento en que Rodríguez hizo la convocatoria a la elaboración del cronograma electoral.

La inhabilitación de María Corina Machado, quien resultó ganadora en las elecciones primarias de la oposición, fue rechazada por la OEA, la Unión Europea, Reino Unido, Francia, Japón, Uruguay, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Chile, WOLA, así como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Human Rights Watch ha divulgado una carta abierta al presidente colombiano, Gustavo Petro, donde le piden que exprese públicamente su preocupación por la situación venezolana. Por su parte, La Plataforma Unitaria y María Corina Machado rechazaron la convocatoria a la reunión del 5 de febrero.

¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA Y LOS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS?

No existe un lapso determinado por la ley sobre el tiempo que debería transcurrir para la organización de elecciones en Venezuela. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) ha expresado que “Más que apuntar con rigidez los lapsos de las distintas etapas, -señalamos- la trascendencia de algunas fases y los riesgos o deficiencias en las que podría incurrirse si se atropellan los tiempos”. En su informe sobre las elecciones regionales y municipales de 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) registró que ese proceso comicial había durado 5 meses, desde la publicación del cronograma hasta los comicios. Durante ese lapso el CNE elaboró 16 auditorías diferentes, y la actualización del registro electoral se realizó en 45 días. La elección de candidatos comprendió tres fases y la campaña electoral había durado 1 mes.

Aunque en el 2018 el CNE organizó un proceso electoral presidencial en tres meses, el lapso más corto en América Latina, si las autoridades comiciales deciden convocar a elecciones a partir del 1 de julio de 2024, formalmente el gobierno estaría cumpliendo con lo establecido en el “Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos” suscrito en Barbados. Sin embargo, el propio acuerdo es explícito en establecer que las partes promoverían, de manera conjunta, las garantías electorales ante el CNE (Párrafos segundo y tercero).

Por parte de las autoridades, anunciar una fecha decidida de manera unilateral tendría varios objetivos. El primero sería intentar que la incipiente cohesión alrededor del liderazgo político surgido de las elecciones primarias se debilitara. El segundo, erosionar la expectativa de un sector de la población en la posibilidad que el liderazgo político opositor pueda viabilizar un cambio a corto plazo. El tercero es generar desconfianza en el propio proceso electoral, para estimular la inhibición del voto en contra. Además, trasladar el foco de la opinión pública internacional de las inhabilitaciones a la fecha de la elección. No obstante, es una apuesta riesgosa para la continuidad del gobierno. El comportamiento electoral evidenciado en las primarias y el referendo esequibo genera dudas sobre el tamaño del actual “voto duro” del oficialismo. La falta de recursos, que se esperaban por la flexibilización de las sanciones, les impediría realizar una campaña electoral basada en el reparto clientelar de beneficios, reconectando así con sus tradicionales votantes. Finalmente, un tiempo corto limitaría decisiones de marketing político, que le permitieran atraer el voto del chavismo descontento y los indecisos.

El gobierno puede estar testeando la paciencia y estrategia de la oposición para mantenerse dentro del marco de los acuerdos. Anunciar de manera unilateral una fecha electoral, especialmente si es para antes del mes de julio, pudiera generar una paralización del proceso de negociación y generar nuevos dilemas políticos a sus contrarios.

¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS?

• Exigir que cualquier cronograma electoral anunciado respete los lapsos y procesos necesarios para la realización de un evento comicial creíble.
• Promover y difundir el “Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos” suscrito a Barbados, exigiendo el respeto a lo pactado. Asimismo, exigir la creación y actuación de la “Comisión de Verificación y Seguimiento de los Acuerdos”, con una metodología e indicadores de cumplimiento públicos.
• Realizar y divulgar un trabajo de documentación propia sobre las actuaciones de los diferentes actores políticos que puedan calificarse como violación de los Acuerdos de Barbados.  
• Desarrollar una estrategia, junto a aliados regionales e internacionales, que logre un mayor involucramiento de los países de la región en la resolución del conflicto, especialmente los gobiernos de Brasil y Colombia.