¿QUÉ HAY DE NUEVO?
Durante la sesión ordinaria del pasado 9 de enero de 2024 el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ordenó retomar el proyecto de ley para la fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en Venezuela, tras casi un año de haber sido aprobada en primera discusión. Informó que el proceso de consulta pública se iniciaría el 12 de enero, aunque el texto a ser debatido no se encuentra disponible en ningún sitio web institucional.
La iniciativa generó reacciones de organizaciones sociales dentro y fuera del país. Según Acceso a la Justicia al menos 40 leyes y más de 136 artículos ya regulan la libertad de asociación en Venezuela, existiendo 16 registros que cumplir. 10 organizaciones internacionales, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), afirmaron que el proyecto “contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave amenaza para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC)”. En enero de 2023 la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas opinó que la aprobación de la ley “puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela” mientras que Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los DDHH expresó que compartía las preocupaciones respecto a la normativa y que había proporcionado “observaciones detalladas sobre esta cuestión a las autoridades”.
En Venezuela la elaboración de una ley amerita aprobaciones en dos discusiones en la Asamblea Nacional. Al no existir metodología ni cronograma del proceso de consulta de este proyecto, tampoco ha sido divulgada la fecha de la segunda discusión.
¿CÓMO PUEDE AFECTAR EL PROCESO ELECTORAL EN VENEZUELA Y LOS MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN Y ACUERDOS?
Durante la sesión inaugural del proceso de consultas en Caracas, la sala contó con la presencia de diferentes altos mandos de las Fuerzas Armadas, varios de ellos señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad. La aprobación de la normativa puede fortalecer la cohesión de Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas, como reacción a los informes de la Misión de la ONU y el proceso de investigación iniciado en la Corte Penal Internacional. Luego de los resultados de las elecciones primarias opositoras y la ausencia de participación en el referendo por la Guayana Esequiba, el liderazgo de Nicolás Maduro resultó severamente lesionado. Aunque logró posicionar el tema durante varias semanas en la conversación regional, obtuvo un importante revés diplomático al no lograr el apoyo de sus aliados internacionales. Ante la aparición de críticas internas, incluyendo la posibilidad que sea sustituido como candidato presidencial, Nicolás Maduro necesita ratificar su liderazgo dentro de una coalición oficialista que enfrenta su momento mas bajo de apoyo popular.
Ante el temor de seguir los pasos de Nicaragua, la aprobación de la ley pudiera debilitar la propia cohesión interna del conjunto de organizaciones sociales venezolanas, aumentando su fragmentación y dispersión.
La aprobación de la ley, que prohíbe “realizar actividades políticas”, inhibirá a diferentes gremios de participar en iniciativas por la exigencia de condiciones electorales que garanticen el derecho de participación de la ciudadanía. Por tanto debilitará las circunstancias en que la sociedad democrática pueda generar mecanismos de consenso para su participación en la contienda electoral. Dado que el “Acuerdo Parcial sobre la Promoción de Derechos Políticos y Garantías Electorales para Todos”, como parte de los llamados “Acuerdos de Barbados”, contempla la promoción de un “discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral”, esta normativa pudiera ser utilizada como argumento de incumplimiento por parte de la oposición, atenuando la legitimidad del acuerdo e incrementando las críticas a los negociadores.
La no aprobación o la no aplicación de la ley puede, potencialmente, ser puesta por Miraflores sobre la mesa de la negociación realizada con Estados Unidas para obtener concesiones políticas o económicas a cambio.
¿QUÉ PUEDE HACER LA SOCIEDAD CIVIL PARA MITIGAR LOS IMPACTOS NEGATIVOS?
- La aprobación de la normativa, a pesar de las críticas del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH (ACNUDH) y la asistencia técnica de sus funcionarios al gobierno venezolano, sugiere que su presencia en el país es insuficiente para detener el abuso de poder. Por tanto, es necesario mantener y fortalecer otros mecanismos de contención, como la actuación de la Misión Independiente de Determinación de Hechos, cuyo mandato debe ser renovado en septiembre de 2024. Ante esto, las autoridades venezolanas han realizado labores de incidencia para intentar demostrar que su cooperación con la ACNUDH es una evidencia de su voluntad de cooperación para la mejora de la situación, y que por tanto el trabajo de la Misión sería irrelevante. La sociedad civil debe iniciar labores de cabildeo para sumar los votos suficiones para la renovación de la Misión cuando se realice la discusión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
- La experiencia nicaraguense demuestra que la voluntad de restringir el derecho de libre asociación termina afectando a todas las organizaciones del país, independientemente de su perfil. Las asociaciones venezolanas deben prepararse para seguir laborando en situaciones de mayores restricciones administrativas, incluyendo la ilegalización.
La aprobación de una ley contra la libertad de asociación puede usarse para interpelar a los gobiernos regionales usualmente aliados del proyecto bolivariano, para que sumen sus voces a la demanda de elecciones libres y democráticas en el país. - Dada la crisis política y económica del país, antiguos militantes del proyecto bolivariano han creado asociaciones civiles que actualmente están siendo financiadas por la cooperación internacional. El enfrentamiento a una amenaza común pudiera servir para incorporarlos al movimiento por la recuperación de la democracia y el estado de derecho en Venezuela.
- Finalmente, la sociedad civil venezolana debe evitar que, las diferentes interpretaciones sobre la naturaleza y alcance de la normativa dinamiten los vínculos entre ellas. Y por tanto le impidan una acción concertada y común en el futuro.
Laboratorio de Paz 